San José UTE no acatará fallo judicial que ordena incorporar trabajadores de ERSA

La UTE Transporte San José SA no acatará la orden del Juzgado Nacional del Trabajo que le exige incorporar a los 237 trabajadores de la saliente ERSA, argumentando incompetencia jurisdiccional.

En una audiencia que se realizó este jueves en la sede de la Secretaría de Trabajo se evidenció el desacuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) —Seccional Entre Ríos— y la firma Transporte San José SA UTE, adjudicataria del nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná en torno al artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que regula la transferencia de personal en caso de traspaso de establecimiento.

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La UTA presentó una nómina de 237 trabajadores para ser absorbidos por la nueva concesionaria, pero la empresa rechazó la aplicación del artículo al sostener que “no se configura ninguno de los elementos típicos de la transferencia de establecimiento” y que el organismo provincial carece de competencia. Desde la UTA, el abogado Alejandro Becic advirtió que la empresa “primero debe cumplir la orden judicial y luego tendrá derecho a reclamar”, indica APF.

Las partes acordaron un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia para el miércoles 3 de diciembre de 2025, a las 11, a la que se convocará nuevamente a la Municipalidad de Paraná.

El fallo

El fallo establece la admisión de la medida cautelar solicitada por el sindicato; la obligación de absorber al personal de ERSA por parte de la nueva prestadora; la notificación urgente a la demandada mediante cédula; la habilitación para diligenciar la notificación en el día, dada la urgencia; la tramitación por proceso ordinario y la posibilidad de consultar el expediente a través del sistema online del Poder Judicial de la Nación. Además, el juez aclaró que lo resuelto no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto y que la medida es transitoria hasta que exista sentencia definitiva.

La disputa escaló cuando la UTA inició medidas sindicales, lo que motivó la intervención del Ministerio de Capital Humano de la Nación —Secretaría de Trabajo—. Finalmente, el conflicto llegó a la Justicia Nacional del Trabajo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la audiencia, el gremio informó sobre una sentencia interlocutoria del 26 de noviembre de 2025, dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 7, que ordena a Transporte San José S.A. UTE absorber transitoriamente a todo el personal que presta actualmente el servicio, hasta que exista una sentencia definitiva.

El abogado explicó que la resolución ya había sido notificada informalmente y que la empresa “conocía el fallo”. Según informó el letrado, durante la audiencia la empresa anticipó su postura: “La empresa no acatará la resolución judicial y planteará la incompetencia del juez”.

En ese sentido, Transporte San José comunicó formalmente que no cumplirá la orden y presentará un planteo de incompetencia.

Rechazo sindical a los argumentos empresariales

Becic calificó la decisión empresarial como “ilógica” y remarcó que “primero debe cumplirse la orden judicial, y luego se podrá apelar ante la instancia correspondiente”.

El abogado insistió en la competencia del fuero nacional: “La competencia surge de la misma ley sindical. Además, estamos ante la violación o desconocimiento de una ley de alcance nacional como la LCT”. Agregó que “un fiscal ya avaló la competencia del juez al analizar el conflicto”.

La UTA reiteró que iniciará medidas de acción sindical de carácter nacional si el fallo no es cumplido, al considerar vulnerado el derecho constitucional al trabajo y la vigencia de una orden judicial. Becic recalcó las consecuencias económicas: “Esperamos que la empresa reflexione y cumpla la orden. De lo contrario, podría haber denuncias penales y la aplicación de multas diarias (ASTT) que, considerando más de 200 trabajadores, serían millonarias”.

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Críticas a la Municipalidad de Paraná

Un punto central de la postura gremial fue la crítica a la Municipalidad de Paraná, que no asistió a la audiencia pese a estar notificada. La UTA acusó a la comuna de generar el conflicto al no incluir en los pliegos licitatorios el cumplimiento de la LCT y por emitir “un dictamen ilegal e improcedente” que reproducía los argumentos de la empresa para rechazar la aplicación del artículo 225.

El gremio condenó lo que calificó como “la violenta actitud municipal” y anticipó que se reserva el derecho de accionar por daños y perjuicios contra las autoridades.

Según la UTA, la Municipalidad —como titular del servicio de transporte urbano— debe exigir a la concesionaria el cumplimiento del fallo judicial. “El municipio, como dueño del servicio público, debería instar a la empresa a acatar la orden”, sostuvo Becic.