A juicio por amenazar al policía que investigó la causa Narcomunicipio

La causa Narcomunicipio le cambió la vida al investigador de la Policía Federal que tuvo a su cargo la pesquisa, pero no por haber sido destacado ni premiado por su tarea que derivó en una histórica sentencia, sino porque debió retirarse de la fuerza, mudarse y vivir con custodia luego de las amenazas que atemorizaron a toda su familia. Por el mensaje anónimo que recibió en su celular, se abrió una investigación que logró identificar a un sospechoso: se trata de un albañil del barrio Humito. La Justicia Federal confirmó el procesamiento de Albino César Lescano y ahora irá a juicio.

El sargento retirado de la Policía Federal, Carlos Alberto Frías, fue un testigo central en el juicio que terminó con la condena por narcotráfico contra Daniel Celis, el exintendente Sergio Varisco y otros 24 acusados. Sus dichos e interpretaciones sobre las pruebas y las escuchas telefónicas fueron cuestionados por los defensores, pero finalmente respaldados por la sentencia del Tribunal Oral Federal de Paraná.

El 19 de julio de 2018 (un mes después del procesamiento a Varisco y toda la banda) recibió en su celular un mensaje de texto (SMS)de un número desconocido. El tenor era claramente amenazante: “Hola, ya es hora de que empiece a disfrutar de su casa nueva debe estar cómodo en toda esa esquina. Disfrute de su hermosa hija. No se le vuelve a avisar más lo que pase con la vida de su hija y demás familiares corre por cuenta de usted. Ya nos cansó. Está avisado”.

Tras la denuncia formulada por Frías, no fue muy difícil encontrar al sospechoso. Se solicitó información del titular de la línea y así identificaron a Lescano.

En la indagatoria, el hombre se defendió: “Soy albañil, trabajo bajo patrón, es mi sustento diario y mantengo mi familia… soy ajeno a todo, no conozco a ese sargento, soy inocente de todo. Yo nunca tuve el número de teléfono que me leyeron, lo desconozco”, dijo.

Le preguntaron cuál era su número de celular, pero dijo que no lo recordaba, aunque refirió que es de la empresa Personal y lo tenía hacía unos tres años. Asimismo, recordó que cuatro años atrás había perdido su DNI (con el cual podrían haber tramitado una línea a su nombre), e insistió: “Me están acusando de algo que desconozco, me declaro inocente, no tengo antecedentes, no he tenido problemas con nadie y me llevo la sensación de que es un tema ajeno a mí”.

A juicio por amenazar al policía que investigó la causa Narcomunicipio

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

Procesamiento y apelación

El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, dictó su procesamiento por el delito de Amenazas anónimas, tras lo cual el abogado defensor, Juan Pablo Temón, presentó el recurso de apelación.

En esa instancia, expresó que no se valoraron correctamente las pruebas, “generando un perjuicio irreparable”, por lo que solicitó sea revocada la resolución. Aseguró que “el procesamiento es apresurado, que no se condice con las probanzas de la causa”, y dijo que el imputado nunca podría haber cometido la amenaza porque no conoce a Frías.

Por su parte, el abogado querellante Santiago Frías pidió que se rechace el planteo de la defensa por existir pruebas suficientes para el procesamiento, y adelantó su intención de incorporar más elementos probatorios sobre el móvil que ha llevado a Lescano a perpetrar la amenaza.

Además, el abogado mencionó “la necesidad de arribar a una solución oportuna y de fondo” ya que su representado “ha tenido que gestionar el retiro de la fuerza, como la venta de su casa, y estar sometido a continua custodia”, debido al “papel central en la investigación en causas de narcotráfico en Paraná”.

A su turno, el fiscal general Ricardo Álvarez manifestó que el juez ha valorado correctamente las pruebas objetivas, y que “se desprende de los listados de tráfico telefónico glosados al expediente principal que el número de celular que se le atribuye al acusado logró conexión con el teléfono del denunciante, el día y la hora del hecho, y el contenido mismo fue corroborado en virtud de que el damnificado así lo exhibió, en el que se observa su tenor amenazante”.

Además, refirió que “si bien desconoció el número y expresó que extravió su DNI, ello no resulta convincente, considerando que al momento de su declaración expresó no recordar el número de abonado que le pertenece actualmente, que tampoco haya exhibido dicho dispositivo o al menos no consta para poder corroborarlo”.

Por esto, pidió que se confirme el procesamiento y a la vez que “se dispongan las medidas tendientes a profundizar la pesquisa en orden a solicitar a la empresa prestataria la remisión del contrato de línea, así como un eventual cotejo de la firma suscripta, lo que abonaría en favor de la reconstrucción del caso”.

A juicio

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Beatriz Aranguren, consideró simplemente que “la prueba cuya valoración llevó al magistrado a tener por acreditada la ocurrencia del hecho y la intervención del encausado en el mismo, con el grado provisorio de esta etapa procesal, resulta suficiente para su confirmación”.

Refirieron que las circunstancias mencionadas por el fiscal “constituyen extremos que apuntalan la hipótesis de que Lescano habría sido regente en la configuración del hecho, con aparente conocimiento de la ilicitud de su proceder y permite descartar la intervención de otras personas; teniendo suficiente aptitud y seriedad la amenaza para generar alarma en el denunciante”.

Por esto, confirmaron el procesamiento, y aclararon que “restarían producirse algunas medidas instructorias”, por lo que “deberá el magistrado instar la pronta clausura de la instrucción y su remisión a la etapa de juicio, por ser el momento pleno para el debate”.