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La corrupción inmoviliza

Sábado 18 de Febrero de 2017

Cada vez más funcionarios públicos están sospechados de cometer delitos de corrupción, de utilizar el Estado para usufructo personal. Observamos, casi inmutables, a hombres y mujeres hacerse multimillonarios tras unos años en la función pública. También están los empresarios que sin haber estado directamente en un cargo se benefician del Estado por sus lazos y aparecen como honestos. En ambos sectores está latente la utilización de lo público para beneficio personal. Esto opera en detrimento de lo Político como actividad destinada a regular, intervenir y hacerse cargo de lo público, delimitando lo que es de interés colectivo de lo que es de interés privado. Tenemos la obligación de pensar en estos límites y fortalecer las instituciones que los señalan con claridad.
Hace pocos días, cuando se hablaba de la posibilidad de la firma de un juicio abreviado entre el abogado del diputado José Allende, sospechado de corrupción, y la Fiscalía, llegó un WhatsApp al Buzón de Mensajes de UNO que invitaba a movilizarse contra ese acuerdo, que, según me informó una fuente fundada, se va a firmar en mayo cueste lo que cueste. Espero que mi fuente se equivoque, porque un abreviado por corrupción será un golpe difícil de digerir para la sociedad. Primero porque es bochornoso el arreglo: devolver un par de casas, un poco de plata e irse a casa sin problemas junto a sus impolutos familiares, quienes no serían molestados por los fiscales. La idea del lector, de hacer una la marcha, no me parece descabellada. En los últimas tiempos, en Entre Ríos hubo muchas movilizaciones, pero ninguna contra la corrupción. El Poder Judicial ha tomado un protagonismo central, pero sin resolver nada. Es más, a veces parece que los jueces y fiscales, en especial en Buenos Aires, utilizan las causas para mantener en la picota al dirigente que puede resultar una amenaza para el gobierno de turno o solo para demostrar que están investigando.
Si bien ahora en Entre Ríos el Código de Procedimientos Penales le pone un límite a esas extensas investigaciones, todavía no hemos tenido un caso testigo para evaluar. Igual hay muchos en movimiento: las denuncias contra la familia Urribarri y Aguilera; contra el diputado Pedro Báez y el extitular de Sidecreer Juan José Canosa. Por ejemplo, la causa contra Allende se viene proyectando en el tiempo. Es injusto para él, porque todos lo tildan de ladrón, y para nosotros, como sociedad, porque en el caso de que se compruebe que robó lo queremos preso y que devuelva los fondos. También pretendemos conocer qué responsabilidad tuvieron Jorge Busti y Sergio Urribarri en el enriquecimiento ilícito de Allende. Conocer cómo fue el modo de operar y cómo pudo ser que un hombre que desarrolló actividades políticas muy cercanas a dos gobernadores se convierta en multimillonario y no lo notaran. La corrupción adormece y sirve para que muchos no hagan nada y solo hablen de ella. Hay que hablar, denunciar y exigir que se investigue. En caso de que no hubiera respuestas, la movilización es una buena herramienta. Y a los gobernantes, más allá de pedirles que sean honestos, hay que exigirles que gobiernen y a la Justicia que investigue, porque sino sucede lo que ocurre hoy, que de lo único que hablan los gobernantes es de la corrupción pasada y mientras tantos nos hundimos un poquito más todos los días. No digo olvido, al contrario, pido que se exija que los casos se esclarezcan porque si no nos pasamos hablando y sin condenas.

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