Hace dos décadas, concluido el gobierno de Carlos Menem (aunque no el menemismo), hicimos un relevamiento en los distintos sectores de la vida económica para arribar a esta conclusión: las empresas de los estados nacional y provincial sometidas a privatizaciones contaban con 16.000 empleados, y pasaron a sólo 2.700. Es decir: el achicamiento de los estados nacional y provincial (sólo en nuestro territorio entrerriano) provocó la pérdida del 83% de los puestos de trabajo en organismos de su jurisdicción.
Menem, la era de las privatizaciones
La ciudad de Buenos Aires no privatizó su banco, la provincia de Buenos Aires no privatizó su banco, en cambio la provincia de Entre Ríos fue la que mejor hizo los deberes en tiempos privatistas inaugurados por Carlos Menem. Aquí fueron privatizados los ferrocarriles (la red de pasajeros se clausuró); el frigorífico Santa Elena (diez empresas en una), el Banco de Entre Ríos, la empresa de energía, las telecomunicaciones que dependían en parte del Estado provincial, los servicios de dragado y balizamiento, el correo y hasta un canal de televisión estatal.
Muchos de los desocupados pasaron paulatinamente a planta del Estado, que en esos tiempos se amplió por distintas razones, pero en parte para suplir los graves problemas de desempleo, con consecuencias en la caja de Jubilaciones porque el Estado no pudo continuar con esos nombramientos masivos para sostener con activos las jubilaciones masivas.
Privatizaciones al extremo, endeudamiento con garantía de coparticipación, fueron el cóctel que explotaría luego, con decenas de monedas (bonos) creadas por las provincias para subsistir en el posmenemismo.
Economía de escala
La era de las privatizaciones (sostenida por la alianza del Partido Justicialista y la Unión del Centro Democrático -UCeDé- principalmente, tanto en el país como en Entre Ríos), se expresó también en la desaparición abrupta de explotaciones rurales pequeñas y el crecimiento de grandes extensiones gracias a la política llamada “economía de escala”. Y se manifestó en la irrupción de las multinacionales en el comercio minorista para iniciar la era de los hipermercados de capitales extranjeros que desplazaron a los supermercados de capitales regionales.
El Estado se desprendió también del control de rutas, como ocurrió con la ruta nacional 12/14 e intentó privatizar otras áreas estratégicas como la hidroeléctrica de Salto Grande, pero cedió, ante la fuerte resistencia de agrupaciones vecinales. La misma resistencia que encontró en las calles el proyecto de represamiento del Paraná Medio.
Con la presencia activa del Frigorífico Santa Elena en manos del Estado y de las lácteas Cotagú y Cotapa de propiedad cooperativa, más una producción variada de cereales, frutas y carnes, la provincia contaba con visos de soberanía alimentaria. Pero paso a paso fueron clausurados el frigorífico y las dos lácteas emblemáticas de la provincia, como antes había cerrado el frigorífico Gualeguaychú, una bandera nacional en la lucha contra la presión del capital inglés en los tiempos del pacto Roca Runciman.
Con Menem, los tenedores de títulos de la deuda pública pudieron convertirlos en empresas palpables; esa capitalización fue un negocio que dio que hablar y dará que hablar por mucho tiempo.
Quedará en la historia el discurso de Carlos Menem en Santa Elena, en presencia del gobernador Jorge Busti y el vicegobernador Domingo Rossi, adelantando que faltarían brazos para trabajar en el frigorífico privatizado, que al poco tiempo se clausuró para siempre. “Esto que hemos hecho hoy aquí es crecimiento y forma parte de la revolución productiva”, dijo entonces Menem.
Corrupción, coimas, defraudación, y traición a todas las promesas electorales, era el legado.
Luciano Espinoza
Qué dijo el notable dirigente Luciano Espinoza, secretario general del Sindicato de la Carne en Santa Elena: “Era el principal frigorífico exportador de la región, con un importante cupo de cuota Hilton y 1.800 empleados. Constantini lo compró por más de 10 millones de pesos y nunca los pagó. Luego el Estado le prestó 9 millones de pesos primero, después le prestó 13 millones de hipoteca del frigorífico sin máquinas. Después otros 20 millones y prendó las máquinas. Finalmente, la Provincia le prestó el dinero para pagar las indemnizaciones del personal. Tomó más de 40 millones y nunca pagó un peso y se quedó con la cuota Hilton”.
Trenes, correos, telecomunicaciones, dragado, televisión, alimentos, energía, capital financiero, rutas: todo lo que hacía el Estado pasó al capital privado y aun así creció la deuda pública y creció la planta de personal del Estado.
En el campo, Carlos Menem inauguraba con Felipe Solá, actual canciller, la era de los transgénicos con herbicidas e insecticidas y repetía, como se repetía en las provincias, una frase que parecía mágica para el desarrollo: economía de escala.
Mientras cien familias de productores pequeños y medianos eran expulsadas, una se plegaba a los planes oficiales nacionales y provinciales para amortiguar el impacto del descalabro, y la propaganda oficial mostraba esos pequeños e interesantes gestos para ocultar la decadencia y el fracaso.
El desparramo
El cierre del servicio de tren de pasajeros y la privatización del de cargas redujeron el personal de 7.000 a 190 empleados (incluidos los maquinistas agremiados en La Fraternidad). Roque Chávez, secretario general de la Unión Ferroviaria, nos dijo años después que pasaba un convoy cada uno o dos días, con más de 60 vagones cargados con unas 60 toneladas, pero todas las estaciones, con excepción de Concordia y Basavilbaso, estaban inhabilitadas.
Los trabajadores del “Ministerio”, encargados de todas las actividades vinculadas con la navegación llegaron a ser 3.000 en la provincia y quedaban 800 cuando comenzó la reducción de actividades hace una década. Desde entonces la planta de personal se redujo a sólo 190. Mario Hugo Godoy, secretario general del Sindicato del Personal de Embarcado, Dragado y Balizamiento, cuestionó después la falta de presupuesto y la concesión del dragado y el balizamiento de Santa Fe hasta el Río de la Plata a una empresa de origen belga que “cobra un subsidio anual de 40 millones de pesos más el peaje a todo el tránsito fluvial”.
Son ejemplos nomás de la incidencia del modelo privatizador neoliberal extractivista entre las plantas de personal de las empresas del Estado