La muerte de Gabriel Gusmán, acontecida en el barrio Capibá el 25 de setiembre de 2018, sigue provocando divisiones en la propia causa judicial. Mientras la fiscalía desistió de seguir en la investigación, y se dispuso que la querella tomara esa función, este miércoles se debía resolver si se elevaba o no la causa a juicio. La jueza Elisa Zilli, tras escuchar a las partes, resolvió no enviar el expediente para que se dirima la responsabilidad de los policías ante un tribunal, y dispuso que la querella deba adecuar el hecho a los acusados. Increíblemente, a esta altura de los acontecimientos, los uniformados nunca fueron imputados, y se pretendía avanzar hacia un juicio.
Caso Gusmán: la jueza Zilli por el momento, no elevó la causa a juicio
La jueza entendió que se debe imputar formalmente a los policías por parte de la querella, que se convirtió en la acusación pública.
29 de junio 2022 · 21:22hs
UNO / Juan Manuel Hernández
La audiencia que se celebró en la tarde, en los tribunales de Paraná, contó con la presencia de los abogados querellantes José Iparraguirre y Lucía Tejera, que se convirtieron en fiscales, ante la decisión de la acusación pública de no formular una imputación. También estuvieron los abogados Miguel Cullen y Daniel Rosatelli, que defienden a los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo.
La causa más que intrincada, tiene la postura de la querella que entiende que se está frente a un homicidio calificado por el caso de gatillo fácil de los policías, y la de los defensores que marcan que los policías actuaron legítimamente en su accionar.
En la audiencia, la querella reclamó cerrar la causa y elevarla a juicio, marcando que se estaba frente a un grave delito que merece una condena a prisión perpetua para los dos policías.
Cullen y Rosatelli, alertaron a la jueza Zilli, que no se podía avanzar en el cierre de la investigación y elevación a juicio, sencillamente porque se estaban vulnerando los derechos de los acusados, que pese al paso del tiempo, nunca fueron imputados, ni se les formuló por nadie qué tipo de delitos se les iban a endosar, para de esa manera, poder defenderse.
Se remarcó que se estaba por caer en la violación de las garantías constitucionales, algo que debía ser neutralizado por la jueza.
Justamente, Zilli le dio la razón a los defensores, y decidió fijar un plazo de 15 días para realizar la imputación, tomarle declaración y, recién después, se celebraría la audiencia de remisión de la causa a juicio.
Además, pidió a la querella, puntualizar de mejor manera la acusación, para saber quién -supuestamente-disparó de los policías el arma que le quitó la vida a Gusmán. Por ello, reclamó que se describa correctamente el hecho a adjudicar a los uniformados. En la primaria acusación, se había mencionado que Íbalo tuvo una intervención de partícipe necesario y Molina como autor.