Cambio de concesión de la Autovía 14 postergada seis meses

Solo un par de horas después de que el titular del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, anunciara en LT 15 que en el transcurso de esta semana la empresa del estado Corredores Viales se haría cargo de la Autovía 14, se conoció que la Justicia resolvió prorrogar la administración de Caminos del Río Uruguay por seis meses más debiendo cumplir una serie de condiciones.

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La Autovía 14 aún no pasa a manos de Corredores Viales.

Todo inició a principios de este año cuando Caminos del Río Uruguay, encargada de la administración de las rutas 14, 18 y 174, llamara al Concurso Preventivo de Acreedores, en el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 9.

Tras esta decisión, Vialidad Nacional había anunciado que una empresa del Estado se haría cargo de las tres rutas que se encuentran en un estado crítico por falta de mantenimiento. Además fue ratificado por Daniel Koch este martes 24 de octubre en los micrófonos de LT 15 anunciando: “En los papeles a fines de esta semana le corresponde hacerse cargo a Corredores Viales. El 51% de la composición de Corredores Viales es de Vialidad Nacional, depende de Gustavo Arrieta y la administración está a cargo de Gonzalo Atanasof”.

Sin embargo, este miércoles 25, se conoció una decisión del juzgado donde se define “admitir la medida de no innovar” y se resuelve “prorrogar por el plazo de seis meses a partir del 31 de octubre del 2023 el contrato de concesión de Obra Pública para la mejora, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración del Corredor Vial N° 18”, que comprende la Ruta Nacional 14 y la Ruta Nacional 12 y se le fue otorgado el 26 de septiembre de 1990″. Por lo que Caminos del Río Uruguay continuará al frente de las mencionadas rutas por medio año más.

Esta decisión viene acompañada de ciertas condiciones que la empresa debe cumplir con un “informe cada 30 días sobre el destino dado a los fondos percibidos, a fin de posibilitar el debido control de la sindicatura e información del tribunal”. También se estableció el deber de la sindicatura de “controlar tanto la información suministrada por la concursada, como el destino de los fondos ingresados como resultado de la explotación de la concesión”.