Miradas
Lunes 01 de Octubre de 2018

Ni aunque fuera una broma

En la Justicia Federal de Paraná se investigan amenazas de muerte a un juez y a un periodista y nadie se ha escandalizado.
Tal vez por las lógicas suspicacias que hace tiempo se generan alrededor de las causas judiciales que salpican o implican al intendente Sergio Varisco, en este caso hemos tardado en reaccionar y plantarnos ante un hecho muy grave.
Según las denuncias, el juez federal Leandro Ríos y el periodista Daniel Enz, director de la Revista Análisis, recibieron llamados telefónicos (con cinco minutos de diferencia entre uno y otro) donde un desconocido les dijo que si seguían adelante investigando y denunciando a Daniel Tavi Celis, les iban a poner una bomba.
Lamentablemente, esto tardó en darse a conocer. Salió a la luz recién la semana pasada, cuando efectivos de la Policía Federal llegaron a la Municipalidad de Paraná y secuestraron el celular del intendente Sergio Varisco y su hija Lucía, quien se desempeña como su secretaria privada.
En la investigación de las amenazas, advirtieron que la línea desde la cual se hicieron los llamados pertenecería a la flota de teléfonos de la Municipalidad. Además, entre los dos llamados, desde la misma línea llamaron a Sergio y a Lucía Varisco. La funcionaria también habría sido intimidada con un mensaje similar. Por esto, según se señaló, el procedimiento de la Policía Federal tuvo como objetivo el secuestro de sus celulares, para determinar el origen de las amenazas. También buscaron el teléfono desde el cual se efectuaron los llamados, pero no lo encontraron.
Cualquiera que sea la intención detrás de los extraños llamados de tenor mafioso, no se deben naturalizar.
Debe investigarse si tal delito fue obra de un loco suelto o si se trató de una joda como las amenazas de bomba en los secundarios; si fue una jugada política pergeñada para perjudicar al intendente, o el manotazo de ahogado de una banda que pierde poder. Y al determinarse los responsables, sancionarlos.
Pero mientras tanto, hay que plantarse para que ni en broma se piense atentar contra un juez y, sobre todo, un periodista. Después hablamos cómo le cae cada uno a cada cual.
En los últimos meses hubo ataques a balazos contra funcionarios judiciales por parte de la banda narco en Rosario. Si en este caso las amenazas surgieron realmente desde entorno de Celis, no sería la primera vez que delincuentes locales buscan importar esos métodos. Desde los primeros ataques sucedidos en Rosario, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más las asociaciones que nuclean a jueces y fiscales, los colegios de abogados, todos salieron en bloque a repudiarlos públicamente.
En Paraná, en cambio, todavía aturde el silencio, salvo excepciones. En el ámbito periodístico, somos muy lentos a la hora de apoyarnos, y no falta el alcahuete que actúa como el enemigo. Acá todos proceden en forma corporativa o sindical: políticos, policías (lo demostraron recientemente), jueces, colectiveros, médicos. Nosotros andamos sueltos. Ni aunque fuera una joda debemos dejar pasar una amenaza.

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