El Gran Paraná apela a la ciencia para cerrar la grieta

La paradoja de llamar Convención Constituyente 2008 a una calle que no la honra, por las humaredas; y la ausencia de una mirada "de cuenca" en el Gran Paraná.
9 de abril 2023 · 10:00hs

El más reciente encuentro entre vecinos de Colonia Avellaneda, en el Gran Paraná, y funcionarios de su Municipalidad, también vecinos, en presencia del juez Martín Furman y representantes de los ministerios públicos, encaminó el litigio sobre el destino de los residuos hacia un posible acuerdo: escuchar lo que indique la Universidad Nacional del Litoral sobre el asunto.

La Comisión Vecinal del barrio Los Zorzales y los secretarios comunales aceptaron esta semana un compás de espera, por un dictamen pendiente de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Mientras tanto, la justicia pide un presupuesto a la UNL en busca de un estudio independiente que determine si el actual sitio de descarga es adecuado, considerando la distancia con los habitantes, con el arroyo, con las piletas cloacales, y otros temas relacionados con el entierro de residuos por años en el lugar.

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La severidad de los términos en las presentaciones escritas de las amparistas y de la defensa del municipio no se observó, en cambio, en las conversaciones informales, mano a mano, logradas tras la intervención de la Justicia. Nunca más palpable la disociación entre lo escrito y lo hablado. Es notable lo que logra la creación de un clima agradable.

Tras años de estancamiento y retroceso, con responsabilidades de los estados local, provincial y nacional, el horizonte parece ser por ahora la Universidad y sus expertos, además del dictamen del juez que caminó cientos de metros en la zona, preguntando aquí y allá, con todos los interesados.

En el medio queda una alternativa: la Secretaría de Ambiente de la provincia. Funcionarios de ese organismo conversaron con sus pares del municipio y no lo hicieron con la otra parte, los miembros de la Comisión Vecinal, aunque contactaron a su presidenta, la joven Evangelina Márquez, con la intención de dialogar y la dejaron en espera.

Esa Vecinal denunció el descontrol en el basural: fuegos, humaredas, con efectos sobre la salud de la población por su cercanía de entre 100 y 200 metros, cuando las normas actuales dicen 1.000 metros.

Sin inversiones

Ambas partes sentadas frente a frente en la audiencia reconocieron que en la ciudad de Colonia Avellaneda no hay inversión alguna en el predio donde se tiran los residuos sólidos en la actualidad, cercano a Los Zorzales; de ahí la resistencia barrial. Una resistencia que viene de lejos por los residuos líquidos y sólidos sin tratar, y la contaminación del suelo, el agua y el aire. Ya en 2006 había manifestaciones y cortes de ruta. Los vecinos advertían entonces que las cloacas terminarían en el arroyo Las Tunas. Y el tiempo les dio la razón. El especialista Jorge Daneri comentó esta semana, al lado de las cloacas, que la situación de “desastre” en los arroyos se hubiera prevenido o morigerado si existieran los comités de cuenca que habilitó una ley en la provincia, y lamentó que esa norma no se hiciera práctica por falta de reglamentación.

Los problemas han ido empeorando, sin que faltaran promesas de traslado, incumplidas todas.

El volcadero de la calle “Convención Constituyente 2008” de Colonia Avellaneda incumple varios artículos firmados por esa Constituyente hace 15 años sobre temas ecológicos. No hay tapiales ni cimientos de ninguna obra, tampoco tejido perimetral, ni alambrado siquiera, ni puerta de acceso, ni demarcación, ni equipamientos, ni obreros capacitados en el tema para el reciclado, ni se ha impermeabilizado el suelo, ni hay luz eléctrica ni cloacas ni gas ni camino afirmado. La basura no llega separada en origen ni recibe tratamiento alguno. Nada de nada. Y existen, sí, terrenos aledaños por donde se pueden observar tres caminos de ingreso sin control. Se trata sencillamente de un vertedero a cielo abierto que se desborda por los caminos adyacentes, hasta inhabilitarlos a veces para el tránsito, y con sus quemazones suele incendiar pastizales y bosquecitos aledaños a las puertas de las casas nuevas del barrio Los Zorzales, calle Teniente Giménez de por medio. Como una paradoja, esa precariedad absoluta facilita la demorada decisión del traslado. Y es que los barrios nuevos tienen prohibido instalar sus depósitos de residuos a menos de 1.000 metros de las viviendas, y aquí la obra nueva será un basural en orden.

¿Todos de acuerdo?

Las autoridades comunales también reconocen, de manera pública, que compraron el terreno para evitar al municipio un juicio de proporciones del propietario, que consideraba usurpado su lote por el depósito ilegal de residuos realizado por el mismo Estado. No fue, entonces, una decisión basada en criterios ecológicos o de acuerdo a las leyes referidas a la gestión de residuos, aunque la adquisición se realizó en 2020, tres lustros después de la sanción de la Ley nacional 25.916/2004 (de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de residuos domiciliarios), que dio a los municipios un margen de 10 años para la adecuación a las disposiciones sobre la disposición final de residuos domiciliarios. “Transcurrido ese plazo, queda prohibida en todo el territorio nacional la disposición final de residuos domiciliarios que no cumpla con dichas disposiciones”, reza la norma. Su artículo 6 apunta que las autoridades “establecerán sistemas de gestión de residuos adaptados a las características y particularidades de su jurisdicción, los que deberán prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población”.

El actual intendente Ariel Weiss firmó una carta al ministerio de ambiente de la nación reclamando contra el basural y las lagunas, por su estado y su cercanía con las viviendas, y detalló los efectos nocivos sobre la salud de los niños, con detalles. Lo hizo junto a otros vecinos cuando era candidato a intendente, en 2019, en una misiva dirigida al entonces ministro Sergio Bergman. Se dirá “promesas de campaña”. Pero luego de asumir firmó un Acta con la Comisión Vecinal de Los Zorzales en 2020 en la que se comprometió a trasladar el basural y también las lagunas sanitarias porque no están ubicadas, tampoco, en un sitio razonable. Los dos firmantes por el barrio, Sergio Strak y Nancy Arrúa, forman parte de la Comisión Vecinal actual.

Pese a los dos documentos, el municipio decidió luego comprar el terreno, y hace pocos meses le sumó dos cavas enormes. El material extraído por una empresa D.B. fue trasladado en decenas de camiones en enero pasado hacia la obra de extensión de la Circunvalación de Paraná, como lo constataron los vecinos con la sencilla práctica de seguir los camiones que pasaban por calle Bertoldi hacia la ruta, hasta su destino en una montaña de la calle Hernandarias de Paraná. Esto es lo que terminó de convencer a la Vecinal de que se estaban dando pasos para perpetuar el basural ante sus ojos, contra las promesas.

Causas contribuyentes

Las vecinas denunciantes en esta ocasión por la Vecinal, Evangelina Márquez y Yanina Gómez, entendieron que todas las vías se habían agotado y no había otra alternativa que un Amparo. Frente a su denuncia, los funcionarios reconocieron la situación y aseguraron que faltaban pagos de la provincia para completar las prometidas piletas sanitarias, que la nación había aceptado un lugar inadecuado para esas piletas, que las gestiones anteriores no se ocupaban del problema, y que el lugar de descarga de los sólidos obedecía a una iniciativa para resolver una usurpación y evitarse un juicio. Además sostuvieron que el basural está más chico que hace un año, porque parte de la basura está enterrada y parte se compacta y se envía a Paraná, debido a que en su momento llegaron fondos nacionales para atender el problema de los residuos y los captó la capital entrerriana, en desmedro del Gran Paraná. Además reconocieron que los camiones recolectores son vetustos. Las causas son diversas, como varios los responsables. Incluida la falta de prevención (señalada por los funcionarios), al momento de construir barrios muy populosos sin la suficiente atención de los servicios necesarios. La falta de recursos de la comuna se debe, dijeron, al crecimiento demográfico abrupto no registrado aún por la provincia por las demoras del censo nacional que debía realizarse en 2020, se hizo en 2022 y aún en 2023 no ofrece datos precisos sobre la población en las ciudades. De ahí se deriva una presunta injusticia en la distribución de fondos.

Todas estas explicaciones más o menos atendibles deslindaron responsabilidades y a la vez ratificaron la intersección de problemas actuales que se potencian mutuamente, contra la salud y el bienestar en el barrio Los Zorzales. Arroyos convertidos en cloacas a cielo abierto, vertederos descontrolados, quemazones, humaredas, olores nauseabundos. En el momento en el que el juez Furman recorría el predio llegó una camioneta cargada y se creyó que iba a volcar residuos en el basural, pero en verdad el conductor comentó a los vecinos que iba a completar la carga. Llevaba rollos de alambre, producto de las quemas de cubiertas. Y el juez ya había visto las cenizas de esas quemas.

Los 1.000 metros

El estado provincial emitió desde la Secretaría de Ambiente una norma que brilla en la constelación de leyes ecológicas, y que está operativa hoy. Hace sólo cuatro meses rige la resolución 3285/22, firmada en diciembre de 2022, que dispone una distancia mínima de 1.000 metros (diez cuadras) desde las viviendas habitadas a las lagunas de tratamiento cloacal y los sitios de disposición final de los residuos sólidos.

Las zozobras de los gobiernos nacional, provincial y municipales en materia ambiental, cuando se trata de tocar actividades económicas que generan ingresos al Estado, se disipan en otros ámbitos en los que puede constatarse una determinación por el cuidado de la salud. Y esto ocurre con la resolución 3285, la más reciente.

Allí establece también que la distancia mínima de las viviendas a los establecimientos de producción intensiva que generen efluentes líquidos debe ser de 3.000 metros.

En los casos en que las lagunas cloacales o los basurales ya estén funcionando a una distancia menor, la nueva resolución deja un margen para reubicarlos. Pero se interpreta que los sitios con residuos amontonados, sin más, es decir, con simples volcaderos, no están consolidados ni mucho menos, de manera que esas localidades se encuentran en condiciones óptimas para alinearse a la nueva disposición.

Un campo pegado al volcadero pertenece a un grupo de empresarios que pretenden lotear para viviendas, y se encuentran con este inconveniente: quedarían a tres pasos del basural, y a cien de las lagunas cloacales, es decir: en ese campo enorme no pueden vivir personas ni criarse vacas ni cerdos de manera intensiva.

Es por ello que, de manera informal, autoridades municipales sugirieron a los empresarios que, si quieren avanzar con su proyecto, colaboren con la búsqueda de un terreno adecuado en otro lugar más alejado para el basural y las cloacas. A esto no lo hacen público, ni la gestión municipal ni los empresarios, pero trasciende porque en las conversaciones han participado más de dos personas.

La Constitución 2008

Si hay luz al final del túnel, el faro parece ser la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional del Litoral -UNL-. El juez Martín Furman espera un presupuesto para solicitar a esa unidad académica que se expida “en relación con el impacto ambiental en el barrio Los Zorzales de Colonia Avellaneda, por la manipulación del centro de disposición de residuos sólidos y urbanos y la falta de tratamiento de dichos residuos”.

Si bien los funcionarios del municipio manifestaron la voluntad de afrontar ese costo, si no es muy alto, lo cierto es que el pedido concreto de un informe universitario se realizará solo si el informe de la Secretaría de Ambiente no conforma a las partes.

La Convención Constituyente de 2008 abordó temas ecológicos en varios artículos, de ahí que en una calle en su homenaje hace ruido, o mejor, humo, un basural desbordado.

Artículo 22: “Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado”.Artículo 56: la acción de amparo “también procederá cuando exista una afectación o el riesgo de una lesión a derechos difusos o de titularidad colectiva, para la protección ambiental…”. Artículos 83 a 86: “El Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad… Establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental”. Artículo 240: competencias municipales... Ejercer el poder de policía y funciones respecto de la “protección del ambiente, del equilibrio ecológico y la estética paisajística. Podrán ejercer acciones de protección ambiental más allá de sus límites territoriales, en tanto se estén afectando o puedan afectarse los intereses locales”.

La mirada de cuenca suele ser señalada por ecologistas e indígenas para referirse a la visión integral de los problemas, sin compartimentos estancos. Biodiversidad, historia, participación de las personas allegadas, cultura, reclamos, salud pública, paisaje, no son temas aislados. En la vida comunitaria que aún persiste en poblaciones chicas puede avivarse la búsqueda de consensos, en caso de que aquellas personas con poder se dispongan al diálogo y los organismos públicos recuperen la confianza y la credibilidad debilitadas. En tanto, Justicia y Universidad parecen vías extremas y eficaces para evitar el mayor deterioro de las relaciones sociales y de la biodiversidad, mientras esperamos pacientes que las autoridades de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde se sienten a una rueda de mate sin que las llame un juez.

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