La trampa del sentido común

Como era de esperar, la decisión del gobierno nacional de modificar la reglamentación del uso de armas de fuego por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad federales mereció fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas; pero al mismo tiempo encontró una fuerte manifestación de apoyo de parte de ciudadanos y ciudadanas que se montan sobre el sentido común para justificar la habilitación de lo que hasta ayer estaba prohibido.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que la Resolución N° 956/2018 "quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior". Ejemplificó que, en la práctica, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente. De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes. Asimismo, el CELS advirtió que la amplitud de situaciones que son caracterizadas como de "peligro inminente" habilita el uso de la fuerza letal contra personas que están huyendo o que forman parte de un grupo en el que hay una persona armada. En algunos casos, los policías podrían saltearse garantías tan básicas como el principio de inocencia, porque se otorga la posibilidad de disparar a personas que los policías apenas suponen que podrían haber cometido un delito y se estén dando a la fuga. Ni siquiera la posibilidad de que mueran personas inocentes por este accionar policial impidió que muchas personas hicieran conocer su satisfacción con la resolución, sobre todo en las redes sociales y en los comentarios que los usuarios suelen hacer al pie de las noticias. Aunque no se trata de una muestra que pueda ser tenida automáticamente como lo que piensa la mayoría de la gente, sí es lo suficientemente masivo como para resultar preocupante. Como es habitual, muchas de las opiniones resultan apologéticas de delitos gravísimos como el asesinato, otras son impulsoras de la pena de muerte –inexistente en la legislación argentina– y la gran mayoría, estigmatizantes y discriminatorias.

Comentarios escritos en la página de Facebook de Diario UNO: "Cagaste motochorros y delincuencia mixta se te terminaron los DDHH AJAJAJA"; "Bien perfecto!!!! Que la policía pueda actuar sin el miedo de comerse un sumario o perder el laburo o peor, ir preso o muerto. Una voz de alto y a la segunda plomo!!! El que se da a la fuga es un delincuente, una persona honesta no se da a la fuga..."; "Está bien, x fin los policías van a tener más derecho que un chorro!!"; "Por fin!! Espero que tengan puntería y le tiren a la cabeza así se limpian las calles"; "Por fin mano dura. Esto es cualquiera, te matan por nada. Entre la vida de un delincuente y una persona de bien, me quedo con la de la última"; "Al fin una buena. Hay que de una vez cagarlos a tiros a estos roñosos". Y así en un largo etcétera.

El Gobierno sigue esta misma línea de pensamiento con su resolución, en una estrategia por conseguir votos por vía de la mano dura contra la inseguridad, ante la ausencia de resultados mostrables en su política económica. Pero al mismo tiempo, ese sentido común es configurado por las construcciones discursivas que el mismo Gobierno pone a circular, tanto en boca de la ministra Patricia Bullrich y del propio presidente Mauricio Macri, como desde los medios de comunicación y comunicadores aliados que reproducen los mismos sentidos. El problema es que esto termina legitimando prácticas contrarias a las leyes, a los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional y a los derechos y garantías elementales, la dignidad de las personas, el trato humanitario, el ya dicho principio de inocencia, el derecho a un juicio justo e imparcial y otro largo etcétera.