El Megajuicio por corrupción entra en su recta final. Este jueves alega la defensa del cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, y la semana próxima será el turno de los defensores del actual embajador en Israel y Chipre.
Megajuicio: alega la defensa de Juan Pablo Aguilera
Foto UNO/Juan Manuel Hernández
Megajuicio: alega la defensa de Juan Pablo Aguilera
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Miguel Cullen, abrió la jornada para cerrar su defensa en torno a la contadora Corina Cargnel, en el marco de la causa parador de Mar del Plata.
Al término de Cullen, continuará el abogado Marcos Rodríguez Allende, que defiende a Luciana Almada y Juan Pablo Aguilera.
Cullen ya alegó y pidió la absolución de Maximiliano Sena, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada y Gustavo Tórtul.
Después de eso, la audiencia pasaría a un cuarto intermedio y se retomaría el próximo lunes, con el alegato de los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, que harán la defensa técnica sobre las imputaciones que enfrenta el exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri.
El martes próximo siguiente quedaría pendiente las réplicas y dúplicas de fiscales y defensores y, el jueves de la semana que viene, los imputados tendrían la oportunidad decidir sus últimas palabras, antes que el tribunal declare cerrado el debate y pase a deliberar para dictar sentencia.
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón tendrán diez días para dar a conocer un veredicto sobre las cinco causas acumuladas.
Los fiscales intervinientes son Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano. Los defensores Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Emilio Fouces, José Velázquez, Ignacio Díaz, Juan Méndez y Miguel Cullen.
Causas acumuladas
El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri.
El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de las imprentas”.
Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.
La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida.
También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses.
Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.
Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada.
Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.
El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.
En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.
Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
Los fiscales calculan un desfalco que supera los 9 millones de dólares.