Un diputado propone instalar inhibidores de señal de celulares en cárceles

Mediante un proyecto de ley presentado esta semana en la Cámara baja de Entre Ríos, el diputado Nicolás Mattiauda (PRO-Juntos por el Cambio), propone una nueva regulación de las comunicaciones telefónicas de los internos en las cárceles, mediante la aplicación de inhibidores de señal para el uso de dispositivos móviles ingresados ilegalmente a las unidades penitenciarias de la provincia.

Para el legislador de Gualeguaychú, la iniciativa tiene como objetivo lograr que el Estado brinde respuestas concretas a las diferentes modalidades delictivas que se llevan adelante mediante la utilización de celulares ingresados ilícitamente en las cárceles.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador integrante del interbloque Juntos por el Cambio, mencionó diversos hechos irregulares acontecidos por el uso de celulares en las cárceles de la provincia. Entre ellos, el más reciente es el que se conoció a principio de mes cuando en la unidad penal de Victoria, penitenciarios descubrieron un pozo de un metro de profundidad donde los internos escondían dispositivos móviles que utilizaban, entre otras cosas, para realizar video llamadas.

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Mattiauda argumentó además que “se han constatado a nivel nacional, diferentes modalidades delictivas que son llevadas a cabo mediante celulares ingresados ilícitamente en los establecimientos penitenciarios. Algunas de estas modalidades son los secuestros virtuales, las extorsiones a comercios y hogares, balaceras con distintos objetivos”.

La propuesta

El proyecto dispone la “prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles” de cualquier índole, para lo cual el Estado deberá proceder “al bloqueo y/o inhibición de toda señal de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios a fin de impedir u obstaculizar el uso de dichos dispositivos de acuerdo a lo que disponga la reglamentación”.

Además de determinar la cantidad de llamadas que podrá hacer cada interno semanalmente, la duración de las mismas y la franja horaria en la que deberán realizarse, la iniciativa propone que las comunicaciones con el exterior se realicen a través de telefonía fija conectada a un conmutador.

De esta manera, la unidad penitenciaria podrá tener un control respecto a quién realizó la llamada y duración de la misma, número y relación con la persona destinataria y si la comunicación se realizó bajo el sistema de cobro revertido, entre otros aspectos.

Nicolás Mattiauda

La iniciativa de Mattiauda propone que “será obligación de la operadora llevar registro de la información suministrada por el interno” y que “en todas las comunicaciones telefónicas procedentes de instituciones carcelarias dependientes del sistema penitenciario provincial, la operadora deberá comunicar al receptor que se trata de una llamada proveniente de la misma, debiendo indicar el nombre del interno respectivo y el número de teléfono gratuito habilitado para efectuar denuncias ante la eventual comisión de delito”.

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Y agrega que en caso de existir sospecha fundada de la posible comisión de un ilícito realizado mediante comunicaciones telefónicas desde una cárcel, “la Autoridad Penitenciaria deberá formular denuncia por ante la Autoridad Judicial correspondiente y simultáneamente iniciará sumario disciplinario conforme a las pautas establecidas en la normativa legal vigente, debiéndose suspender en forma preventiva cualquier comunicación telefónica pretendida por el interno, medida que en ningún caso podrá tener una duración superior a tres meses y deberá ser comunicada al Juez de Ejecución o Juez competente”.

Pedido de informes

Por otra parte, el legislador presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo de Entre Ríos responda diversas cuestiones referidas a la utilización de dispositivos móviles por parte de los internos en cárceles de la provincia.

Otro planteo de Mattiauda referencia el acceso que los internos pueden tener de dispositivos dotados de conectividad en las áreas de recreación, capacitación o trabajo y puedan hacer uso de los mismos con autorización del establecimiento penitenciario.

A su vez, quiere saber si “se han instalado en el ámbito de los establecimientos carcelarios de la provincia inhibidores de señal, para restringir los horarios en los cuales se puede hacer uso de los mencionados dispositivos móviles”.