Panadería Roma, con 38 años de trayectoria y 10 empleados, en riesgo de desalojo por el CGE

La reconocida panadería Roma de Paraná, un negocio familiar con 38 años de historia y tres generaciones de panaderos, se encuentra en una situación crítica tras recibir una orden de desalojo en solo 10 días por parte del Consejo General de Educación (CGE). Se trata de la sucursal que está ubicada en Echague y Alsina, inaugurada hace poco tiempo. La medida pone en jaque no solo una importante inversión económica realizada, también diez puestos de trabajo genuinos y una tradición arraigada en la comunidad. El local donde funciona tiene contrato de alquiler hasta el 2026, pero a raíz del fallecimiento del dueño del mismo, surgió una complicación por falta de herederos y denuncian que quieren desalojarlos sin respetar el acuerdo firmado.

Roma fue fundada hace 38 años por Mario Lanzi. Su hija, Sandra Lanzi (segunda generación) y luego su nieto, Iván (tercera generación), continuaron con el legado. “Tengo hermanos, primos y tíos en el rubro panadería. Nuestros familiares vinieron de Italia, un 50% de los Lanzi somos panaderos. Mi abuelo era propietario de La Estrella y mi papá creó Roma. Mis tíos heredaron el oficio y trabajaron juntos, pero papá se apartó y emprendió solo. Fundó la primera panadería a la vista en la ciudad, que estaba en calle Ramírez y Fraternidad, y luego continuó en sociedad con un hermano hasta que se retiró”, explicó tiempo atrás Sandra. También describió que su vida está atravesada por este oficio desde que tiene memoria y aprendió viendo trabajar a sus padres desde pequeña. "Nacimos entre las harinas", aseguró.

Hace aproximadamente un año, la familia decidió expandirse y alquiló un nuevo local en Echague y Alsina, con el objetivo de abrir una sucursal. La inversión en esta nueva sede fue muy grande. Según indicó a UNO Sandra Lanzi, el galpón estaba en ruinas y requirió una refacción completa de seis meses. "Tuvimos que refaccionar ese galpón entero, incluyendo techos, la parte eléctrica e instalaciones de gas, todo", dijo Lanzi. La magnitud de la obra llevó a la familia a tomar créditos, incluso a vender un auto para financiar las mejoras.

Herencia vacante

El conflicto surgió cuando el propietario del local falleció sin dejar herederos. Esta situación, conocida como "herencia vacante", hizo que la administración del inmueble pase por ley al Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, tras un proceso judicial. La abogada de la panadería, Bárbara Albarenque, subrayó a UNO a que, históricamente, desde el CGE "nunca le dieron tanta bolilla a las herencias vacantes. Ahora están interesados porque es un local comercial que está a punto, arreglado, está habitable y que recién recibe una inversión", consideró.

La amenaza de desalojo

La familia Lanzi aseguró que están al día con el pago del alquiler, sin embargo fue drástica la postura del CGE: una carta documento intimando el desalojo en tan solo 10 días con la intención de "rescindir el contrato anticipadamente".

Según les indicaron, las autoridades del Consejo pretenden instalar una oficina pública en el lugar. La abogada Albarenque enfatizó sobre lo absurdo de la situación: "Quieren poner una oficina pública y para eso echar a la calle los trabajadores privado, empleo genuino".

Ante esta "crisis externa", como la califica Bárbara Albarenque, se iniciado un procedimiento preventivo de crisis de empresa. Si bien este mecanismo podría permitir el despido de trabajadores con el 50% de indemnización (artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo), la intención de la panadería es la opuesta: "La empresa quiere continuar, no quiere ni reducir los trabajadores ni despedir a nadie".

Lanzi insistió en que la panadería Roma es fuente de diez puestos de trabajo y un ambiente donde los empleados se sienten parte de una familia. Sandra Lanzi destaca que son "gente con capacitación que todos los días apostamos a mejorar producto y atención". Además, la panadería estaba en proceso de expansión, buscando contratar a dos personas más (una pastelera y un ayudante de panadero).

Solicitaron formalmente a la Secretaría de Trabajo una audiencia conciliatoria, pero hasta el momento: "Nadie del CGE levantó el teléfono o vino a explicar por qué tomaron esas decisiones", lamenta Albarenque.

La familia Lanzi pide "que se respete el contrato. Ellos incluso tenían proyectado renovar el contrato de alquiler", dijo la abogada.