Los integrantes de Transportistas Escolares Asociados (TRESA) volvieron a pedir a las autoridades municipales de Paraná que se extienda a 20 años la antigüedad permitida de las camionetas utilizadas en el servicio. Actualmente, la ordenanza vigente fija un máximo de 15 años, lo que deja en riesgo de quedar fuera de circulación a varias unidades.
Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar
La ordenanza vigente en Paraná fija un máximo de 15 años, lo que dejará fuera de circulación a varias unidades. Transportistas afirman que no pueden comprar 0Km
Por Vanesa Erbes
4 de octubre 2025 · 09:30hs
Archivo UNO
Transportes escolares elevaron un nuevo pedido a las autoridades municipales de Paraná
“Quienes trabajamos con el Transporte Escolar en Paraná, queremos hacer público nuestro reclamo, frente a la normativa que limita la antigüedad de las camionetas a 15 años. Hoy esta exigencia nos deja en una situación imposible de cumplir, ya que los costos de renovación de los vehículos son altísimos y no están acordes con la realidad económica que atravesamos, por eso pedimos que se nos otorgue una extensión de la antigüedad permitida llevándola a 20 años, como ya sucede en otros lugares del país”, expresaron desde la entidad que nuclea a los prestadores del servicio en la capital entrerriana.
En este marco, aclararon: “No pedimos privilegios, pedimos condiciones justas y razonables para poder seguir trabajando garantizando el servicio que brindamos a cientos de familias. Solicitamos a la autoridades municipales y provinciales, que revisen la normativa, escuchen nuestra problemática y nos den una solución concreta”.
Desde TRESA advierten que, de no modificarse la normativa, unas 10 licencias podrían vencerse entre noviembre y diciembre, afectando la oferta del servicio, que hoy depende de alrededor de 70 unidades en la ciudad.
Peligran fuentes de trabajo
“Necesitamos que se contemple nuestra realidad laboral y económica, ya que de lo contrario muchos transportistas quedamos fuera del sistema, sin posibilidad de trabajar y sostener a nuestras familias, el transporte escolar es un servicio esencial para la comunidad y queremos seguir cumpliendo nuestra tarea, pero con reglas justas”, aseguraron desde TRESA.
En este marco, aclararon que el grueso de los transportistas escolares aún están en proceso de recuperarse del tiempo en que no pudieron trabajar ante las restricciones de la pandemia, cuando sin ingresos acumularon abultadas deudas. Además, la situación económica actual no es la mejor para el rubro, ya que atraviesan una marcada pérdida de la rentabilidad ante los incrementos de los costos fijos, que no siempre pueden trasladarse al valor del servicio para poder sostener la competitividad. Al respecto, la presidenta de TRESA, Silvina Salas, explicó a UNO: “Nuestra situación se agravó a partir de la pandemia, porque estuvimos un año sin poder trabajar. Fue una época en que muchos colegas se reconvirtieron, otros vendieron sus vehículos y los que seguimos adelante quedamos sin ahorros. Hoy cambiar una unidad implica entre 60 millones y 79 millones de pesos, una cifra imposible de afrontar en este contexto económico”.
A su vez, evaluó: “Meterte en un plan de ahorro tampoco es viable. No te beneficia en nada porque nadie te asegura que vas a sacar el vehículo ni en la cuota 1 o en la cuota 10. Al plan de ahorro lo tenés que ir pagando por mes y si uno sale sorteado hay que poner una diferencia de plata importante. Además no son cuotas fijas, porque si el vehículo aumenta también sube la cuota”.
También adquirir un vehículo usado se hace cuesta arriba, y sobre este punto Salas alertó: “Recambiar la unidad por una usada más nueva también está carísimo hoy en día en el mercado y las concesionarias no nos reciben nuestros vehículos, porque ya están fuera para habilitar para transporte, solamente sirven para hacer algún servicio de carga, de paquetería, o algún reparto de algo. También es muy difícil venderla al contado y con esa plata comprar un vehículo usado de modelo más nuevo, porque nosotros siempre nos planteamos que a veces los utilitarios usados están bastante baqueteados, y si en esa opración vos te gastás hasta la última moneda y después se te funde o se te rompe, te quedás sin trabajar y por ende, fuera del sistema”.
La situación en Paraná
Acto seguido, aclaró que los transportes escolares en funcionamiento en Paraná que están prontos a exceder los 15 años de antigüedad tienen el mantenimiento adecuado y están en buenas condiciones: “Nuestros vehículos funcionan de lunes a viernes, los que están en la calle están en buenas condiciones, una porque trasladamos chicos y priorizamos su bienestar, pero además cuidamos nuestra fuente de trabajo y debemos tenerlos en perfecto estado para poder arrancar cada mañana”.
Y agregó: “Todos los años hacemos revisión técnica. Ahora también tenemos la negativa de la Municipalidad de que a los vencidos no les hagan revisión técnica y entonces ahí hay otra gran traba que nosotros tenemos, porque al no haber revisión técnica, teóricamente por ordenanza no podemos circular más como transporte escolar”.
Los transportistas remarcan que no reciben subsidios ni apoyo estatal y que el costo de mantenimiento es cada vez más alto: “Un arreglo de tren delantero cuesta 700.000 pesos, cambiar una puerta corrediza, casi un millón. Son eventualidades que surgen que se suman a los gastos fijos al combustible, impuestos y seguros, mientras la rentabilidad cae porque no podemos aumentar demasiado la tarifa sin perder pasajeros”, señaló Salas.
A la espera de respuesta
Los choferes aseguran que el transporte escolar es un servicio esencial para las familias: “Los padres confían en nosotros porque saben que sus hijos viajan seguros, que los esperamos hasta que entren a sus casas, que los tratamos con el cuidado que merecen. No se trata solo de llevarlos de un punto a otro, es un trabajo personalizado”, agregó la referente.
“Si no se nos da una respuesta, muchos quedaremos fuera del sistema, mientras la competencia informal sigue creciendo sin controles. Nosotros tributamos la tasa correspondiente, el ingreso bruto, el aporte jubilatorio, pero sentimos que nos expulsan de un sistema por no comprender que la situación por la que no recambiamos los vehículos también es ajena a nosotros”, lamentó Salas, quien subrayó que el sector espera que el pedido sea atendido en el corto plazo, ya que de lo contrario se pondrá en riesgo tanto la fuente laboral de muchos transportistas y de la calidad de un servicio que cada día utilizan cientos de familias paranaenses.
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