El que las hace, las paga

Qué lejos está la Justicia de ocupar el lugar que se merece en la sociedad. Jueces ligados con la política, acomodando sus fallos a las conveniencias partidarias y personales, y algunos haciendo creer a la comunidad que son justos desde todo punto de vista.

¿La degradación del Poder Judicial se da por sus propios integrantes o por la ligazón con el poder político? Es una pregunta que no tiene una respuesta directa, pero que sí alerta de situaciones muy llamativas que se dan justo con los cambios de vientos partidarios, sobre todo en la Nación.

Uno se crió con la idea que le impusieron los padres, y hasta la misma sociedad, de que el juez era una autoridad que casi no se podía cuestionar. Sus fallos eran lapidarios y el acusado, si era condenado, recibía el castigo contundente y la reprobación de la comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo llegaron las visiones “flexibilizadoras”. Si bien existe la garantía constitucional de un debido proceso, se empezó a naturalizar la idea que toda condena nunca debería ser efectiva hasta que la última instancia se resolviera, es decir en la Corte Suprema de Justicia. Recién ahí quedaría firme.

El Estado de Derecho siempre se debe respetar, el de las personas que son justiciables, como también el de las víctimas. Con estas posturas, se le dio un beneficio extra a los condenados, sobre todo si estaban vinculados con la clase política partidaria.

El caso que más repugna es el del actual senador nacional por el peronismo Carlos Saúl Menem, que se encuentra condenado a prisión efectiva, y por ese bendito “cuentito” de que el fallo no está firme, con fueros o sin ellos, por su edad ya no recibirá la justa sentencia. Es evidente que el sistema judicial y político lo protegió. Estaba condenado, pero pudo ser legislador nacional, y encima no fue preso. Un verdadero desatino.

No ocurre lo mismo cuando un ciudadano común es condenado por un hecho menor, el castigo será ejemplar.

Llama la atención cómo en los últimos tiempos, la dirigencia política y algunos funcionarios del gobierno nacional se empeñan en hacer respetar los derechos de los procesados o condenados por corrupción u otros delitos vinculados con el robo en el Estado.

No deberían existir los delitos de primera y de segunda. O si los que los ejecutan comulgan con una idea o visión política. Es obvio que los delitos de Lesa Humanidad son gravísimos y por esos son imprescriptibles, como los abusos sexuales, pero no se debería desjerarquizar la corrupción, el robo, la asociación ilícita o el fraude a la administración pública. Acá se pusieron de acuerdo kirchneristas y macristas, en que nadie vaya preso en la primera instancia de una condena y que recién se deba cumplir cuando la misma quede firme.

Lo insólito es que desde Derechos Humanos de la Nación se reclamara por los presos condenados o enjuiciados por corrupción o la matanza de pasajeros de un tren en Once. En estos tiempos todo se disfraza con el argumento del cuidado de los privados de la libertad debido a la pandemia del coronavirus.

Desde Amado Boudou, pasando por Julio de Vido, Luís D’Elía, Ricardo Jaime reclamaron el beneficio de la prisión domiciliaria. No corresponde la morigeración solo para ellos. Si estuvieran condenados Macri o alguno más del Pro, del radicalismo, también debería ser repudiado el privilegio.

La Justicia selectiva en algunos casos falló a favor –casualmente políticos– y en otros rechazó planteos similares de gente de a pié, a lo largo y ancho del país.

No tuvieron la suerte de funcionarios nacionales que se preocuparan por su situación judicial, muchos condenados o procesados por venta de drogas, robos y otros delitos de poca monta, que se sintieron desprotegidos por no tener una filiación partidaria.

Los integrantes de la Justicia son los únicos que pueden cambiar esta imagen, volviendo a las bases, con fallos ejemplares y contundentes, con condenas insospechadas de intentar beneficiar a los amigos del poder, y en definitiva de poner las cosas en su lugar, ya que el que las hace, las paga.