Desde 2015, y con tristes estadísticas de vidas malogradas, el movimiento #NiUnaMenos fue protagonista político por excelencia en las calles, ganó espacios institucionales y logró avances legislativos en materia de género. Al calor de esa primera y masiva movilización se dictaron leyes como la de Paridad de Género en ámbitos de representación política, que establece la conformación de listas de candidatos con mujeres y varones intercalados para garantizar la equidad (Nº 27.412/2017); la de reparación económica a hijos e hijas de víctimas de violencia, llamada Ley Brisa (Nº 27.452/2018); la de capacitación en género obligatoria para agentes del Estado, conocida como Ley Micaela (Nº 27.499/2019); la de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) (Ley 27.610/2020), entre otras.
Los derechos épicamente conquistados
Por aquellos días, la presión social de #NiUnaMenos también empujó al Estado a registrar estadísticas oficiales sobre violencia de género y femicidios, que desde 2015 solo llevaba adelante un organismo social, la Casa del Encuentro, que registraba los casos publicados por los medios.
En diciembre de 2019 se creó en Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyos antecedentes fueron el Consejo Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, este último creado en 2017 (Decreto Nº 698) como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social cuyo objetivo era diseñar políticas para la implementación de la Ley 26.485/2009, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones.
En septiembre de 2020, el decreto 721 estableció el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero, que intenta reparar la desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto al colectivo. Ya en 2021 una Resolución ministerial, la Nº 1.531/21 presentó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).
Tanto estas leyes como las políticas públicas mencionadas, significaron un gran avance en materia de género. Pero, a pesar de todos los esfuerzos y las buenas voluntades, en lo que va de 2023 se cometieron 99 femicidios en Argentina, cuatro de estos en Entre Ríos, lo que pone en evidencia el camino que aun falta por recorrer, sobre todo en la aplicación de las leyes con perspectiva de género por parte del sistema judicial, en las asignaciones presupuestarias y de recursos, en el espacio político que se sigue mezquinando a las mujeres y disidencias y, sobre todo, en el esperado y lento cambio cultural.
Fueron importantes conquistas. Pero, la buena voluntad no es suficiente, se necesitan fondos, capacitación, planificación, gestión. Las políticas públicas en contextos de crisis y desigualdad social, tienen mucho de voluntarismo. Algunas se pierden en laberintos declamativos y retóricas oportunistas mientras las víctimas reclaman Justicia o se intenta sobrevivir y mantener a flote a una familia.
Al primer grito de hartazgo contra la violencia machista, las consignas se fueron sumando, amontonando y extendiendo a otros planos como la distribución equitativa de los ingresos y de las tareas de cuidado o las exigencias de vivir en un ambiente sano y sustentable, entre otras tantas reivindicaciones.
Este #3J, a ocho años de aquella histórica movilización, mujeres y disidencias marcharon bajo la consigna “#NiUnaMenos, unidas contra la derecha” para oponerse al avance de esos actores políticos que sustentan discursos de odio y forman parte de un movimiento que promete arrasar con todos los derechos épicamente conquistados.
