Megajuicio: reclaman la absolución de Sergio Urribarri

La defensa técnica del exgobernador Sergio Urribarri reclamó este martes ayer en los alegatos de cierre su absolución en el megajuicio donde se investigan delitos contra la administración pública provincial. La solicitud llegó por pedido del abogado Raúl Barrandeguy, quien alegó haciendo una analogía de este proceso por corrupción en Entre Ríos con causas penales que enfrentaron mandatarios latinoamericanos en los últimos años.

Para Urribarri -que es el principal imputado en el debate- el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 12 de cárcel, por los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, en cinco hechos.

Ayer, en primer turno Barrandeguy, y más adelante el codefensor Candelario Pérez, defendieron la inocencia del ex mandatario, en un alegato de fuerte contenido político y con menciones a personalidades que ocuparon cargos ejecutivos en otros países.

Barrandeguy, que prometió ser breve en su conclusión, emprendió una especie de revisionismo histórico de sucesos, con el propósito de analizar el concepto de corrupción. Fiel a un perfil docente, habló del combate contra este delito en la historia de la humanidad y de algún modo buscó interpelar a la clase dirigente. “Debemos dejar de usar la corrupción como prenda de batallas políticas”, alegó.

Entre otras personalidades, habló de Napoleón Bonaparte, de la democracia griega y llegó hasta sucesos contemporáneos para hablar de los procesos políticos latinoamericanos. Allí ubicó al expresidente peruano, Alan García, investigado por un caso de presunto lavado de activos provenientes de sobornos de la constructora Odebrecht. Recordó que García tuvo un final trágico: “Se pegó un tiro y no sé si ha habido razones para condenarlo”.

Esa referencia histórica le sirvió para describir el padecimiento de alguno de los imputado en el megajuicio. Rescató la figura de Hugo Céspedes, ex Coordinador de la Unidad Operativa del Mercosur, quien falleció en los primeros días del debate.

“Un juicio no mata, pero ante una enfermedad terminal, la mayor o menor tranquilidad, felicidad, displacer o dolor que pueda sentir, es terrible. Ese dolor le expropia al imputado el derecho a vivir en libertad y plenitud que la naturaleza o la divinidad han puesto a disposición. Pasó con Hugo Céspedes y con el padre de los hermanos Almada”, detalló.

Urribarri, perseguido

Barrandeguy retomó la situación procesal de su defendido y recordó que tiene pendiente una causa por enriquecimiento ilícito “que está demorada, sin indagatoria”. Y en relación a este proceso advirtió: “Es falso que Urribarri haya tenido pisos en Punta del Este o propiedades en Concordia”.

Aprovechó para cruzar la posición de sectores de la prensa entrerriana “que han animado la persecución penal”. En este aspecto reivindicó la gestión de gobierno de Urribarri: “El ciudadano lo votó dos veces”. Luego acotó que el actual embajador argentino en Israel y Chipre viene siendo víctima de una persecución. Entonces se preguntó: “¿No se lo pudo perseguir a Urribarri y Báez de una manera menos humillante?”.

Además observó que la Fiscalía, al elevar la causa a juicio, solicitó 8 años de prisión para el imputado. Aunque sostuvo que esa situación se modificó al producirse los alegatos finales. “Le pidieron 12 años de prisión”, se quejó el letrado, y enseguida aludió a una actitud de los acusadores públicos durante el debate. “En el juicio se suspendió a una funcionaria jerárquica, como probablemente esto no gustó; ellos nos adjudicaban una participación a los abogados de Urribarri”, conjeturó.

De limitaciones y corrupción

La actuación de los órganos de control en el Estado provincial y su accionar para combatir los delitos contra la administración pública, ocuparon un lugar central en el alegato defensivo. Según Barrandeguy “el Estado tiene formas de controlar la corrupción antes de que suceda; el problema es que todos trabajamos para castigarla, pero no trabajamos para evitarla”.

En línea con ese razonamiento, observó que el Estado dispone de organismos de control constitucional que ajustan los procesos y actos de gobierno al derecho administrativo y que, una vez atravesados esos estamentos, los actos de gobierno no pueden ser revisados desde la óptica penal porque son legales.

“Una de las limitaciones para combatir la corrupción es el derecho administrativo”, advirtió.

En el cierre de su exposición pidió la absolución de Urribarri y adhirió a todos los requerimientos de exclusiones probatorias solicitados por los defensores en los alegatos previos.

Lo que viene en el debate

A pedido del Tribunal que preside José María Chemez, el Ministerio Público Fiscal anticipó que mañana harán réplicas y acto seguido, los defensores duplicarán las respuestas de la acusación. Se espera que el lunes se produzcan las últimas palabras de los 13 imputados, por lo que en ese momento se declararía cerrado el debate y luego jueces pasarían a deliberar para hacer conocer su veredicto.

Además del exmandatario son 12 los imputados que esperan conocer que sucederá con su situación procesal: el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, a quien le pidieron 10 años de prisión; el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó, que enfrenta un pedido de prisión de 5 años. Para Juan Pablo Aguilera se reclamó 10 años de cárcel, en cambio que para su esposa, Luciana Almada, se solicitó 3 años de prisión condicional. En el caso de Corina Cargnel, la Fiscalía requirió 8 años de cárcel y 5 años para el empresario Gerardo Caruso. Para Emiliano Giacopuzzi y Gustavo Tamay, 4 años; Alejandro Almada, 3 años de condicional y Maximiliano Sena, 2 años 6 meses. Finalmente para Gustavo Tórtul y Germán Buffa se pidieron penas condicionales.