Buscan convertir la educación vial en una política de Estado con formación obligatoria en las escuelas

Diputados del bloque Juntos por Entre Ríos presentaron en la Legislatura un proyecto de ley que busca transformar la educación vial en una política pública permanente y transversal. La iniciativa propone crear el Programa Provincial Integral de Educación, Cultura y Seguridad Vial, con aplicación obligatoria en todos los establecimientos educativos de la provincia.

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El proyecto fue impulsado por el diputado Lenico Aranda y cuenta con el acompañamiento de Silvio Martín Gallay, Gabriela Lena, María Elena Romero, Juan Manuel Rossi y Noelia Taborda. La propuesta apunta a complementar el marco jurídico vigente y establecer una estrategia sostenida de formación ciudadana vinculada con la prevención de siniestros y la convivencia en la vía pública.

Según el texto presentado, el programa tendrá como objetivos la protección de la vida, la promoción de una movilidad segura y responsable y la prevención de hechos viales. La educación vial dejaría así de ser abordada como un contenido aislado para incorporarse de manera transversal al Sistema Educativo Provincial.

Formación en todos los niveles

Uno de los principales puntos de la iniciativa establece la obligatoriedad de implementar el programa en todos los establecimientos educativos, tanto de gestión estatal como privada, que dependan del Consejo General de Educación.

Los autores plantean, además, un cambio en la manera de abordar los hechos vinculados con el tránsito. El proyecto utiliza el concepto de “siniestro vial” y lo define como un hecho dañoso producido con motivo o en ocasión del tránsito, evitando atribuir su ocurrencia exclusivamente al azar.

En los fundamentos se sostiene que los siniestros viales pueden prevenirse mediante políticas públicas que combinen educación, infraestructura segura, controles, información y responsabilidad compartida entre los distintos actores de la sociedad.

La propuesta también contempla la participación de municipios, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores vinculados con la movilidad, con el objetivo de ampliar el alcance de las acciones y generar una estrategia coordinada en todo el territorio provincial.

Un observatorio para medir resultados

Otro de los ejes del proyecto es la creación del Observatorio Provincial de Educación y Cultura Vial. Se trataría de un organismo técnico permanente encargado de producir información, evaluar las políticas implementadas y formular recomendaciones.

Entre sus funciones estará la elaboración de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos por el programa. Además, deberá confeccionar un informe anual que será remitido al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial.

La intención es que la política de educación vial no quede limitada a actividades aisladas, sino que pueda ser evaluada a partir de resultados concretos y de información actualizada sobre la movilidad y la seguridad vial.

Actualización del marco vigente

Entre los fundamentos de la iniciativa se plantea que, después de dos décadas de vigencia de las principales normas vinculadas con la educación y seguridad vial, resulta necesario actualizar las políticas públicas frente a los cambios registrados en la movilidad.

En particular, se menciona la incorporación de nuevos medios de transporte y micromovilidad, como las bicicletas y los monopatines eléctricos, que modificaron la dinámica de circulación en las ciudades.

El proyecto sostiene que el desafío es avanzar hacia una provincia con una movilidad “más segura, solidaria y responsable”, colocando como prioridad la protección de la vida humana, publicó APF.

En caso de ser aprobada por la Legislatura, la nueva norma entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.