Un gesto esperado

El papa Francisco puso fin a una de las excusas históricas tras las que durante décadas se taparon los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. La medida permitirá a la institución católica compartir denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a los casos de abuso con las autoridades civiles que los investigan. Desde la comunidad internacional se lo vio como otro paso del Papa para abordar la mayor crisis que enfrenta la Iglesia católica que, dicho sea de paso, la institución fue muy lenta en abordar.

El Pontífice promulgó dos nuevas leyes que, entre otras cosas, liquidarán el secreto pontificio –que viene impuesto desde 1972 en asuntos e investigaciones de particular gravedad– en los casos de abusos a menores por parte de representantes de la Iglesia. La nueva norma se propone eliminar el entorpecimiento deliberado en los casos de pederastia y agilizar la tramitación de las denuncias y su posible traspaso a las autoridades civiles en caso de que el país donde se hayan producido obligue a ello, tal y como sucede ya en Estados Unidos. Además, las víctimas podrán acceder a la documentación.

Paralelamente, el Papa también endureció las normas sobre los casos de pederastia de manera que sea delito la adquisición, posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo.

Vale aclarar que la ley no afecta al secreto de confesión, que sigue completamente vigente también cuando ampare este tipo de delitos. Al respecto, en declaraciones a ACI Prensa, el Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Mons. Juan Ignacio Arrieta, explicó que el secreto pontificio y el sigilo sacramental son “dos cosas completamente distintas”. Mientras que el secreto de confesión es comparable al secreto profesional de un médico o un abogado, el secreto pontificio “es una cuestión jurídica, establecido por leyes humanas, y que obliga hasta donde pueden obligar las leyes humanas”.

La Iglesia, como la mayoría de las instituciones de la sociedad, está comenzando a superar el concepto de que sacar a la luz ciertas cuestiones ligadas a sus miembros podría perjudicar la institución en sí misma y por esto determinadas informaciones se consideraba que debían ser mantenidas en una debida reserva.

Por eso, se trata de un avance en pos de la transparencia de esta institución, que siempre se ha caracterizado por mantener sus asuntos –y no tan suyos– puertas adentro, y una fuerte señal de colaboración con las autoridades propias de un estado democrático.

De esta manera, por primera vez hay un gesto de atención a las solicitudes realizadas por víctimas de esos abusos. En adelante, sacerdotes, religiosos y religiosas ya no estarán obligados a callar ante la ley su conocimiento de un hecho aberrante, cometiendo así un encubrimiento tácito. Por el contrario, se les ha impuesto el deber de denunciarlos y colaborar con la Justicia en los procesos.