Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto que dispone cobrar por el servicio público de salud a los extranjeros temporarios, transitorios y precarios. Los autores aseguraron que hasta ahora se les ha venido brindando un servicio de calidad y gratuito “en detrimento de los nacionales que muchas veces deben postergar su atención por el colapso del sistema”, se indica en la iniciativa.
Salud pública: proponen cobrar arancel a extranjeros no residentes
Mediante un proyecto ingresado a la Cámara de Diputados de Entre Ríos se proponen cobrar la asistencia de salud a extranjeros sin residencia en Entre Ríos
1 de abril 2024 · 10:34hs
Foto: Archivo Ilustrativa
En su primer artículo se señala que el objeto de la iniciativa es “regular el acceso a la atención sanitaria en el sistema de salud pública provincial a los extranjeros” y que se garantizará tal servicio a quienes tengan la residencia permanente en el país.
Los extranjeros que pertenezcan a las categorías de “residentes transitorios”, “residentes temporales” y “residentes precarios” podrán acceder al sistema de salud, pero con ciertas limitaciones.
En primer lugar, el proyecto establece que no se negará ni restringirá a ninguna persona extranjera la atención sanitaria “en casos de urgencia o emergencia, por enfermedad de aparición súbita o accidente”, pero aclara que “el Estado Provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados”.
En caso de necesitar otro tipo de atención de salud, los extranjeros transitorios, temporales y precarios deberán solventar los costos través de un seguro o por sí mismos.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos fijará los aranceles de cada una de las prestaciones.
Fundamentos de los autores sobre atención a extranjeros
El proyecto es impulsado por tres legisladores que formaron parte de la boleta de La Libertad Avanza y dos de Juntos por Entre Ríos: el autor es Carlos Damasco (Fe y Libertad) y figuran como coautores Julia Calleros (Fe y Libertad), Liliana Salinas (Partido Conservador Popular), Jorge Maier (Juntos por Entre Ríos) y Mauro Godein (Juntos por Entre Ríos).
En los fundamentos del proyecto se expresa que en un escenario de crisis económica creciente “resulta necesario adoptar medidas para racionalizar de manera eficiente los recursos con los que el Gobierno provincial cuenta”.
“La gestión de la escasez es una de las tareas tradicionales de la Administración Pública, que se enfrenta a la necesidad de adjudicar recursos escasos en los ámbitos materiales más diversos, siendo uno de los más importantes el sistema de salud. El problema se da cuando se acrecienta exponencialmente esa escasez y esto pone en serio peligro la prestación de servicios esenciales”, señalaron.
En este marco, es necesario “regular la modalidad de acceso al sistema de salud público para los extranjeros” y tener en cuenta que la ubicación geográfica de Entre Ríos genera que se reciba de manera constante a una gran cantidad de personas extranjeras que solicitan atención sanitaria.
Hasta ahora se les ha venido brindando un servicio de calidad y gratuito “en detrimento de los nacionales que muchas veces deben postergar su atención por el colapso del sistema”, argumentaron y fueron más allá al cuestionar que los entrerrianos y entrerrianas no tengan ningún privilegio por sobre los extranjeros, ya sea en los turnos asignados, medicamentos gratuitos o arancelados, etc, manifestaron los autores del proyecto, al que tuvo acceso APF.
Lugo afirmaron que en tal contexto “urge brindar una solución normativa razonable y acorde a las premisas constitucionales y normativas aplicables en la materia para proteger la sustentabilidad y funcionamiento adecuado del sistema de salud pública frente a la problemática diaria que vive la provincia de Entre Ríos en sus centros asistenciales públicos, más aún en los ubicados en las ciudades fronterizas como Gualeguaychú, Colón y Concordia”.
“Las medidas adoptadas responden a la imperiosa necesidad de brindar una solución frente a la crisis económica que impacta directamente sobre la normal prestación del servicio de salud pública, previendo una modalidad que garantice el financiamiento del sistema público de salud para que pueda ser prestado a todas las personas que lo requieran”, se indica.