Miradas
Jueves 15 de Noviembre de 2018

Justicia tortuga

Ella tiene que pedir un día de su trabajo para ir a Tribunales. Llega a las siete y recorre los pasillos preguntando en todas las puertas. Está preocupada porque los horarios de atención de la Justicia coinciden con su trabajo y ese sueldito es lo único que tienen ella y su hijo.

Ella tiene que pedir un día de su trabajo para ir a Tribunales. Necesita asesorarse porque hace tres meses que no le depositan la cuota alimentaria para su hijo. No sabe bien a qué oficina dirigirse. Llega a las siete y recorre los pasillos preguntando en todas las puertas. Está preocupada porque los horarios de atención de la Justicia coinciden con su trabajo y ese sueldito es lo único que tienen ella y su hijo. Dice que tiene mala suerte; su abogado no le atiende los llamados y los mensajes se los contesta dos o tres días después. Está desesperada porque el dueño de la casita con puertas chapa que alquila en la periferia le dijo que la va a desalojar porque le debe tres meses de alquiler. Su exmarido es colectivero. Por un acuerdo judicial la empresa donde trabaja debe descontarle la cuota alimentaria del sueldo y depositarla en una cuenta judicial, pero no lo hace. Hace más de un año que, todos los meses, tiene que presentar escritos judiciales para poder cobrar los "alimentos".
La Justicia multa a la empresa infractora que es "responsable solidaria" en este vericueto judicial; después paga con tres meses de atraso y el siguiente mes todo vuelve a empezar. Opera un nuevo atraso, ella presenta otro escrito, la firma deposita a cuentagotas y pasan otros tres meses de cruel burocracia que no entiende de poner el pan en la mesa, de poder comprar un remedio o cargar la SUBE.
Pero el guión se pone peor, porque se enteró que la empresa le descuenta a su exmarido todos los meses para la cuota alimentaria pero no deposita el dinero en su cuenta judicial. En el camino parece que esos irrisorios 3.000 pesos se deslizan, junto con otros tantos descuentos rascados de los haberes de otros trabajadores, hacia el mercado financiero (hay que entender que estos pobres empresarios la están pasando muy mal desde que el Gobierno no les subsidia los combustibles). Y todo el conjunto huele mucho a estafa y a hijaputez. Y después está el Estado (siempre fuera de tono) que no termina de mover el engranaje de la Justicia garante de esa madre y de ese hijo. En tanto ella peregrina "mendigando lo que le corresponde", se amarga, se desmerece, padece por esos alimentos que no llegan y por la incertidumbre de conservar el techo sobre sus cabezas. Hay muchas como ella.
Si fueron víctimas de violencia antes del divorcio o de la separación lo serán nuevamente porque la Justicia, además de ciega y sordomuda, es lenta y fría. Antes de establecer el juicio por alimentos patrocina una instancia obligatoria de mediación en la que, por esas cosas absurdas de la vida, la mujer debe enfrentarse a su victimario, aún cuando sobre éste pese una restricción, y la balanza se inclina hacia el patriarcado. Una vez cumplida la mediación recién puede iniciarse un reclamo judicial por alimentos, cuando éste debería ser automático.
En el mejor de los casos el empleado está en blanco; la cuota se fija de acuerdo al ingreso o las rentas y la retención se deposita en una cuenta judicial. Pero en tiempos de precariedad laboral y proliferación de cuentapropistas los incumplimientos están a la orden del día. El Código Civil establece que si el empleador no retiene la cuota alimentaria "se hace solidariamente responsable de la deuda del monto que deja de percibir el beneficiario" y en caso de incumplimiento se impone la ejecución forzada (embargos de bienes, astreintes, multas) y hasta la inscripción en el Registro de deudores alimentarios que impide al infractor ser proveedor del Estado o sacar la licencia de conducir, en caso de que el municipio donde viva se haya adherido a la Ley. Pero la letra de la norma depende de la humanidad de las personas que forman parte del engranaje judicial. La mujer pasa una y otra vez por la penosa y humillante situación de tener que obligar al padre a hacerse cargo de la manutención de sus hijas e hijos. La Justicia separa los temas de violencia del pedido de alimentos como si la económica no fuera otra forma de violencia hacia la mujer; y así el Estado ejerce su propia cuota de machismo.
Muchas mujeres no tienen otra manera de mantenerse porque el violento ha tejido en torno suyo la telaraña de la dependencia económica como otra forma de control y dominación y, junto a sus hijos, van acumulando carencias afectivas y económicas. Otras tantas mujeres cabezas de hogar, por miedo o por hastío a estos desgastantes procesos judiciales, prefieren no reclamar; y así, incumplidores, abandónicos y violentos se salen con la suya escapando por la tangente. La Justicia se queda ahí, en su palacio, con la venda en los ojos, el balancín en la mano y esa cara de tortuga que espanta.

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