Una de las alumnas que denunció por abuso y acoso al docente universitario Conrado Astudilla, expuso en un documento “la excesiva demora en el trámite de juicio académico”, y acusó a las autoridades de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAy CS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) de ejercer “violencia institucional” por la falta de información respecto del mencionado proceso. La petición dirigida al secretario del Tribunal Académico, exige información sobre el expediente 709/18 y en lo inmediato, “el derecho a un proceso razonable y a un trato digno”. Según la denunciante la falta de avance en las actuaciones ha sido una constante, y prueba de ello, en la carta recordó que mantuvo el último contacto con las autoridades el 24 de julio: “En cuya ocasión y en respuesta a mis consultas, me informara que se dispuso con fecha 4 de julio la clausura del período de prueba. Es decir que, siguiendo el correlato de la escasa información recibida, el período de prueba se extendió desde el mes de diciembre de 2018 al mes de julio de 2019. Ello sin perjuicio de lo documentado durante el período de sumaria información que discurrió entre marzo y julio e 2018”.
Caso Astudilla: víctima acusó a la Uader de "violencia institucional"
Mateo Oviedo / UNO
En otro de los puntos objetó que en el período probatorio se admitieron medios de pruebas “redundantes, innecesarios, impertinentes e inconducentes, haciendo caso omiso al pedido o recomendación que oportunamente formuláramos”.
La víctima también hizo pública su inquietud porque considera que la Uader y sus autoridades tienen la actitud de “ocultar y retacear información”, teniendo en cuenta que desconoce el plazo para alegar y cuándo estaría el Tribunal en condiciones de resolver la cuestión.
La denunciante –de la cual se reserva su identidad– contó algunas de las situaciones que le tocó vivir luego de haber hecho público su caso, y que no es el único que involucra al profesor Rudy Astudilla. Una de ellas la enfrentó con un docente: “Luego de haberse enterado de la denuncia por mí presentada, convocó a una reunión de cátedra exclusivamente para reprocharme ante el resto de las y los docentes que –supuestamente y según sus dichos– me había equivocado, que no era ‘la estrategia indicada’ pues le daba el beneficio de la duda y el derecho de ser considerado inocente, que Astudilla no era el único docente con ese tipo de comportamientos o antecedentes”.
Tiempo después –aseguró– se le impidió seguir ejerciendo como docente practicante ad honorem.
El derecho a ser querellante
En otro pasaje del escrito, la víctima dijo sentirse contrariada por la respuesta dada por la institución ante una consulta sobre el proceso de investigación, y en particular sobre la figura del querellante. Concretamente, le comunicaron que podía presentarse como querellante, una cuestión que su abogado debía conocer por su formación. “Asistimos al reproche que la propia Universidad formula a la alumna denunciante por ser una ‘mala víctima’”, advirtió.
En esa línea responsabilizó a la Uader de “revictimizar” y de incumplir con la perspectiva de género: “Hay un claro abuso institucional y nula consideración para mi persona, donde se exige y reprocha a esta alumna”.
El derecho a un proceso con transparencia
En marzo de 2018 se conocieron las primeras denuncias contra el docente Conrado Astudilla, acusado de abuso y de acoso. En total fueron tres las alumnas que tramitaron su reclamo y acumularon denuncias en el expediente. Ese mismo mes se dispuso el apartamiento y suspensión provisoria del profesor. Posteriormente, se resolvió la apertura sumaria de información.
La primera denuncia se había presentado en 2014. Después del inicio formal del juicio académico, en noviembre se realizó la indagatoria a Astudilla, y desde ese momento el proceso avanza a paso lento.