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Un impuesto al latifundio

"Lo recaudado será destinado a la creación de un fondo provincial para resolver falencias alimentarias de las familias santafesinas".

Jueves 05 de Diciembre de 2019

Un proyecto de los diputados del Frente Social y Popular Mercedes Meier y Carlos Del Frade de Santa Fe propone aplicar un impuesto al latifundio, como ellos mismos lo llamaron, que consistiría en un incremento de entre el 30% y el 40% en el Impuesto Inmobiliario según la extensión y la ubicación del campo, así como la naturaleza del propietario, ya que distingue entre personas físicas, jurídicas y extranjeros.

La iniciativa ya ingresó a la Legislatura de la vecina provincia y estipula que el producto de lo recaudado “será destinado a la creación de un fondo provincial para resolver falencias alimentarias de las familias santafesinas”. Según consignan diversos sitios de noticias rurales como Campo en Acción y Campo Litoral, al monto extra lo pagarán quienes sean titulares de superficies consideradas latifundios, que van desde las 501 hectáreas en la zona núcleo hasta las 10.001 en adelante en los bajos submeridionales y la cuña boscosa. La escala está organizada en nueve categorías a partir de una zonificación de valuaciones inmobiliarias.

El proyecto plantea otros objetivos como atender el problema nutricional de la ciudadanía. Por ejemplo el de desvalorizar la tierra para facilitar el acceso a la misma. “Estamos convencidas/os de que al gravar la gran propiedad territorial aportaremos con la absorción, por parte del Estado, de un porcentaje de la renta de la tierra, a provocar una deflación de los precios de la misma, una mayor oferta y la adjudicación en esta forma a los pequeños y medianos productores rurales”, afirman los autores.

El texto también establece el criterio a partir del cual se consideraría a los sujetos del “impuestazo” actores privilegiados del sector. “Existen grandes extensiones de tierra rural que se van revalorizando sin más inversión que la que ha realizado el Estado en infraestructura”. También se considera a los propietarios de grandes extensiones “los mayores beneficiarios” de las sucesivas devaluaciones de la moneda.

Las estadísticas mencionadas para argumentar una concentración y extranjerización de la tierra como justificativo del incremento impositivo indican, según datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de 2014, que “el 7,3% de los establecimientos agrarios concentra el 42,2 % lo de las tierras productivas”, en establecimientos que varían entre 1.000 y más de 20.000 hectáreas.

“Hablamos de que 1.983 establecimientos concentran 4.601.849 hectáreas, mientras las restantes 6.256.842 hectáreas productivas de nuestra provincia se reparten entre 24.724 establecimientos”. En cuanto a la titularidad de extranjeros, se cita el Registro Nacional de Tierras Rurales donde constan 540.265 hectáreas, equivalente al 4,21 % del total provincial, concentradas en los departamentos Garay, Vera y 9 de Julio. “La extranjerización y concentración en pocas manos no ha sido la salida hacia el progreso en ningún lugar del mundo”, afirman. Luego de conocerse el proyecto, Mercedes Meier declaró a radio LT 8 de Rosario que el 1% de los dueños de los campos en la Argentina, unas 2.500 familias, “tienen casi la mitad de la tierra”.

La diputada admitió que hay cierta progresión en el impuesto Inmobiliario Rural que se cobra en Santa Fe, pero sostuvo que llega “hasta los medianos terratenientes y no a los grandes”. Por ese motivo explicó que buscan un impuesto adicional para grandes propietarios, con el cual aspiran a que “se atiendan las cuestiones alimenticias, que hoy están en auge porque hay muchísimo hambre”.

“El valor de la tierra tiene que ver con la infraestructura que el Estado hizo, además de la naturaleza propia”, sostuvo la legisladora. Así, los “terratenientes” nativos que sean personas físicas pagarán un 30% más de impuesto; las personas jurídicas un 35%; y los extranjeros “particularmente en el Departamento Garay” abonarán un 40% extra. Por ejemplo, en Rufino o en Esperanza tendría esta penalización quien posea más de 800 hectáreas; en Casilda más de 500; en Rafaela más de 1.000; en el corredor de la costa, desde Gaboto hasta el límite con Chaco, más de 3.000; en San Justo, Calchaquí o Reconquista más de 1.500; en San Cristóbal o Tostado más de 3.000; y en los Bajos o la Cuña quien posea más de 10.000 hectáreas.

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