La sanción de ley de Ética en la función pública quedará para el año que viene

La Cámara de Senadores devolvió a Diputados, con modificaciones, un proyecto de ley de Ética Pública de los varios que han transitado por la Legislatura provincial durante los últimos años. El proyecto original fue elaborado por la exdiputada Rosario Romero, actual ministra de Gobierno y Justicia, y recibió media sanción en la Cámara baja en julio de 2016, hace ya casi dos años y medio. La hoy ministra lo había presentado en febrero de 2013, hace casi seis años.

En la Cámara de Senadores se le realizaron modificaciones, obtuvo aprobación el jueves, y volverá en revisión a la Cámara de Diputados.

El senador por San Salvador, Lucas Larrarte, señaló que el dictamen tuvo el consenso de todos los bloques del Senado. "Quiero resaltar la madurez política que hubo en el seno de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, de introducir modificaciones al proyecto, y el esfuerzo para consensuar el dictamen".

"Nuestra provincia necesita una ley de esta naturaleza, y responde por un lado a razones políticas y sociales, y por otro lado a razones jurídicas", manifestó el legislador. "A nivel nacional ya tenemos una ley de ética en la función pública, del año 1999, sin embargo nosotros podemos legislar sobre aquellas cuestiones administrativas que hacen a la ética de la función pública, y es una deuda que tenemos desde hace largo tiempo, con la sociedad y con la Constitución de la provincia".

Larrarte se explayó más adelante en el contenido de la ley que consta de 29 artículos. "Contiene un conjunto de deberes, de prohibiciones e incompatibilidades que alcanzan a todos las personas que ejercen funciones públicas en los tres Poderes del Estado, en los órganos extra Poder, en las organizaciones autárquicas y empresas del Estado, incluso los funcionarios de comunas y municipios".

Asimismo hizo referencia a la autoridad de aplicación de la ley: "No tiene facultades sancionatorias, hace la prevención sumaria, la investigación correspondiente y luego, de acuerdo al resultado de la misma, la remite al Poder u órgano del cual depende el funcionario, para que de acuerdo al régimen legal que le resulte aplicable se determine la sanción".

El texto aprobado

En el objeto se explica que la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función pública "en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal de acceso". "Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona humana en nombre del Estado Provincial o a su servicio do de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos", se indica.

Igualmente, será de aplicación supletoria para los funcionarios de municipios y comunas que no tengan Carta Orgánica u Ordenanzas que regulen la materia.

Dentro de los deberes de los funcionarios se menciona el de cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional y Provincial, las leyes y los reglamentos vigentes; la observancia de los principios y pautas éticas establecidas en la ley: honestidad, probidad, rectitud, prudencia, justicia, equidad, eficiencia y transparencia de los actos públicos; velar por los intereses del Estado Provincial; no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones; proteger y conservar la propiedad del Estado Provincial; y abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales, entre otros aspectos.

En cuanto a la observancia y sanciones, se señala que serán conforme a la gravedad de los hechos, desde apercibimiento, suspensión, cesantía o exoneración, hasta inhabilitación temporal o absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público electivo o no.

Más adelante se fija el contenido de la Declaración Jurada que están obligados a presentar los funcionarios, y que deberá contener una nómina detallada de los bienes propios, de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores en el país o en el extranjero.

En especial se detallarán bienes inmuebles, incluyendo sus mejoras; bienes muebles registrables; otros bienes como obras artísticas, joyas y los derechos intelectuales, títulos, acciones, fideicomisos y demás valores. Lógicamente se incluyen los depósitos en bancos u otras entidades financieras, créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes; y un detalle de los ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales.

También los "ingresos extraordinarios acumulados durante el año anterior al de la fecha en que se torna obligatoria la presentación de la manifestación de bienes, cualquiera fuera el origen de los mismos, cuando superen el 50% de la remuneración anual habitual del funcionario".

El proyecto fija también la forma de establecer la valuación de esos bienes. Señala igualmente que la declaración jurada de bienes se presentará en sobre cerrado y lacrado, tendrá carácter de secreta y podrá ser abierta solo por solicitud escrita del declarante o de sus sucesores, por decisión del juez competente o por requerimiento de la Autoridad de Aplicación.

También en el artículo 10 se estipula la posibilidad de realizar una Declaración Informativa. Se podrá presentar una declaración informativa, que será sintética, de carácter público, conteniendo un resumen de la información patrimonial del declarante, comprendiendo los bienes de su titularidad y de su cónyuge, si fueran gananciales. Los nombres de quienes hayan presentado las declaraciones informativas, se publicarán en el