En las manos de los jueces

El Tribunal Oral Federal de Paraná tiene en sus manos mucho más que una sentencia. No solo definirá hoy al mediodía la suerte del expolicía Atilio Ricardo Céparo, procesado por el secuestro y las torturas que sufrió una trabajadora durante la última dictadura; también pondrá de manifiesto cuál es el compromiso del Poder Judicial de la Nación, o al menos de los tres jueces que integran el TOF, con la memoria, con la verdad y con la necesidad de que ni los crímenes que indignan a la humanidad ni los hombres y mujeres que los cometieron en nombre de un Estado usurpado, queden impunes.

Céparo no es un imputado más -ninguno lo sería, en realidad, en estas causas- ni el contexto en que se debe dictar sentencia puede pasar desapercibido. Se trata de un imputado que tiene conexiones directas con sectores del poder político y judicial de Entre Ríos. Como se sabe, una de sus hijas es esposa del vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia Emilio Aroldo Eduardo Castrillón –también diputado provincial justicialista durante varios periodos– y otra es jueza de familia de Feliciano, designada a cargo de despacho por estar vacante el puesto. Cuando lo detuvieron era chofer del organismo que integra su yerno. Durante el juicio recibió el apoyo en persona del vicepresidente del STJ, Bernardo Ignacio Ramón Salduna, otrora abogado defensor de víctimas de la dictadura. Desde su celda en la UP1 mantiene comunicación con grupos que defienden a los ejecutores del terrorismo de Estado; inclusive pidió permiso para salir de la cárcel y asistir a una charla que una de estas agrupaciones realizó en Paraná, pero le fue negada la salida. Estos grupos, que desde el 10 de diciembre se sienten habilitados para salir a la luz, dijeron presente en el juicio, con banderas y pancartas, ansiosos por reescribir la historia reciente, reinstalar la teoría de los dos demonios, de la guerra sucia, de los excesos, del "algo habrán hecho" y "por algo será".

El TOF tiene las pruebas en la mano, escuchó a la víctima de Céparo y a otras víctimas y testigos. Saben los jueces Noemí Berros, Roberto López Arango y Lilia Carnero que nadie en su sano juicio puede inventarse víctima del horror, como pretende la defensa. Saben que su veredicto no será solo una sentencia; será la manifestación de que los cambios de época no pueden ser más influyentes que las leyes, los derechos humanos y el compromiso del Estado con la reparación de las víctimas, la sanción que les corresponda a los autores y sus cómplices y la construcción de las bases para que nunca más gobierne el terror para disciplinar y someter a la población a un modelo determinado de país. Y como puede tratarse del primer miembro de la Policía de la provincia condenado por delitos de lesa humanidad, será también un mensaje para que nunca más se encuentre un instrumento de tortura en una comisaría entrerriana. Nunca más un gatillo de 9 mm que se dispare por "error" en la nuca de un gurí a la salida de un boliche.

Este tribunal ya dijo en la causa Harguindeguy que lo que hubo del 76 al 83 fue un genocidio, eliminación de un grupo nacional, como lo fueron las campañas militares para masacrar a los pueblos originarios. Los crímenes de Céparo son los mismos de aquel juicio de 2012: capuchas, Falcon verde, picanas, alaridos de dolor, violencia sin límites, huellas que no cicatrizan ni tienen perdón.