Megajuicio: el mapa de las sentencias por corrupción

Este jueves es un día histórico para la Justicia entrerriana, y en igual medida para el arco político provincial, porque por primera vez desde la restauración democrática un tribunal decidirá si condena o absuelve a un exgobernador. La expectativa es lógica porque el principal acusado en es Sergio Urribarri, quien gobernó en dos períodos Entre Ríos y ahora enfrenta un pedido de condena a 12 años de cárcel por delitos contra la administración pública. En el banquillo de los acusados también están dos de sus exministros, familiares y empresarios. El Megajuicio y sus derivaciones abre la puerta para bucear en el mapa de las condenas en causas por corrupción a funcionarios y exfuncionarios públicos en la Provincia. Desde Félix Abelardo Pacayut, pasando por Domingo Daniel Rossi, y Mario Yedro, hasta Héctor Alanis y Rubén Villaverde, los antecedentes reflejan procesos de largo aliento y con penas que en su mayoría fueron de cumplimiento condicional.

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Antecedentes

Los primeros años de la década de 2000 marcaron un tibio avance en la lucha contra la corrupción en la esfera pública. En 2005 Tito Yedro, exconcejal peronista de Concordia, fue hallado culpable del delito de enriquecimiento ilícito y se lo condenó a tres años de prisión condicional, sumado al decomiso de un campo ubicado en el Departamento Tala. Tiempo después sumó una nueva sanción penal por la usurpación del mismo campo que la Justicia había ordenado decomisar. Un juez correccional le aplicó una pena única y total de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, ya que también unificó la pena anterior.

Yedro recurrió ambas sentencias por distintas vías hasta que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo obligó a cumplir la condena.

Así se convirtió en uno de los primeros dirigentes políticos en ser encarcelado. Su raid judicial tuvo un costado rebelde: en varias oportunidades desobedeció sentencias judiciales, como la que establecía el desalojo del campo para que la propiedad pasara a manos del Estado provincial.

El exsenador y con un paso como interventor de Obras Sanitarias, recuperó la libertad en 2017, mucho tiempo antes de que se cumpliera el plazo de la condena. En todo ese tiempo mantuvo el reclamo para recuperar la propiedad confiscada y actualmente el legajo recaló en un juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala.

Primer político preso

Abelardo Félix Pacayut fue el primer dirigente político peronista, desde 1983, que estuvo en la cárcel por corrupción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en octubre de 2015 la condena de primera instancia contra el exsenador provincial por haberse comprobado su responsabilidad en el desvío millonario de fondos en la construcción del Puerto Ibicuy. Pacayut falleció el 24 de junio de 2014, es decir que no llegó a ver la caída del martillo de la Justicia.

Un dato que no es menor es que la investigación –como en el caso Yedro– se inició a través de la ex-Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo del exfiscal Oscar Rovira.

Rossi, un caso testigo

El actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, fue el primer vicegobernador entrerriano en ser alcanzado por una condena. La Justicia tardó años en comprobar los delitos (se investigó su gestión como intendente y como vicegobernador) hasta que en junio de 2006 fue encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, el pago de una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por ocho años.

En 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esa sentencia y el ex-vicegobernador justicialista la cumplió a rajatabla, aunque la cuestionó en cuanto pudo. El 17 de noviembre de 2010, la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dejó sin efecto la inhabilitación absoluta por el término de ocho años para ejercer cargos públicos y Rossi volvió a ser intendente de su ciudad.

Después de 19 años

La causa contra el ex-vicegobernador Héctor Alanis llegó a juicio después de 19 años. El 3 de abril de 2018 se lo condenó a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo por el desvío de 6 millones de dólares de dos cuentas, una de la Cámara de Senadores y otra de la Vicegobernación. Además se le impuso la inhabilitación absoluta y perpetua. La misma pena le correspondió al ex-vicepresidente del Senado Humberto Re.

Los otros dos involucrados en el proceso por peculado –utilizar fondos públicos en asuntos privados–, los exadministradores de las cuentas del Senado, Maximiliano Alanis, sobrino del exvicegobernador y yerno del exgobernador Jorge Busti, y el contador José Maximiliano Crettón Pereyra, recibieron sendas condenas de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional al haber accedido a un juicio abreviado.

El mismo año la sentencia se confirmó en todos sus términos, ya que la Cámara de Casación Penal rechazó los recursos presentados por los defensores de Alanis y de Re.

Casos emblemáticos

En los últimos años se sumaron dirigentes políticos y exfuncionarios que pasaron por los Tribunales y se fueron con una condena. En 2006, Oscar Pacha Mori fue condenado a una pena de carácter condicional por el desvío de fondos de la Fundación Aciser a la campaña del Partido Justicialista en 1997. También fueron declarados culpables la exconcejal Liliana Morard y el extesorero de Aciser, Marcelo Sola.

El otro caso conocido es el del exsenador también del PJ, Raúl Taleb. En 2016 la Justicia lo encontró culpable por el delito de enriquecimiento ilícito. El diamantino, que cumplió funciones como diputado provincial desde 1991 hasta 2003, senador entre 2007 y 2009 y embajador en Cuba durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue condenado a la pena de tres años de prisión condicional, la inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida y el decomiso de un departamento ubicado en calle Buenos Aires de la capital entrerriana que sirvió como devolución al Estado de los fondos injustificados.

Tres años después la sentencia fue confirmada por el STJ, aunque la resolución resultó más moderada: la inhabilitación para ejercer cargos públicos dejó de ser perpetua.

Antes de la llegada de la maldita pandemia, la Justicia Federal de Paraná dictó un fallo histórico contra el último intendente radical que gobernó la capital entrerriana. Sergio Varisco recibió una condena de seis años y medio de cárcel por narcotráfico. Si bien la investigación y lo que se resolvió en el veredicto se basó en la banda narco que operó en la ciudad con ramificaciones en la comuna, el tribunal valoró como agravante la utilización de fondos públicos para financiar la venta de estupefacientes.

En ese mismo proceso, fueron condenados a cinco años de prisión el exconcejal de Cambiemos Pablo Hernández y la exsecretaria de Seguridad de Varisco, Griselda Bordeira.

El exintendente cumplió una pena de prisión domiciliaria, hasta que su salud se agravó y finalmente falleció en mayo de 2021.

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Foto: UNO/Mateo Oviedo

El 2018, año de condenas

Que se hayan dictado cinco condenas por casos de corrupción en sólo 365 días no es poca cosa. La primera en orden cronológico se conoció el 20 de marzo de 2018 en la causa que involucraba al exintendente de Valle María, Luciano Asselborn: un tribunal colegiado lo halló culpable por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, imponiéndole una pena condicional de un año y seis meses en la causa por la extensión de la red domiciliaria de gas natural en un lote que pertenecía al exfuncionario.

Otro de los antecedentes es el que tuvo como protagonista a quien fuera director provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos, Hugo Righelato, quien cumplió una condena a tres años de prisión efectiva por los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Además se dispuso el decomiso de dos inmuebles y la entrega de 10.000 dólares a favor del Estado provincial.

También se declaró culpables a Alanis, al expresidente de la tarjeta Sidecreer Juan José Canosa y al extitular de la Dirección Provincial de Vialidad Jorge Rodríguez.

En este informe UNO relevó los casos más relevantes de corrupción y su correlato en la Justicia provincial, aunque vale aclarar que no se incluyeron otras causas y fallos condenatorios que se tramitaron en diferentes jurisdicciones.

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Hoy se sabrá qué resolvió el tribunal en el megajuicio

Este jueves a las 8.15 se conocerá la resolución del Tribunal integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno en el marco del juicio que se llevó adelante por supuestos casos de corrupción contra 13 imputados, entre ellos el exgobernador Sergio Urribarri.

La Fiscalía solicitó 12 años de cárcel para el exgobernador Sergio Urribarri, 10 para el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Baéz y el funcionario del Senado Juan Pablo Aguilera; ocho para la contadora Corina Cargnel y cinco para el exministro de Turismo Hugo Marsó. Para todos una multa de 90.000 pesos.

Las acusaciones fueron por los delitos de Negociaciones incompatibles, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

Además solicitaron pena para Gerardo Caruso, cinco años de prisión; Gustavo Tamay, cuatro años de prisión; para el empresario Germán Buffa, tres años de prisión condicional; para Gustavo Tórtul, tres años de prisión condicional; para Emiliano Giacopuzzi solicitó cuatro años de prisión; para Maximiliano Sena la pena de dos años; para Luciana y Alejandro Almada pidieron tres años de prisión condicional.