La insoportable levedad de la planificación urbana

Inconstancia, ligereza, liviandad, términos a los que recurren especialistas en análisis urbanos para describir territorios donde la falta de una estrategia colectiva de consensos no logra determinar rumbos claros para una comunidad.

Esa mirada bien puede asociarse a lo que ha venido ocurriendo en las últimas dos décadas en Paraná. Idas y vueltas en algunos temas de carácter urbano, irresolución crónica e histórica en otros ha llevado a que lo informal y hasta a veces lo ilegal sean las dos caras de una misma moneda. O que la libre interpretación lleve a conceptos particulares sobre cómo intervenir y actuar en los espacios públicos y/o privados. Lo sucedido en torno a los barrios cerrados es ni más, ni menos, una muestra más de ello. Cinco años atrás se prohibieron por unanimidad; ahora fueron rehabilitados.

Sin siquiera evaluar lo más adecuado o correcto, el hecho expone la dificultad no solo de autoridades de turno y anteriores –sean oficialismo u oposición–, sino de poder constituir definitivamente un ejercicio y concepto de comunidad.

No se trata de una grieta ideológica –más allá de que en los fundamentos de las posturas sobre los barrios cerrados subyacen criterios políticos–, donde unos ven exclusión y segregación social, y otros, incongruencias legales, sino de una histórica y permanente dificultad demostrada por las autoridades a lo largo de casi dos décadas. Sin respaldos técnicos ni sociales, las cuestiones urbanas son presa fácil de las presiones corporativas e intereses sectoriales.

La planificación urbana es, básicamente, la regulación del uso del territorio. Y es lo que ha venido fallando sustantiva y prolongadamente en Paraná. El último vasto trabajo colectivo fue el Plan Estratégico de Paraná (Pedep), realizado a fines de los años 90. Si bien se puede criticar que mucho o poco finalmente no se cumplimentó, allí quedaron los grandes rasgos de una estrategia pensada de acción urbana consensuada.

La discusión sobre los barrios privados o cerrados tiene grandes similitudes con el viejo anhelo de desarrollar el gran borde costero que la ciudad tiene, pero no puede utilizar. Con la definición del Código Civil y Comercial, a partir de 2015, el denominado Camino de la Sirga pasó de 35 a 15 metros del espacio público ribereño. Fue un grave retroceso jurídico, y una violación al principio ambiental de progresividad y de no regresividad. Sin embargo, la norma nacional autorizó a que provincias y municipios adecuen ese metraje. Luego de algunas expresiones y deseos años atrás –que UNO hizo eco de distintas entidades–, finalmente nadie intentó activar una legislación que recupere y haga cumplir esos 35 metros libres; tampoco empezar a planificar de qué forma se puede restituir para el uso público kilómetros de franjas costeras hoy ocupadas por clubes o intrusadas para viviendas.

Ocurre algo parecido con el predio del exhipódromo. En una decisión sin discusión social, hace más de 10 años se decidió autorizar y disponer todos los cambios en normativas pertinentes para que se instale un shopping. Una década después, sin obras y con el abandono empresarial, el lugar fue apropiado como uso público y recreativo de la comunidad. Frente a ese nuevo fenómeno colectivo, hubo coincidencias unánimes para avanzar en su expropiación desde hace tiempo como una autoría de la exdiputada provincial María Emma Bargagna. Lo anunció el año pasado el intendente Sergio Varisco, y lo avaló con una iniciativa similar la concejala Cristina Sosa (FPV). Tampoco hubo avances.

Las dificultades para definir criterios de convivencia y rumbos urbanos queda expuesta también, permanentemente, en torno a la construcción de edificios. En todos estos últimos años, desde la explosión de la edificación en torres no se ha podido definir zonas para este tipo de emprendimientos bajo determinados criterios de calidad ambiental, paisajística y de vida; y el resguardo de otras áreas urbanas que preservan la identidad de una comunidad.

Frente a esa indecisión, cada vez más la Justicia se ha hecho eco de demandas de vecinos, por cuestiones urbanas. Sin la sociedad como factor de presión para marcar rumbos, siendo partícipe de estos debates, resulta difícil resolver conflictos de intereses o diseñar estrategias urbanas a largo plazo. Mientras tanto, las incoherencias e inconsistencias seguirán dominando la planificación urbana.