El juicio a la infanta condiciona el primer discurso navideño del rey

Los españoles escucharán hoy con mucha atención el mensaje de Nochebuena de Felipe VI. No solo por ser el primero que lanza al país como rey en esta importante fecha, sino porque tendrá lugar dos días después de conocerse que una de sus hermanas, la infanta Cristina, será juzgada por fraude fiscal. La noticia saltó el lunes a la prensa y se espera que marque el discurso que el nuevo monarca pronunciará siguiendo la tradición que sentó su padre, el rey Juan Carlos, quien se dirigió a los españoles a través de la televisión cada 24 de diciembre durante 38 años.

En 2011, el entonces monarca también tuvo que enfrentarse a un mensaje difícil. En aquellos días tenía lugar el primer gran golpe para la familia real española por el llamado "caso Nóos", en el que están imputados Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, y que llevará a ambos al banquillo de los acusados. Con la primera y muy reciente imputación de su yerno por presuntos delitos de corrupción, Juan Carlos de Borbón dijo en aquella ocasión unas palabras que hoy son especialmente recordadas: "La Justicia es igual para todos".

España espera que el nuevo rey siga su ejemplo tres años después y no evite un tema que hoy ocupa las portadas de los principales medios nacionales e internacionales. "Los españoles están esperando escuchar de boca del rey una declaración firme sobre la necesaria regeneración democrática, incluida una explicación sobre la acusación a su hermana", dijo ayer en su editorial el diario progresista El País. "Felipe VI ha sido muy claro en este asunto desde que accedió al trono, contribuyendo, con su actitud, a situar el problema en sus justos términos: la ley no entiende de privilegios y debe regir para todos igual", expresó el rotativo El Mundo.

El lunes, tras conocerse la noticia, la Casa Real española expresó a través de un portavoz su "respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial". Algunos sectores y medios de comunicación pidieron una reacción más contundente, en el marco de las medidas que puso en marcha Felipe VI con el objetivo de renovar y modernizar la institución monárquica, cuya imagen se deterioró en los últimos años del reinado de Juan Carlos.

Derechos dinásticos. Desde que estalló el "caso Nóos", la estrategia de la Casa Real pasa por desvincular a Felipe de Cristina y de su cuñado. Tras acceder al trono, tanto ella como su hermana mayor, la infanta Elena, dejaron de formar parte de lo que se considera la "familia real", por deseo del monarca. Pero doña Cristina, que siempre ha entendido la estrategia de aislamiento de la Casa Real como una condena por adelantado, se ha resistido hasta el final. Partidos políticos, colectivos y medios de comunicación han pedido que la hija mediana de Juan Carlos renuncie a sus derechos dinásticos. Pero la infanta, que ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión de la Corona española, se resistió hasta ahora a hacerlo.

La Casa del Rey ya anunció el 7 de noviembre que deja en manos de la infanta la decisión de renunciar o no a sus derechos dinásticos. "Es una cuestión que le corresponde a ella", indicó en su momento un portavoz de Zarzuela. "Es cierto que, constitucionalmente, solo corresponde a la infanta la decisión de renunciar a sus derechos. Pero no es menos cierto que Felipe VI tiene que enviar un mensaje a los ciudadanos, como hizo su padre hace tres años. Y tiene que ser este: que los principios que proclama deben aplicarse también a su hermana, aunque ya no pertenezca a la familia real", instó ayer El País en su editorial.

Alcaldesa del PP, forzada a dimitir

La corrupción se cobró ayer otra cabeza en el Partido Popular del jefe de gobierno Mariano Rajoy con la dimisión de la alcaldesa de Alicante, imputada por delitos relacionados con presuntas irregularidades urbanísticas. En su renuncia, Sonia Castedo, de 44 años, destacó que “jamás” hizo “nada deshonesto”. Pero la alcaldesa decidió renunciar, un día después de que fuera citada a declarar el 16 de enero como imputada ante un juzgado de instrucción de Alicante por supuestas irregularidades durante la tramitación del Plan Rabassa, un anexo al plan urbano de la ciudad en el que Castedo podría haber incurrido en delitos de prevaricación y tráfico de influencias.