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Balazos en barrio privado: más sospechas sobre el vigilador

El vigilador quedó comprometido con la agresión sufrida por un menor en el barrio privado. La empresa no sabía del uso de arma. Un pantallazo de la actividad.

Lunes 19 de Septiembre de 2022

La situación que se investiga a un vigilador de una empresa de seguridad privada de Paraná, que debe enfrentar la responsabilidad de haber baleado en el muslo a un adolescente que ingresó sin permiso a un barrio privado, avanza con acumulación de elementos probatorios que apuntalan la responsabilidad de imputado. Al menos, la figura penal que enfrentará no se agravará, ya que la lesión producida logró evolucionar. Lo que sí quedan algunas dudas, es sobre cómo se originó el incidente, para lo cual, hay un descargo de la empresa que cubre la seguridad en el predio ubicado en la zona de Bajada Grande.

Al conocer la causa judicial, también se pudo abrir otra puerta ligada con el funcionamiento de la actividad en Paraná y la provincia.

Tal como informó UNO, el domingo 4 de agosto, alrededor de las 14, un menor fue baleado un un arma de fuego calibre 22.

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Desde la fiscalía a cargo de Erick Zenklusen, se siguen tomando medidas para establecer cómo ocurrió el hecho. Por ello, en las últimas horas, personal de la comisaría 11°, retiró imágenes de las cámaras de seguridad de la empresa de seguridad privada SeguCar que tiene a su cargo, el servicio de custodia en el predio, como también del propietario de una vivienda en construcción, que podrían aclarar en parte, si es verdad que el menor ingresó a robar, y el vigilador extrajo el arma de fuego y le disparó.

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Confirmaciones

Lo primero que recibió el fiscal, fue la información oficial de la propia empresa de seguridad privada, quién advirtió que no cuenta con personal autorizado para portar armas en sus servicios de seguridad.

Además, hizo notar la firma que no estaban al tanto que el operario llevaba en su bolso, el arma de fuego con la que atacó al menor.

Con este panorama, se notificó a UNO, que la empresa dispuso sancionar al vigilador. En medio de la causa judicial, se le ofreció el abogado de SeguCar para tener un mejor respaldo legal, pero decidió abruptamente tomar una decisión que se puede entenderse como un rechazo: a través de la Secretaría de Trabajo envió un certificado por problemas sicológicos y psiquiátricos, por el mal momento que le toca vivir.

La decisión de la empresa, sería despedirlo con causa justa.

El imputado de lesiones graves, tiene 50 años, y trabaja en la empresa de seguridad desde hace unos 15 años. Nunca tuvo problemas, ni incidentes, hasta que se conoció esta novedad, que llevaba a sus servicios, un arma de fuego sin autorización.

¿Lo hacía porque tuvo algún incidente en el lugar, con algunos "visitantes" o porque fue agredido?, en definitiva, ese tipo de defensa no estaba notificada ni autorizada. Quiso la suerte, que el balazo que efectuó no le quitó la vida al menor en cuestión.

Un pantallazo

Las empresas de seguridad privada en la provincia de Entre Ríos, son controladas por la Policía provincial, y específicamente por la División Trata de Personas, que cuenta con una oficina técnica de seguimiento y monitoreo de la actividad.

Además de la causa judicial que lleva adelante la Justicia de Paraná, la Policía de Entre Ríos, abrió una investigación administrativa para establecer qué pudo haber ocurrido. Si bien la información de la fiscalía es preponderante en el expediente de la Policía, se supo que SeguCar cuenta con un prestigio ganado en años de trabajo sin problemas o violación a la normativa vigente.

Es la primera vez que la empresa tiene un monitoreo administrativo, y que puede terminar, si se deslinda la responsabilidad del vigilante en una sanción para la firma de Paraná.

Se hizo saber que la empresa puede argumentar no haber estado al tanto del incidente, pero es responsable solidariamente de todo lo sucedido. De allí al no contar con antecedentes, se la podría multar con un valor que puede llegar a ser la sanción grave, ya que hubo una persona baleada, el cobro de 2.500 litros de nafta super, es decir que como máximo podría afrontar una infracción de unos 450.000 pesos.

de igual modo, la decisión final de la posible sanción recaerá en el Director de Investigaciones Angel Ricle, y si llega ser apelada, será ante el gobernador Gustavo Bordet.

Otros, entienden que la sanción podría llegar a ser un llamado de atención, por carecer de incidentes.

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Sector en crecimiento

Los motivos que llevan a la existencia de empresas de seguridad privada en Entre Ríos, pueden ser diversos, y la realidad establece que hasta este mes de setiembre el Superior Gobierno de Entre Ríos, había habilitado para su funcionamiento a 26 firmas.

La mayoría de las empresas de seguridad privadas se encuentran asentadas en la ciudad de Paraná, y están autorizadas a cubrir servicios en todo el territorio provincial.

Lo que se destacó a UNO, es que las empresas dan de trabajo a unas 800 personas, que deben realizar distintos cursos o actividades específicas ligadas con los servicios. De las 26, son cinco las que sí están autorizadas a que su personal porte armas de fuego, y están debidamente controladas para el traslado de caudales.

Para aclarar, la División Trata de Personas, dependiente de la Dirección Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, cuenta con la Sección Vigilancia Privada, organismo que tiene como función la faz administrativa, operativa y de autoridad de aplicación y contralor de las Agencias y Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, conforme lo reglamentado en el Decreto 2940/01 y modificatoria Decreto 4040/12 MGJ.

Las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada son habilitadas por el Gobernador de la provincia de Entre Ríos. (Art. 4º Decreto 2940/01) por el término de 1 año, la cual podrá ser renovada por el Jefe de Policía de la provincia mediante cuerpo resolutivo.

En su artículo 8º, se establece: Los rubros a explotar son a) Empresas privadas de vigilancia y seguridad por sistemas electrónicos; b) Empresas privadas de vigilancia; c) Empresas privadas de seguridad.

Art. 30º y 31º: las credenciales tendrán validez por un año.

En este marco, se diferenció que la normativa no comprende la habilitación de servicios de seguridad ejecutados por miembros retirados de la fuerza de seguridad, y que en su mayoría son contratados por vecinos a un costo menor.

Del mismo modo, se marcó que este articulado, tampoco contiene a los denominados Patovicas, que son las personas que cubren servicios de seguridad en los boliches bailables.

Estas dos ultimas actividades, no son contenidas por la legislación, y al existir un vacío legal, hay situaciones conflictivas que se podrían solucionar con la intervención de la Legislatura de Entre Ríos.

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