INADI: la delegación de Entre Ríos defiende su rol social

El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni anunció ayer que el Gobierno decidió “avanzar” con “el cierre definitivo” del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como parte de la reducción de la estructura estatal decida por el presidente Javier Milei. El Inadi fue creado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, por medio de la Ley 24.515.En Entre Ríos, la delegación trabaja de manera articulada con municipios y organizaciones no gubernamentales para ayudar a quienes denuncian algún tipo de discriminación.

Además, el gobierno nacional, a través del Decreto 167/2024, prorrogó la intervención del organismo por 180 días y designó como interventora a María de los Ángeles Quiroga.

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En comunicación con UNO, Melisa Albornoz, delegada provincial del instituto, explicó: “Veníamos de un proceso desde diciembre, donde estábamos incorporados dentro de la Ley Ómnibus, en el artículo 348, en donde se pedía la disolución de la Ley 24.515 que es la que crea al Inadi. En ese entonces se pedía el cierre del organismo, luego se dio marcha atrás con la Ley Ómnibus y no tuvimos más información. Ayer nos encontramos con la noticia de Adorni, pero hasta el momento no tenemos nada oficial”.

En este sentido, puntualizó que tampoco hay novedades en lo que conlleva al cierre de un organismo: “Esto lleva todo un proceso administrativo, legal e institucional que me parece raro que el gobierno nacional desconozca. Uno de los primeros pasos que debería hacerse es la derogación de la ley y después ver cómo seguimos en este proceso. También hay una animosidad contra el organismo y sus trabajadores y trabajadoras, dicen que no sirve para nada. En este contexto social tan difícil entiendo que también largan una noticia para enfocar la atención de la sociedad en otra cosa, como viene sucediendo con la pelea con artistas, para no poner la atención en lo que verdaderamente importa, que es el brutal ajuste que está sucediendo a nivel nacional, lo que conlleva a nivel provincial y municipal”.

Y cuestionó, “¿Qué modificación le trae hoy al Gobierno el cierre del Inadi? ¿Van a arreglar el 57% de pobreza que hay a nivel nacional? No. Hay una animosidad contra trabajadoras y trabajadores que trabajan todos los días y son sumamente eficaces”.

Agregó que los trabajadores hacen sus tareas con empeño, muchas veces sin recursos: “Como delegación ni siquiera contamos con una oficina propia, estamos de prestado hace tres años en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Somos seis trabajadores para toda la provincia”. Por esta razón, agradece la articulación con municipios y asociaciones, para poder llevar a cabo actividades de concientización o prevención.

En relación a la labor del Inadi, explicó que tiene un rol social relevante y decir que no sirve es implicar que la sociedad a la que atiende tampoco sirve: “No interesan las discapacidades, las diversidades. No es algo que esté en la agenda del Gobierno, lo cual es preocupante”.En este sentido,

Albornoz amplió: “La provincia ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de denuncias por discriminación. La primera razón aparece en el ámbito laboral y la segunda en el ámbito educativo”.

En ese marco, la referente invita a reflexionar qué se haría con esa problemática, cómo se seguiría trabajando: “Siempre remarqué que el Inadi solo no puede combatir la discriminación, hace falta la articulación entre las distintas instituciones del Estado. Son temas muy difíciles de llevar a la sociedad, vivimos en una provincia muy conservadora que a pesar de todo el adelantamiento que se ha producido con las leyes que tenemos, sigue siendo conservadora y cuesta romper el hielo para hablar de algunos tipos de discriminación. Es un camino de hormiga que se produce a lo largo del tiempo. Es preocupante quién va a llevar a cabo estas políticas públicas, porque todavía no tenemos novedades sobre lo que pasará”.

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En Entre Ríos se busca generar mayor conciencia sobre la discriminación, que puede tener efectos devastadores.

Aclaró: “Desde el 10 de diciembre seguimos trabajando como veníamos trabajando, incluso sin tener autoridades a nivel central porque la nueva autoridad fue designada hace cuatro días, lo cual es contradictorio. Ni ellos se están poniendo de acuerdo sobre lo que van a hacer con el organismo”. Hizo hincapié: “La discriminación es una cuestión social que nos afecta a todos, altera al sistema familiar. Por ejemplo, cuando discriminan a tu hijo, no le dan banco en la escuela. No es sencillo”.

En cuanto a la relación con el Estado provincial, la delegada mencionó que hace menos de un mes tuvieron una reunión con la directora de Derechos Humanos, Gracia Jarolavsky, donde demostró interés en las políticas públicas del organismo: “Sus palabras fueron que hasta que el organismo estuviera abierto era fundamental seguir trabajando articuladamente, pero hasta el momento no hubo ninguna comunicación para decir que nos apoyan en este reclamo o que están en contra del cierre del organismo”.

Medidas de fuerza

Melisa Albornoz precisó que desde ayer los trabajadores de la delegación se encuentran en estado de asamblea permanente y en comunicación con todas las instituciones, asociaciones y ONG con las que trabajan para evaluar las próximas tareas que llevarán adelante. Dijo: “Contamos con un gran apoyo de todas las personas con las que hemos trabajado”.

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