Diputados aprobaron un pedido de informes sobre descuentos aplicados por Muper y Red Mutual

La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, el miércoles 11, mediante el expediente Nº 28.991, aprobó un pedido de informes presentado por los diputados provinciales Carlos A. Damasco, Liliana Salinas y Yari Seyler.

La solicitud tiene como objetivo que, a través del Ministerio de Seguridad, la Jefatura Provincial de Policía, el Ministerio de Hacienda y Economía u otros organismos competentes, se remita información y documentación sobre el vínculo institucional y/o legal, incluyendo contratos y convenios, que vincula a las instituciones Muper y Red Mutual u otra entidad que preste servicios a través de un código de descuento en beneficio de agentes públicos estatales.

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La Cámara de Diputados aprobó un informe para investigar descuentos de la mutual policial

El pedido de informes también solicita detalles sobre el esquema de utilización del código de descuentos de Muper, así como los montos cobrados en concepto de cuota social e intereses aplicados a empleados de la provincia, entes descentralizados, jubilados y pensionados. Se requiere que esta información esté desagregada de manera mensual durante los últimos dos años hasta la fecha actual.

Asimismo, se solicita que se informe qué porción de esos montos descontados con el código de servicio ha sido financiada por Red Mutual u otras entidades vinculadas, como fideicomisos, y cuál ha sido el costo total que la mutual policial debió abonar por los servicios prestados.

Por último, el pedido incluye requerimientos sobre los convenios firmados entre Muper y la provincia, los cuales actualmente autorizan descuentos únicamente al personal policial. Se solicita que se informe si existe algún proyecto de modificación para extender estos beneficios a otros agentes estatales.

Los diputados firmantes señalaron que esta solicitud responde a reclamos y denuncias recibidas por parte de tomadores de servicios de la mutual policial. Buscan analizar los vínculos comerciales entre las partes, los costos totales que se aplican a empleados estatales y jubilados por cada ayuda social, y cualquier otra información relevante.

Además, destacaron que muchos empleados públicos entrerrianos han promovido pedidos de quiebra debido a situaciones de sobreendeudamiento, lo que aumenta la preocupación sobre la transparencia y el impacto económico de estos servicios.