Griselda Blanco: lo que no se habla del periodismo

El domingo 21 de mayo el país y la comunidad periodística se conmovió ante el crimen de Griselda Blanco, la periodista que fue hallada muerta en su residencia de Curuzú Cuatía, con un cordel atado a su cuello. Desde un principio, se sospechó que este deceso no fue producto de una autodeterminación, sino de un homicidio.

Con el transcurso de los días y la difusión de los primeros resultados de la autopsia, se determinó que el cuerpo de la comunicadora de 45 años presentó signos de estrangulamiento, golpes en su rostro, manchas de sangre y cabellos cuyas fibras no coincidían con las de la víctima, por lo que la fiscalía investiga un crimen violento. Por el hecho fue imputado su ex pareja, el también periodista Armando Jara, quien ratificó su inocencia y se ratificó dicha incriminación.

Rápidamente sus hijos y quien fue su abogada, Silvia Casarrubia, descartaron ambas posibilidades: sospechan de un crimen donde los responsables serían funcionarios policiales de la localidad, a quienes Blanco denunció poco antes de morir. Griselda conducía un programa que transmitía en sus redes sociales llamado “Hablemos Claro” donde informaba sobre diversos temas, pero especialmente realizaba denuncias que no se leían en los principales medios de la localidad.

En el que sería su último programa habló de la muerte de una joven en el hospital Fernando Irastorza de Curuzú Cuatía por una supuesta mala praxis, denunció a un presunto violador y otros sucesos delictivos que ocurrían en la ciudad. Incluso, por contar este tipo de noticias, el 22 de marzo recibió una carta documento por parte de un comisario de aquella localidad que fue denunciado por abuso sexual y en este marco la fiscal, María José Barrero Sahagún, solicitó que la muerte sea investigada por la Policía Federal Argentina.

Si las denuncias resultaran válidas y las autoridades fueran responsables por el deceso de Griselda no sólo estamos frente a un crimen atroz, sino también una preocupante violación al derecho a la libertad de expresión. “Los gobiernos tienen el deber de prohibir aquellos discursos que promuevan el odio e inciten a la violencia pero, abusando de su autoridad, muchos silencian la disidencia pacífica”, dice Amnistía Internacional. Esto lo ratificó Casarrubia a través de su cuenta de Twitter: “Una periodista que denunciaba irregularidades del poder aparece golpeada y ahorcada. Corrientes tiene muchos casos de personas, cuya muerte fue dudosa. Ella (Griselda) pidió ayuda en marzo de 2023”, había manifestado. Asimismo, la abogada difundió varios audios donde su clienta le compartió su preocupación por la persecución de la que era víctima: “Doctora, si me pasa algo, usted debe hacerlo saber”, se escucha decir a Griselda, “Que pase lo que tenga que pasar”. Efectivamente, terminó sucediendo lo peor.

LEER MÁS: La periodista Griselda Blanco intentó defenderse

Cada vez más los periodistas nos encontramos frente a casos de corrupción o irregularidades en distintos ámbitos donde intervienen personas con poder e influencia, lo que dificulta que las personas damnificadas por un hecho específico se animen a hablar o denunciar o, en otros casos, es difícil dar con información clara, precisa y transparente. Como indicaron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el colectivo de Periodistas Argentinas, el crimen de Griselda es “un ataque a la libertad de expresión”, por lo que es clave una investigación honesta, seria y clara que determine a los verdaderos autores y no señalar automáticamente a un sospechoso sin pruebas concretas.

Quienes ejercemos el oficio periodístico nos arriesgamos en cada pieza que se publica, porque entendemos que la importancia de hablar con la verdad, información de calidad y respeto son pilares en los trabajos de comunicación. No sólo se pone en riesgo una carrera y un nombre, sino que en muchos casos existen colegas que ponen en riesgo sus propias vidas para que las personas sepan la verdad.

El crimen de Griselda debería ser el último en su tipo, porque decir la verdad no debería ser motivo para temer por sí mismo y los seres queridos. A poco más de una semana para el Día del Periodista, es vital mantener a viva voz el reclamo por el esclarecimiento de este crimen para que ningún periodista de Corrientes o del país, perteneciente o no a un gran medio de comunicación, autónomo o freelance, sea víctima de ejercer la profesión periodística de forma responsable y comunicar a las personas que tienen el vital derecho humano a ser informados.