No son pocas las obras sociales nacionales que están atravesando situaciones de crisis. Justamente cuando el acceso a la salud debe ser garantizado en forma integral, muchos afiliados ven cómo se resienten los servicios y las prestaciones son cada vez más deficientes. Un caso que puede tomarse como testigo en Paraná es el del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que funciona en la intersección de Yrigoyen y Gualeguaychú. Como el resto de las prestadoras de salud que se debieron adaptar a los cambios que impuso la pandemia, Iosfa suspendió en forma provisoria la atención presencial en todas las delegaciones del país. La medida generó desconcierto entre los afiliados, la mayoría personal activo y pasivo de las Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. La virtualidad en la gestión de los trámites impuso lógicas barreras que con el paso del tiempo se tornaron insalvables, tanto que el malestar se tradujo en protestas para que se retome la atención presencial.
Iosfa: Un reclamo que debe ser escuchado
Foto UNO/Mateo Oviedo.
El reclamo de lso afiliados de Iosfa
Es necesario bucear en la historia reciente para conocer el origen de la obra social: nació luego de la unificación de las tres obras sociales que históricamente manejaban por separado el Ejército, la Armada y la Fuerza Área, una fusión que en la práctica no condujo a las soluciones esperadas. “Lucho por mis compañeros porque no le están dando bola a nada con el tema del Covid-19”, contó indignado el veterano de guerra Juan Carlos Hernández. Paranaense por adopción, pero con raíces cordobesas, el suboficial mayor retirado relató que junto a un grupo de afiliados debieron movilizarse para que se visibilicen las dificultades de la atención a distancia. “No va más gente porque tiene miedo a la pandemia”, explicó respecto de la escasa convocatoria de las movilizaciones. En relación al reclamo central sostuvo que se entregó un petitorio a los autoridades locales, pero hasta el momento la respuesta no ha sido la esperada.
Hernández cuestionó que en cualquier tipo de gestión siempre prevalece la burocracia, sin importar que cientos de familias esperan por una atención acorde a su situación de salud. Algunas familias requieren prácticas urgentes para sus hijos con discapacidad, otros que requieren tratamientos para patologías graves como la leucemia.
“Si no mando 5.000 mails por día, no me autorizan el estudio anual que necesito. Todo esto es muy desalentador. Somos 700.000 afiliados en todo el país, y en la provincia sumando a todas las fuerzas somos una cantidad bastante importante”, reseñó. Enojado por la situación, explicó que todos los meses deben aportar el 11% de sus haberes, y que en su caso representa un aporte de 10.000 pesos. “Tengo PAMI veterano, que me cubre, pero suponiendo que somos 3.000 afiliados en Entre Ríos, y que el aporte sea de un promedio de 10.000 pesos o menos, porque eso va a variar dependiendo el grado militar, de esa manera uno puede estimar los fondos que recibe la obra social”, se quejó. El manejo de los recursos financieros de la obra social estuvo en la agenda del poder político: la supuesta falta de transparencia en la administración de la caja deparó en acusaciones cruzadas entre el actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, y su antecesor en el cargo, Oscar Aguad. “Nos quejamos porque hace más de 40 años estamos aportando”, dijo ofuscado Hernández.
Con pancartas donde se denunciaron diversas irregularidades en el funcionamiento de Iosfa, un grupo de afiliados se manifestó este mes en la delegación Paraná. Respetando el distanciamiento social y el uso de tapabocas, los damnificados insistieron con sus demandas: “En rechazo a la falta de pago del Iosfa a clínicas y prestadores privados, por la atención médica brindada a los beneficiarios. Solicitaron que se informe acerca de las demoras en la contestación de e-mail para autorizaciones de prácticas médicas”, se advirtió.
El reclamo, que es claramente válido, está siendo minimizado, y lo más grave es que mientras pasa el tiempo se pone a prueba la paciencia, y sobre todo la salud de miles de familias que merecen una cobertura digna. Entonces es tiempo de garantizar esos derechos.