La inflación de los alimentos y la soberanía alimentaria

El miércoles se conoció el nuevo dato de la inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): en mayo fue de 7,8%; la variación interanual escaló a 114,2% y la acumulada en el año llegó a 42,2%. Si bien el aumento de precios fue menor al del mes anterior por primera vez desde noviembre y se quebró así la curva ascendente, la situación sigue siendo muy grave. No hay nada que celebrar.

Como se sabe, donde más golpea la inflación es en los alimentos. En el caso particular de mayo, no fue lo que más aumentó, sino que lo fue la división “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” (11,9%), producto de la suba de tarifas en los servicios de electricidad y gas, un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero sí viene siendo lo que más daño hace a los bolsillos, razón por la cual ir a hacer las compras es desde hace tiempo un verdadero suplicio. Con respecto a mayo del año pasado, en la región pampeana –donde se encuentra Entre Ríos– los alimentos subieron 117,4%, es decir, más que la inflación general. Lo que más aumentó fueron las verduras (196,4%); seguido de las frutas (170,4%); el azúcar y golosinas (151,1%) y la leche, lácteos y huevos (131,7%). Datos oficiales del Indec.

La consecuencia más nefasta de este proceso inflacionario no es que a la clase media le cueste cada vez más llenar el changuito, lo cual es un montón. Lo peor es que cuando los precios suben cada día, cada día una nueva familia directamente no puede comprar para comer. Se dirá que hay contención del Estado, lo cual es cierto: no es una característica de este Gobierno la ausencia estatal, a diferencia del anterior. Pero aun así, cuando llega el aumento de la Asignación Universal por Hijo, de las jubilaciones, los salarios y de cada ayuda oficial, la inflación ya hizo su daño. Además, como ya se ha publicado en estas páginas y como aparentemente alguna vez dijo Juan Perón, los sueldos suben por la escalera, mientras los precios van por el ascensor.

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La presencia del Estado está también en la asistencia a los comedores barriales, que las organizaciones sociales suelen denunciar como insuficiente, y en los comedores escolares que llenan por un rato la panza de los gurises y las gurisas.

Sin embargo, lo que se debe atacar es el problema de fondo. Argentina es un país netamente agroexportador, que exprime sus recursos naturales, produce alimentos para millones de personas –se dice que para 400 millones, dato difícil de chequear– y, no obstante, tiene 39,2% de pobreza y 8,1% de indigencia al segundo semestre de 2022. Esto significa que hay 2,4 millones de personas indigentes, que no reúnen ingresos suficientes para comprar comida. La última canasta básica alimentaria medida por el Indec costaba $94.148 para un hogar de cuatro personas y el miércoles se conocerán los valores de mayo que tendrán un nuevo incremento.

No es novedad que dentro de lo que ahora se denomina Unión por la Patria hay miradas contrapuestas acerca de cómo revertir esta situación. Alberto Fernández no abandona el mantra macrismo-pandemia-guerra-sequía como diagnóstico. El kirchnerismo le agrega a eso la crítica a la renegociación cerrada por Martín Guzmán con el FMI y la debilidad para poner límites a los oligopolios que forman los precios. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se cansa de hablar de la restricción externa –falta de dólares– y de la necesidad de acordar una solución para el carácter bimonetario de la economía. Ahora hablan en la coalición de la necesidad de acordar un programa de gobierno para resolver el problema en el caso de que ganen las elecciones. Más vale tarde que nunca.

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Parece que no tiene nada que ver con esto: esta semana Entre Ríos aprobó la consagración como Área Natural Protegida de la granja La Porota, de La Picada. Es uno de los muchos establecimientos agroecológicos que persiguen los principios de la soberanía alimentaria y sueñan con cambiar la matriz productiva del país. Tal vez haya que escuchar más a estos sectores.