Quejas y una renuncia en el concurso para órganos de control

La convocatoria a concursos que dio a conocer UNO para Tesorero General y Contador General de la Provincia, así como para Fiscal y Vocal del Tribunal de cuentas, recibieron cuestionamientos por presuntas irregularidades en la designación de los jurados. Primero, el Consejo de Profeisonales de Ciencias Económicas objetó cambios en las reglas de juego para elegir representantes en el Jurado, al eliminar el sorteo para seleccionar a los integrantes del jurado, que se designaron de forma directa. Ahora uno de los jurados contadores designados presentó su renuncia porque “se dejó de lado el sistema que aseguraba la pureza deseada” para el procedimiento.

Según informó Análisis, en una nota enviada el 3 de mayo al presidente del Jurado de Concurso, Miguel Ángel Arrúa Gobo, el contador Osvaldo Jorge Díaz –uno de los jurados nombrados por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas– declinó la designación para evaluar a los postulantes para cubrir los cargos de Fiscal de Cuentas, Vocal del Tribunal de Cuentas, Contador General y Tesorero General de la Provincia.

“Si bien agradezco la deferencia de haber sido elegido para tal función, debo lamentar profundamente el expresar mi voluntad de no aceptar tal designación en virtud de estar en desacuerdo con la forma en que se ha procedido para concretarla”, expresó el profesional.

Díaz admitió que se había inscripto como postulante para el Jurado “en el convencimiento de que se respetaría la normativa vigente, la cual aseguraba la existencia de un sorteo entre los colegas” que cumplieran las condiciones. “Sin embargo, ahora he tomado conocimiento que se han variado las reglas establecidas y se ha dejado de lado el sistema de azar, el cual aseguraba la pureza deseada en este tipo de convocatoria”, observó el contador.

Díaz alertó que la designación de jurados directa, sin sorteo, “salpica de dudas los motivos que han impulsado mi designación, circunstancia a la que soy ajeno y que me propongo no validar mediante la aceptación pretendida”.

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Por su parte, la ONG “Entre Ríos sin Corrupción” presentó al gobernador Gustavo Bordet un pedido formal de revocatoria contra el decreto que convocó al concurso, porque “algunos aspectos de dicho llamado confrontan rotundamente con la normativa constitucional que rige la materia (…) Solicitamos se suspenda la convocatoria hasta que la misma se ajuste a las condiciones constitucionales que la hacen legítima”.

La organización opositora al gobierno provincial observó que 15 días antes del llamado a concurso se dejaron sin efecto las normas reglamentarias dictadas por el propio gobierno de Bordet durante los años 2016 y 2017, que regularon la forma de realizar concursos para cargos de autoridades en organismos de control provincial. La ONG mencionó que un decreto del gobernador de abril pasado reemplazó otros de 2016, 2017 y 2018.

La entidad advirtió en la nota a Bordet que, una vez designado el Presidente del Jurado, éste no pudo haber tenido tiempo para pedir listas de postulantes a los estamentos que deben participar del Jurado. “Claramente se ha tomado un listado enviado en forma previa y no contemplado en la regulación hecha por el propio Poder Ejecutivo”, aseguró la ONG.

Entre los cuestionamientos, además, se apunta a los representantes de las asociaciones civiles elegidos para el jurado, consignó Análisis. Desde “Entre Ríos sin Corrupción” recordaron que las asociaciones civiles con representación en este Jurado deben tener por objeto principal “la promoción de la transparencia y la ética en la función pública””, mientras que “ninguna de las asociaciones representadas” cumple con el requisito.

Las designadas en la convocatoria al concurso fueron Equal, que en su presentación afirma como su objetivo ”promover la plena igualdad e inclusión en las infancias, las adolescencias, priorizando toda la población LGBTIQ+” y Vidaer (Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos).

Además, cuestionaron que tampoco cumplen, los designados, el requisito de ser contadores.