Condenan a narcos y policías que cayeron tras la denuncia del padre de un joven adicto

Un hombre muy preocupado porque su hijo consumía marihuana, se presentó en la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay para pedir que se investigue al grupito con el que el joven se juntaba. Se inició una investigación que terminó, un año después, con la caída de una organización narco que actuaba con protección de policías provinciales, de la Federal y hasta agentes del Servicio Penitenciario, que distribuía y comerciaba drogas en varias ciudades.

Condenan a narcos y policías que cayeron tras la denuncia del padre de un joven adicto

El denunciante pidió mantener en reserva su identidad, pero contó todo lo que sabía: que su hijo era adicto a las drogas y consumía junto a un grupo de amigos que se hacían llamar La Vagancia, oriundos de la localidad de Basavilbaso. La Delegación de Toxicología de Uruguay comenzó con la pesquisa y a lo largo de la investigación se logró detectar, a través de escuchas telefónicas y tareas de inteligencia, el accionar de una aceitada organización delictiva integrada por varias personas que cumplían distintos roles y actividades: proveedores, guardadores, vendedores al menudeo y colaboradores.

Pero no era una banda cualquiera: la lideraba Carina Samiz, una mujer condenada por narcotraficante que estaba con arresto domiciliario, y su marido (fallecido) que estaba alojado en la Unidad Penal N° 4 de Concepción. Adquirían las drogas en Buenos Aires y Misiones y las vendían en Concepción, Basavilbaso y Rosario del Tala, así como dentro de la cárcel de La Histórica.

Tenían la especial colaboración de policías de la fuerza provincial, de la Federal, que participaban de la empresa criminal o los protegían de posibles allanamientos, y de agentes penitenciarias que facilitaban el ingreso de las sustancias al establecimiento carcelario. En la UP 4 parece haber un nido de corrupción difícil de erradicar, ya que es la segunda sentencia en poco tiempo que evidencia la complicidad de funcionarios.

Según surgió en la investigación, Diego Azcarate, oficial principal de la Policía de Entre Ríos, habría oficiado para el resguardo y transporte de la sustancia, y como asistente de los jefes. Maricel Edit Zarini, agente penitenciaria, facilitaba ingreso de droga en la Unidad Penal Nº 4. Cuando personal de Toxicología allanó la casa de ambos, hallaron ocho panes de marihuana, siete cebollines de cocaína, dos balanzas con vestigios de cocaína, envoltorios y recortes.

A su vez, Nancy Beatriz Romero, cabo de la Policía de Entre Ríos, que por entonces cumplía funciones en Unidad Penal 4, facilitaba la venta a su pareja y otros implicados. Oscar Anselmo Kindernetch, sargento de la Policía Federal de la Brigada de Drogas, brindaba protección a la organización y colaboraba con el transporte del tóxico hasta Basavilbaso, a cambio de sumas de dinero acordes a la función.

El juicio a la banda se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal de Concepción, integrado por los vocales Roberto López Arango, Mariela Rojas y Jorge Gallino, que por unanimidad condenó a los imputados por organización y financiamiento del tráfico de estupefacientes.

La pena más dura fue para Samiz, porque se le sumó la que ya estaba purgando en su casa mientras montó esta nueva empresa, situación que los jueces no le perdonaron: le impusieron 16 años y medio de prisión. Sus hijos Lara y Nicolás Demarco recibieron seis años de cárcel.

El oficial de PER, Azcarate, fue encontrado partícipe primario del delito y le aplicaron siete años de prisión. A Zarini la condenaron a seis años y ocho meses, y a Romero, a seis años. En tanto, el efectivo de la Federal, Kinderknecht, lo sentenciaron a cumplir siete años de encierro. También fueron condenados Gustavo Fimpel, de Tala, a 12 años de prisión, y el remisero Mario Almada, a seis años. Hubo dos absueltos: Leonardo José Povoroznik (policía provincial) y Manuel Horacio Machado.