Conflicto del transporte público

Colectivos: empresas dicen que no les alcanza para sueldos

Empresarios que explotan el servicio de transporte urbano en las provincias afirman que si el Estado no les libera subsidios, podría haber paros de colectivos.

Miércoles 06 de Julio de 2022

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) informó que las empresas prestadoras del servicio de transporte público urbanos y suburbanos no cumplieron con el pago del aguinaldo en varias ciudades del interior del país. Igual suerte podrían correr los salarios del mes de junio, que serán exigibles en pocas horas por los choferes de colectivos.

Según los empresarios, hasta este miércoles no han obtenido respuestas del gobierno nacional al reclamo de $6.500 millones provenientes del Fondo Compensador del Transporte, que los concesionarios consideran "imprescindibles" para pagarle a los colectiveros.

Además, cuestionaron que no recibió aún tratamiento legislativo el dictamen favorable de las Comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación que asigna al sector $59.500 millones para subsanar la "insuficiente asignación" de $38.000 millones del Estado a los privados para 2022.

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Por otra parte, las empresas sugieren la necesidad de aumentar los boletos en las provincias, ya que "las tarifas no son suficientes para compensar el incremento de los precios de los insumos".

Asimismo, advirtieron que la situación se agrava por "el persistente incremento en el precio del gasoil, además de los serios problemas con los que se encuentran las prestadoras para reponer el fluido que consumen".

En conclusión, los empresarios dicen que les resultará "imposible garantizar la regularidad y continuidad de los servicios en el interior del país", ya que la situación les puede provocar "reclamos e interrupciones en la prestación". Es decir, que se avecinan paros de colectiveros en exigencia de pago de salarios y aguinaldo.

Por lo tanto, desde FATAP llamaron a "la responsabilidad de las autoridades competentes en jurisdicción nacional, provincial y municipal" para que adopten "medidas urgentes" para una "razonable sustentabilidad" del negocio y servicio del transporte urbano.

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