Las partidas de comedores aumentaron un 25% en septiembre

Ante la gran demanda de comedores y merenderos comunitarios en la provincia de Entre Ríos, el director del organismo entrerriano, Lautaro Azzalini, habló de la situación irregular con la que se encontró y las decisiones que toman desde el Gobierno, con la política alimentaria como eje.

En este marco, reveló que hallaron "serias irregularidades con el personal, que trabajaba sin cobrar, 10 comedores subsistían con una sola tarjeta, no actualizaban nóminas, o vivían en el exterior". El funcionario afirmó que presentaron las denuncias ante esos casos".

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La emergencia alimentaria

En La Mañana de La Red (FM 88.7) Azzalini explicó en torno a la emergencia alimentaria y el aumento de personas en situación de calle o pidiendo comida: "Nosotros no somos ajenos a la crisis, Entre Ríos no escapa a lo que le pasa a todo el país. La recesión económica a hecho mella y hay un aumento de la pobreza, con una crisis similar a la del 2001".

En este marco detalló que "las partidas estaban completamente desfasadas con lo que era la inflación y empezamos a trabajar para que aumenten. En las de septiembre hemos aumentado un 25% más, lo que nos da, hasta ahora, un incremento del 119%. Estamos 32 puntos por encima de lo que indica la inflación, que es de un 87%".

"Nos da tranquilidad, no se está perdiendo el poder de compra en los comedores, que es lo que nos importa. Lo que buscamos como organismo es que los chicos puedan adquirir los micronutrientes necesarios para concurrir a los colegios. En base a eso, que no pierdan capacidad de prestar atención, que puedan estar despiertos y todo lo que no reciben en su casa. Ese es el programa que la Dirección de Comedores intenta cubrir y cumplir en relación a la comida", expresó.

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Comedores comunitarios y el rol del Estado

En relación a los comedores y merenderos comunitarios que solicitan un aumento de partidas y la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, Azzalini aclaró: "En los últimos dos años se han abierto comedores por doquier sin ningún tipo de control: qué comedores había, por qué, si estaban cerca, cuántos había en el barrio. Directamente se abrían cuando se acercaban las fechas electorales, cumplían y nunca más revisaban la nómina".

"Desde que asumimos empezamos a hacer ese trabajo de control con las organizaciones sociales, con las Iglesias que están en los barrios, que es muy valorable lo que hacen y nos dispusimos a ayudar. Les dijimos que el Estado tiene a la política alimentaria como eje en esta gestión. A contrapartida, les pedimos un montón de cosas: hay 33 comedores que antes tenían una nómina totalmente desfasada y la acutualizaron, de la mayoría no se obtiene respuesta. A aquellos que han cumplido los ayudamos. Pedimos saber qué días van, a dónde, qué tipo de servicio brindan y a cuánta gente", señaló el funcionario.

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El director de Comedores se manifestó "tranquilo" al tener "la certeza de que están controlando los espacios": "Hoy muchos de los que critican descubrieron la pobreza. No es un tema de ahora, son lugares donde hace años la están pasando mal y hace años no hay políticas pensadas para ellos. Me llama la atención que lo empiecen a recriminar ahora. A pesar de eso, estamos dialogando con todos, nadie puede decir que desde este espacio nunca fue atendido porque nos juntamos con todos. Todos nos exigen y está bien porque para eso están, pero a cambio estamos pidiendo algún tipo de contralor que nos permita estar tranquilos de que estamos invirtiendo bien, para evitar lo que pasó antes. La transparencia y la trazabilidad de datos son cruciales".

"Se presentaron con los papeles 21 comedores comunitarios que no recibían ningún tipo de ayuda del Estado, que lo hacían todo a pulmón y en base a donaciones y los fuimos a ver", agregó. En cuanto a "Sonrisas para mi barrio", ubicado en barrio San Agustín, aseguró que recibían fondos "desde noviembre de 2021 y se le dejó de dar asistencia en julio de 2023. En ese período nunca rindieron los documentos, las facturas. Entonces la gestión anterior tomó la decisión de darlo de baja. En eso tenemos que ser claros: a la provincia no le sobran recursos, entonces pedimos que cuando se otorga una asistencia, haya una contraprestación, que es mostrar en qué se usan los fondos. Recibir fondos públicos no es un derecho, te genera obligaciones. Las puertas están abiertas para encontrar soluciones".