Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Leonardo Premaries, Viviana Ghiggi y Carlos Sagasti accedieron al beneficio judicial que puso fin a su situación procesal en la causa ATER, un expediente que investiga maniobras de corrupción iniciadas hace más de una década. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Alejandro Grippo, Juan Malvasio y Mauricio Mayer, otorgó un sobreseimiento y dos suspensiones del juicio a prueba (probation), decisiones respaldadas por el Ministerio Público Fiscal.

A pesar de esto, aún hay contribuyentes que optan por ir a juicio junto a los empleados de ATER imputados en lugar de saldar sus deudas con el fisco y solicitar una probation. Los beneficiados por estas medidas enfrentaban cargos por participar en delitos de Defraudación a la Administración Pública, pero en todos los casos regularizaron previamente sus obligaciones tributarias con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

La audiencia en la que se resolvió el beneficio para los imputados se realizó el lunes. En la sala estuvieron los fiscales Patricia Yedro y Álvaro Piérola, mientras que la representación de los acusados estuvo a cargo de Leopoldo Lambrischini, Roberto Lerena y Julio Federik. De los tres acusados, sólo Sagasti siguió la audiencia de manera virtual desde Concordia.

En el caso del contribuyente Premaries, el tribunal dictó su sobreseimiento debido a que el ilícito original ascendía a 6.200 pesos, una cifra significativamente inferior al límite de 25.000 pesos que prescribe la norma para este tipo de acciones penales. No obstante, el imputado abonó una deuda actualizada de 56.000 pesos.

Por su parte, la comerciante Ghiggi accedió a una probation por un plazo de dos años. Como parte del acuerdo, deberá realizar una reparación económica de 150.000 pesos, pagaderos en tres cuotas consecutivas.

Finalmente, el contador Sagasti también recibió el beneficio de la probation por dos años. En su caso, el tribunal elevó la reparación simbólica al erario público a la suma de 560.000 pesos. Ambos beneficiarios de la suspensión del juicio a prueba deberán cumplir reglas de conducta y tendrán la obligación de informar al tribunal en caso de salir del país, un requisito aplicado bajo un criterio de igualdad con otros imputados en la misma causa.

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Una causa con más de una década

El expediente de la causa ATER está caratulado “Martínez, María Estrella-Gaggión, Abelardo Daniel y otros s/ defraudación a la Administración Pública”. La investigación se abrió tras una denuncia formulada por el exdirector ejecutivo del organismo recaudador, Marcelo Casaretto; a la que se le sumó otra de la exdiputada provincial del Frente Amplio Progresista, María Emma Bargagna; y del ahora exdiputado radical Jorge Monge.

El caso por operaciones de compensación truchas abarca un periodo que va desde enero de 2004 hasta la denuncia formulada en 2014. Los delitos investigados son, entre otros, la simulación dolosa de pagos, la adulteración dolosa de registros, la defraudación a la Administración Pública, y el cohecho activo y pasivo , es decir, dar o recibir un soborno.

La causa tuvo un capitulo relevante el 28 de diciembre de 2017, cuando la jueza de Transición Marina Barbagelata dictó el procesamiento a 128 personas, entre los que se encuentran ex empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), contadores y empresarios. La causa fue elevada a juicio en 2021 pero aún no se fijó fecha de debate.

El procesamiento

En el procesamiento, la jueza Barbagelata señaló que “dentro del Organismo Recaudador de la provincia de Entre Ríos -DGR o ATER según la fecha de que se trate- había un grupo de empleados compuesto por María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub, Daniela Romina María Miño, Darío Fabián Barreto, que con la omisión connivente del Tesorero General de la provincia Gustavo Alejandro Gioria – registraban fraudulentamente como pagadas, en el sistema informático del fisco provincial, deudas tributarias impagas de ciertos contribuyentes”.

“El registro simulaba el pago indicándose que había sido por compensación, como si el contribuyente hubiese sido titular de un crédito líquido y exigible contra el Estado, y hubiera cancelado la deuda compensándola con dicho crédito. Sin embargo, tales contribuyentes -aquellos en favor de quienes se registraron los pagos simulados- no sólo no eran proveedores del Estado -con lo que mal podrían tener una acreencia propia- sino que tampoco eran cesionarios de créditos fiscales de terceros. El registro se hacía por el dinero que se recibía por los contribuyentes, a través de, entre otros, Darío Fabián Barreto, de Jorge Zuttión, de Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni y Carlos Arnoldo Sagasti”, agregó en su momento.

Entre los principales imputados se encuentran los denominados empleados infieles del organismo recaudador, María Estrella Martínez de Yankelevich, que era Jefa del Departamento Despacho de ATER; Abelardo Gaggión, quien fue Jefe de la División Mesa de Entradas de ATER; Darío Barreto, que se desempeñó en la Dirección General de Rentas, en el cargo de Director del Interior, Jefe de la Representación Territorial San Salvador. También fueron imputados Fabrizio Abraham Carmelo Dayub, quien era agente Técnico Administrativo del Área Mesa de Entradas de ATER; Daniela Romina Miño, que era agente Técnico-Administrativo.

Los empleados infieles están acusados de montar una pequeña pyme delictiva que consistía, según la acusación, en cobrar dinero para compensar deuda ingresando datos falsos en el sistema informático de la ATER. En el sistema, según la acusación, se falseaba la información sobre la cancelación de deuda a través de compensaciones, provocando un perjuicio al erario público provincial, equivalente al importe de las deudas por impuestos que fueron fraudulentamente registradas como pagadas.