Continúa la incertidumbre de los trabajadores de Caminos del Río Uruguay S.A. (Crusa) que penden de un hilo para saber por su continuidad laboral. Es que el gobierno de Javier Milei decidió poner final a la concesión de la empresa que opera las rutas 12, 14 y 174 que une a Victoria con Rosario.
Fin de concesión e incertidumbre en 500 trabajadores del Corredor Vial N°18
El Estado a través de Vialidad Nacional pasará a controlar las rutas 12, 14 y 174 desde el 9 de abril. Conflicto con los trabajadores y medida de fuerza.
20 de marzo 2025 · 18:10hs
La medida de fuerza se lleva a cabo este jueves con el levantamiento de las barreras.
Son cerca de 500 personas que no tendrían su continuidad laboral debido a esta determinación por lo que pasará a manos del Estado mediante Vialidad Nacional. De esta manera, con el fin de la concesión prevista para el 9 de abril, se dejaría de cobrar peajes hasta tanto se llegué a una nueva privatización. Justamente, en la tarde de este jueves asistirá al Peaje Yeruá de Concordia, Florencia Cañabate que es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y afines (Sutpa). Al mismo tiempo, la medida de fuerza es el levantamiento de las barreras en tres turnos por espacio de tres horas cada una.
Fueron cerca de 30 años que Crusa opera en el mantenimiento del Corredor Vial N°18, la ruta más importante del Mercosur y con esta finalización se deberá esperar quién controlará los casi 700 kilómetros de extensión.
A priori se espera que serán varios los meses en los que el gobierno concesione la ruta, ya que al momento no están los pliegos para los oferentes, luego de que en febrero el Gobierno abriera una audiencia pública para buscar una nueva empresa.
Crusa se encuentra en concurso preventivo y tiene una causa contra el Estado en el que reclama una indemnización de 300 millones de dólares por incumplimientos contractuales. Inclusive, desde la empresa responsabilizan al gobierno por su situación financiera, debido a la falta de actualización tarifaria. Destacaron que mientras que Corredores Viales recibió en 2023 un aumento del 200% en los peajes, a Crusa solo se le autorizó el 100%, lo que consideran insuficiente para cubrir costos. “Cuando pasan los camioneros por ruta 14 les llama la atención lo barato que está el peaje para ellos”, confió un operario del Peaje Yeruá.
Por lo pronto, se conoció que el Sindicato Único de Trabajadores de Concesionarias Viales y afines de la provincia de Santa Fe (Sutracovi) realizará una manifestación para visibilizar la problemática. Esto será el próximo jueves 27 desde las 10.
Desde el sector explicaron que buscarán exponer “ante los usuarios la grave situación que enfrentan los trabajadores viales ante el inminente fin del contrato de concesión y la falta de respuesta por parte de las autoridades”. Ese día se realizará una volanteada y una convocatoria a los medios de comunicación de Rosario y la región, además de estar abierta a representantes de los distintos sectores afectados por la finalización de la concesión”.
El plenario de Sutracovi llamó “a la participación activa de todos los trabajadores y trabajadoras del sector, así como a la sociedad en su conjunto, para exigir soluciones y garantizar la continuidad laboral y la seguridad vial en el puente Rosario-Victoria”.
Audiencia de los trabajadores
Cabe destacar que el pasado lunes, a pedido de Caminos del Río Uruguay se realizó una audiencia en el Juzgado Comercial N° 9 a efectos de tratar de lograr una extensión del plazo de la concesión del corredor vial hasta que se designe y asuma un nuevo operador, adjudicatario de la licitación dispuesta por el Decreto 28/2025.
Destacaron que la reunión fue dirigida por la jueza Paula Hualde y participaron representantes de Caminos del Río Uruguay S.A., de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Secretaría de Transporte, la Sindicatura del concurso preventivo de acreedores y los Sindicatos del sector vial, Sutpa y Sutracovi.
Desde Crusa precisaron que “se expusieron posibles soluciones a los representantes del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados, evitando un perjuicio innecesario a la fuente de trabajo. Se manifestó también que, además de la preocupación por la pérdida de los empleos directos de más de 500 trabajadores, se producirá la afectación a las contrataciones indirectas y la disminución del movimiento comercial que hoy genera la actual concesionaria”.
Asimismo, se expresó “que existe una gran preocupación por la seguridad vial para los usuarios y por el mantenimiento de la ruta a partir del próximo 9 abril, cuando el contrato concluya, y se levanten las barreras y no exista un nuevo concesionario para operar el corredor hasta dentro de varios meses o años, ya que aún no hay siquiera un pliego definitivo de licitación y ésta llevará mucho tiempo hasta su adjudicación definitiva”.
“La Sindicatura concursal también adhirió a la preocupación que le genera la suerte de los empleos, la conservación de la fuente de trabajo y la seguridad de las rutas hasta que exista un nuevo operador vial”, agregaron.
Desde Crusa indicaron que en la audiencia la contradicción de esta medida por parte de las “autoridades del actual Gobierno toda vez que, mientras se proclama públicamente por las autoridades una reducción del Estado en sus diversas áreas y una vocación infranqueable de reducir el gasto público, la decisión de terminar el contrato de concesión pública a CRUSA el próximo 9 de abril sin haber completado un proceso de licitación pública y sin haber designado un nuevo concesionario privado”.
Y agregaron: “ello conllevará necesariamente que el Estado deba afrontar los costos del mantenimiento del Corredor Vial N°18 durante todo el período que conlleve el proceso licitatorio hasta que se designe y asuma un nuevo Adjudicatario, lo cual resulta de plazo incierto por las vicisitudes que pueden ocurrir, implicando ello incurrir por parte del Gobierno y del Estado Nacional en un mayor gasto público siendo que ello podría evitarse extendiendo la concesión actual a Crusa, que resulta una empresa privada, hasta que se designe un nuevo concesionario, y se evitaría con ello también los perjuicios que se le ocasionarán a sus empleados por la pérdida de los puestos de trabajo que el Poder Ejecutivo no contempla traspasar al nuevo adjudicatario en el Pliego Licitatorio en contradicción a sus actos anteriores”.
Tras este encuentro no hubo un comunicado por parte del estado y de acuerdo a lo indicado en Clarín “la respuesta en off de un funcionario fue que el Gobierno no se hará cargo. ‘Es un problema de la empresa que deberá resolverlo. Vialidad Nacional no se hará cargo de la continuidad laboral de los empleados de una empresa privada’, dijo”.
En cuanto al aumento que se le dio del 100 por ciento una fuente del sector indicó: “Esencialmente la empresa reclama que les reconozcan la actualización de tarifas que les dieron a Corredores Viales y a ellos le dieron la mitad. Eso fue el año pasado y no sucedió. Están en concurso de acreedores ahora homologado y con un juicio al estado por 300 millones de dólares”.
El sector advierte que la falta de mantenimiento y servicios en las rutas puede derivar en un escenario crítico. Actualmente, Crusa gestiona servicios de emergencia y asistencia mecánica, esenciales en una traza de casi 700 kilómetros.
Desde el sindicato de empleados de estaciones de peaje (Sutba), que históricamente manejó Facundo Moyano, ya se manifestaron sobre el asunto. “El próximo 8 de abril vence el contrato de concesión y hasta el momento no se ha informado cómo se garantizará la continuidad laboral de los trabajadores ni quién se hará cargo de las indemnizaciones que a cada uno le corresponden por los servicios prestados en la empresa”, dijeron.
Por último, desde Crusa explicaron que “ante la falta de una propuesta concreta de la Secretaría de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad, que tenga en cuenta evitar los daños innecesarios que se ocasionarán a las más de las 500 familias que dependen del corredor vial, se dio por concluida la audiencia, instando la magistrada a que el Estado Nacional analice el procedimiento licitatorio a seguir, el que seguramente se verá afectado por acciones judiciales y medidas cautelares, que los distintos perjudicados inicien y que incluso puede generar riesgos a los futuros interesados en la explotación del corredor vial del Mercosur”.