Revés judicial para José Allende de la Cámara Federal

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná no concedió un recurso de casación interpuesto por la defensa del exdiputado provincial y dirigente gremial José Allende, en una causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Así se resolvió este lunes, en un fallo al que tuvo acceso UNO.

El tribunal se expidió sobre el recurso de casación deducido por la defensa de José Ángel Allende contra la resolución de la misma Cámara adoptada el 26 de junio, la cual a su vez había confirmado otra del 2 de marzo. Aquella decisión, que ahora se mantiene, fue la de rechazar el pedido de archivo interesado por el Ministerio Público Fiscal y ordenar juez federal interviniente que asuma la investigación.

Al presentar el recurso de casación, la defensa de Allende había argumentado que el rechazo al pedido de archivo de la causa equivalía a una decisión definitiva, dado que provocaría un gravamen de imposible o tardía reparación. Además, había cuestionado los argumentos de la Cámara y aludido a la supuesta afectación de derechos y garantías constitucionales y a la "arbitrariedad" de la sentencia cuestionada.

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UNO / Marcelo Comas

Allende pretendía que se decretara su sobreseimiento o, en su defecto, se hiciera lugar a lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal en coincidencia con la defensa, es decir, se dispusiera la desestimación de la denuncia presentada y su correspondiente archivo.

Sin embargo, para la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, la resolución impugnada no encuadra dentro de las que pueden ser objetadas mediante recurso de casación, ya que no es sentencia definitiva, ni produce el mismo efecto procesal que una sentencia definitiva. Por lo tanto, no concedió el recurso al titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en Entre Ríos. En ese sentido se expidió la jueza Beatriz Estela Aranguren, a cuyo voto adhirieron los otros dos integrantes de la Cámara: Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez.

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Esta causa se inició en agosto de 2012, a raíz de un correo electrónico recepcionado por la Secretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a través del cual un ciudadano manifestó su voluntad de querellar penalmente a José Ángel Allende, Adriana Guadalupe Satler, Diana María Cristina Traverso, Julio Alejandro Allende, Victoria Allende y Carolina Allende, en orden a los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

Aquella denuncia se basó en que se había llevado a cabo un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa técnica del imputado José Allende y el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos, que no habría sido homologado por el magistrado interviniente. En virtud de ello, el denunciante pretendía que se iniciara una nueva instrucción respecto de los delitos que habrían sido reconocidos por Allende.

El juez Daniel Rafecas envió la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. El juez federal de la capital entrerriana, Leandro Ríos –quien luego se inhibió y pasó el expediente a su par Daniel Edgardo Alonso–, decretó su competencia y derivó la instrucción en la Fiscalía. Ante el pedido de los defensores Leopoldo Lambruschini y Julio Federik, el fiscal Leandro Ardoy solicitó el archivo, que ha viene siendo desestimado por la Cámara en sucesivas resoluciones.