Mapuches: otras y más nobles misiones

“Terroristas”, “okupas”, “maputruchos”, son algunos de los términos con que se han expresado algunos dirigentes para reclamar la intervención de las fuerzas armadas en el caso de los mapuches de Villa Mascardi.

La lof Lafken Winkul Mapu tiene procesos judiciales federales iniciados por usurpación de tierras de Parques Nacionales en el Nahuel Huapi y varias causas abiertas por violencia contra pobladores y delitos contra la propiedad en la Justicia provincial. Sin embargo, en el procedimiento ordenado a fines de septiembre por el Gobierno nacional solo detuvieron a mujeres y niños, y no encontraron arma alguna.

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Al respecto, desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconocen que, si bien hubo ataques incendiarios y acciones violentas, estuvieron a cargo de grupos radicalizados que ni las propias comunidades mapuches reconocen.

“Si a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día”, aseveró hace pocos días la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien cuando estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad, durante el gobierno de Mauricio Macri, no resolvió nada, engendró más violencia y se fue del sur dejando dos muertos. La frase conlleva una carga simbólica muy violenta ya que equipara a los narcos rosarinos con las comunidades mapuches del sur.

El conflicto con los pueblos originarios presentes en el país, es muy complejo y de larga data como para simplificarlo pidiendo “bala” o enraizando el discurso del “terrorismo”. Esta estrategia solo le sirve a los que quieren deslegitimar el reclamo de estas comunidades.

La Ley 26.160/06 declaró la emergencia en la posesión y propiedad de las tierras que ocupan todas las comunidades indígenas, suspendió los desalojos y ordenó un relevamiento jurídico catastral sobre el dominio de los territorios. El plazo se prorrogó varias veces porque, en más de 15 años, no hubo voluntad política para terminar la tarea. Esta norma se sancionó en base al artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

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La última prórroga de la Ley fue en noviembre de 2021, a través del decreto 805/21 y se pospuso hasta 2025. Pero esta disposición es endeble ya que puede ser modificada por otro decreto, por lo que el Estado no estaría garantizando la vigencia de la emergencia territorial de unas 1.760 comunidades indígenas, de las cuales 1.015 (57,6%) no cuentan con el relevamiento sin el cual, se quedarían sin garantías legales y hasta podrían ser expulsadas de sus territorios, según informe del INAI.

Con este dato y solo echando un vistazo al mapa de los conflictos pueden verse las hilachas de la feroz campaña antindígena de los últimos tiempos. Por ejemplo, hay disputas territoriales en Añelo (Vaca Muerta); en Santa Rosa, Leleque, Chubut (territorio apropiado por Benetton); el Lago Escondido (cerrado por el británico Joseph Lewis, amigo del expresidente); en paraje Tanques, Collanboy y Quillaques, en Jujuy, donde avanzan los proyectos de las mineras.

Desde la Campaña al Desierto hay una grieta entre los que la consideran una bisagra en la modernización del país y quienes la ven como un verdadero genocidio. Como tantas dicotomías que pueblan el ser nacional argento, según del lado desde el cual se lo mire, estas tierras están “usurpadas” o están “recuperadas”.

Estigmatización, criminalización del reclamo, violencia simbólica de los formadores de opinión, ausencia del Estado y falta de políticas respetuosas de las identidades, son hoy la moneda corriente. Pero la resolución de este conflicto solo tiene un camino y es de carácter político, con la Constitución en la mano. Las Fuerzas Armadas tienen otras y más nobles misiones.