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Juicio Abreviado

Sobreseyeron a la última acusada que faltaba juzgar por las afiliaciones truchas

La única persona que no había solucionado su situación el año pasado ante la Justicia demostró su inocencia ante la fiscalía.

Domingo 16 de Febrero de 2020

Llegó a su fin la causa por las afiliaciones truchas al partido vecinal Construcción Ciudadana. Una condena, cuatro suspensiones de juicio a prueba y un sobreseimiento.

En octubre del año pasado, tal cual publicó UNO, cinco de los seis imputados eligieron resolver su situación ante el Poder Judicial, mientras que una joven siguió reclamando por su inocencia y así logró demostrarla la semana pasada cuando la fiscalía y la defensa le solicitaron a la jueza de Garantías Paola Firpo en común acuerdo el sobreseimiento.

La joven pudo probar que solo estuvo vinculada a la agrupación política por una relación amorosa con una de las personas que pertenecía a dicho espacio político. Además demostró que no tuvo nada que ver con las afiliaciones y que renunció en mayo de 2018 al partido político.

La jueza Firpo aceptó lo acordado entre las partes y dictó el sobreseimiento de la joven imputada. De esta forma la causa se cierra en el ámbito penal.

La historia

En octubre del año pasado en juicio abreviado Marta Josefina Sagemüller terminó reconociendo que falsificó firmas para conseguir los avales y aceptó ser condenada a un año y siete meses de prisión condicional, mientras que otros cuatro imputados se acogieron a la suspensión del juicio a prueba, beneficio que en caso de cumplir sin problemas no deja antecedentes penales.

Ese acuerdo fue celebrado por el fiscal Juan Malvasio y el defensor Pedro Fontanetto D’Ángelo quien representó a la imputada Sagemüller, y a Germán Enrique López Segura, Pablo Gabriel Rezzet, Hugo Oscar Villagra, mientras que a Gonzalo Juan Pablo Aragonés lo patrocinó Andrés Bacigalupo.

Saguemüller era presidenta de la vecinal Parque Urquiza cuando tuvo la intención de conformar un partido político.

La esposa del exasesor de la Municipalidad de Paraná, Eduardo López Segura, reconoció que terminó cometiendo un delito.

El hecho que se le atribuyó a Sagemüller fue que en el marco de las actuaciones tramitadas ante el Tribunal Electoral de Entre Ríos, causa 16886, caratulada Construccion Ciudadana s/ reconocimiento como partido político municipal de Paraná, junto a López Segura, Rezzet, Villagra y Aragonés falsificaron y/o hicieron uso de las firmas de Venus Caminoa, Fabián Boleas, Silvia Sosa, Alejandro Vera, María Alicia Zaccagnini, Fidel Alberto Detorres, Graciela Mónica Casanova, Ramón Oscar Ortega, Mario Ulises Cuenca, Eva Jorgelina Tomé, Nahir Tovani, Andrea Ayelén Gómez, Clelia Feliciana Mendoza, Esther Parra y Hernán Prado en las planillas presentadas ante el mencionado Tribunal con la finalidad de obtener reconocimiento definitivo como partido político.

El hecho atribuido a Sagemüller encuadra en el delito de Falsificación y Uso de Documento Público Reiterado, en calidad de autora material.

Durante la tramitación de la Investigación Penal Preparatoria se probó que las afiliaciones de Boleas, Caminoa y Vera eran falsas, debido a que funcionarios del Tribunal Electoral se entrevistaron con estas personas y desconocieron las firmas en las afiliaciones. Además en la IPP se estableció que había otras 16 firmas apócrifas.

La investigación fiscal pudo acreditar con la documentación aportada por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que la imputada Marta Josefina Sagemüller revestía el cargo de presidenta de la junta promotora para conducción del partido hasta su total organización y obtención del reconocimiento. Asimismo, se probó que la imputada tenía como función la certificación de las fichas y afiliaciones para la construcción del partido político.

Sagemüller aceptó cumplir la pena de un año y siete meses de prisión de cumplimiento condicional, por considerarla coautora penalmente responsable del delito de Falsificación y Uso de Documento Público Reiterado. Asimismo, se acordó como reglas de conducta las siguientes: prestar tareas comunitarias por el término de dos años con un total de 96 horas anuales en un establecimiento que acordará la encausada con la Oficina de Medios Alternativos y no mudar domicilio sin autorización judicial. López Segura, Rezzet y Villagra se acogieron al beneficio de la probation por un año y siete meses, mientras que Aragonés firmó por dos años de suspensión de juicio a prueba.

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