Flojos de papeles

La realidad depende del cristal con que la se mire. Bajo ese concepto se entiende lo que representa el remanido y laxo concepto de seguridad jurídica en el país, que resulta una preocupación siempre, según los intereses que afecta.

Sin justificar la ola de usurpaciones e intrusamientos de terrenos públicos o privados que a diestra y siniestra se multiplican en la provincia y el país en medio de la grave crisis social y económica por la pandemia de Covid-19, vale quitar el velo de inocencia, sorpresa y estupor que se despliega en torno al tema.

Se trata de una problemática que claramente no emergió en esta tercera década del siglo XXI, sino que está presente desde mucho antes.

En el caso de Paraná, flojos de papeles han estado no solo las centenares de familias que se han ido localizando a la vera de los kilómetros de arroyos que surcan la ciudad, a los costados de líneas férreas, o en loteos diseminados en todos los puntos cardinales de la ciudad. Incluso, con el paso de los años, se han conformado desprolijamente barrios enteros, extensos y densamente poblados, que posteriormente fueron sometidos lentamente a un proceso de regularización dominial, con retraso de la llegada de los principales servicios públicos.

Esa es una parte de la historia urbana.

Hay otra más sigilosa, lenta y silenciosa, no menos masiva ni ilegal, que ha cercenado hectáreas y kilómetros de las zonas costeras públicas.

Ocurrió en Bajada Grande, que luce en su costa norte espectaculares residencias cuya cercanía al río Paraná realza sus bellezas arquitectónicas, desafiando el derecho público del denominado Camino de la Sirga.

A medida que se fue poblando esa zona, poco se habló de seguridad jurídica y nada se hizo.

Imperceptible, por su inaccesibilidad, ha sucedido y está ocurriendo lo mismo con la costa oeste de la ciudad, franja costera de majestuoso e inconmensurable paisaje del cauce del Paraná, desde hace años habitado ilegalmente con ranchos de fin de semana, e incluso con un mercado inmobiliario ilegal en desarrollo.

Hablar de seguridad jurídica, conflicto legal, disputa de propiedad y mutilación y despojo del patrimonio público es recordar la historia de la playa de Los Arenales, convertida por una insólita decisión política en un barrio privado.

El muro que hoy divide a ricos y pobres fue el resultado de un proceso que llevó más de 20 años en una extensa red de complicidades. No ha bajado “de arriba”, una buena referencia sobre el derecho ciudadano, para “los de abajo”.

El cuadro se repite a lo largo y ancho de toda la provincia. Los lugares preferidos son las costas de los cursos de agua.

Si el poder de policía está ausente para evitar ocupaciones, menos factible resulta que propietarios privados de terrenos cercanos a las costas garanticen el acceso público de una franja de 15 metros, extensión que luego de más de 100 años fue modificada en 2015 por el reformado Código Civil, ya que anteriormente regía un margen público obligatorio de 35 metros.

Desde río adentro se puede apreciar a lo largo de kilómetros del Paraná el formidable y acelerado avance de ocupaciones ilegales en la provincia.

Hoy en todo el país las fuerzas de seguridad, orden y Justicia, están siendo empujadas a frenar la barbarie en ciernes, el clima preanárquico que preocupa a algunos sectores siempre dispuestos a elevar demandas y adecuar las normas a su conveniencia.

En los últimos largos años, la presencia del Estado para defender el patrimonio público ha estado ausente en todas las latitudes, y en Paraná ello imposibilitó diseñar una planificación urbana.

Las intervenciones y acciones desplegadas en las últimas semanas en la capital provincial, en Bajada Grande, Anacleto Medina, Thompson y Parque Varisco, constituyen una política necesaria para empezar a poner algo de orden y marco legal a la convivencia ciudadana. Porque cuando hay un desgaste o ausencia de la autoridad, todo se pone peor, ya que cada uno hace lo que quiere.