El grito que atraviesa Argentina por estas horas es “¡paren de matarnos!”. Otra vez un femicidio desnuda todo lo malo de un sistema que es ineficiente por donde se lo mire. Todo es publicidad y propaganda. A la hora de actuar todo es demora en cualquier parte del país. Por lo visto con enviar a fiscales, policías y otros operadores a cursos sobre la Ley Micaela no alcanza. Obvio que a largo plazo dará sus frutos, pero hoy el Poder Judicial tiene que comenzar a actuar de otra forma junto al Poder Ejecutivo. Ser más expeditivo, y más allá de condenar a los responsables de los femicidios también sería bueno ir por los que no actuaron a tiempo ante cada caso. La historia reciente dice que en solo dos femicidios en la provincia se avanzó más allá del autor del asesinato.
La violencia no cesa
Por Marcelo Medina
Solo dos funcionarios, uno judicial y otro policial, pasaron por el banquillo porque su labor provocó consecuencias terribles.
Uno fue el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, que fue sometido en 2018 a un jury de enjuiciamiento porque liberó anticipadamente al femicida de Micaela García, asesinada en 2017.
El pleito se resolvió a su favor ya que ni el procurador general de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, lo acusó.
El otro fue un policía: Christian Daniel Alegre, quien en 2019 aceptó cumplir una pena de cinco meses de prisión condicional y el doble de inhabilitación por el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haberle dado curso a la denuncia que hizo Patricia Guadalupe Montórfano, de 47 años.
La mujer oriunda de Viale radicó una denuncia en 2011 contra su pareja en la comisaría de esa ciudad, unos 38 días antes de su asesinato. Jamás hubo una explicación sobre por qué el Poder Judicial no se enteró.
Las noticias de mujeres asesinadas todos los días son un claro indicio de la necesidad de declarar una emergencia en violencia de género. El dato estremece: en 44 días (hasta hoy) ya hubo 44 femicidios en Argentina. Una ley de este tipo significaría más recursos. Pero no solo para las campañas publicitarias, que son importantes porque ayudan a cambiar conductas que culturalmente están aceptadas y son dañinas, sino para que cuando una mujer vaya a denunciar reciba un acompañamiento que la proteja y no que sufra maltrato por quien le toma la denuncia. Que haya tobilleras electrónicas para los violentos y que los botones antipánico funcionen. No como pasó con Fátima Acevedo, la joven que en marzo de 2020 fue asesinada por su expareja.
La joven paranaense, al igual que Úrsula Bahillo, la penúltima mujer asesinada en el país esta semana (mientras escribía esta nota me enteraba que una mujer – Vanesa Carreño– fue muerta por su expareja en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires) hizo la denuncia y pidió ayuda pero no pasó nada.
El miércoles habrá una nueva marcha de los colectivos feministas y organizaciones de mujeres pidiendo justicia. Ojalá que el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo las escuche de una vez por todas.
