"El divorcio es una poligamia a plazos"

Hasta 1987 Argentina era uno de los pocos países en el mundo donde las personas divorciadas no podían volver a casarse. Fue en ese año que se sancionó la ley de divorcio vincular; sin ella, toda persona divorciada que decidiera encarar una nueva vida con la persona amada podría haber terminado tras las rejas. Suena a cuento medieval, con personas a caballo y empuñando espadas, sin embargo, esa fue la realidad de este país hace solo 31 años. Perón había sancionado una ley que contemplaba el divorcio, pero el golpe del 55 la anuló. Desde entonces las parejas no tenían más remedio que separarse de hecho y formar familias por fuera de la ley, y esa condición derivó en que existieran "hijos de primera", e "hijos de segunda", diferentes ante la ley. En agosto del 86, la Cámara de Diputados comenzó a debatir la ley. Los conservadores se opusieron, la Iglesia Católica operaba para que no se aprobara, también se organizaban marchas vaticinando la destrucción de la familia e incluso las escuelas sacaron a sus alumnos a la calle con globos y banderas argentinas para presionar y lograr que se frenase lo que consideraban "el fin de la familia".

Un artículo de La Nación del año 2010 retoma los discursos de algunos diputados opositores durante el tratamiento de esa ley. "El divorcio, entre otras cosas, aumenta la delincuencia juvenil, en Estados Unidos el 90% de los delincuentes son hijos de padres divorciados", decía un diputado bonaerense; el entrerriano Antonio Gino Cavallaro (PJ), más dramático, advertía: "El divorcio penderá como una espada de Damocles sobre los matrimonios felices". El catamarqueño Vicente Saadi ni siquiera se tomó el trabajo de buscar una cita conmovedora o alguna cifra de un artículo de la Reader's Digest: Saadi buscó fundamentar la "perpetuidad del matrimonio" en su situación personal: "Yo llevo 42 años de matrimonio, y no me arrepiento". Bien por Vicente, mal por los millones de familias que esperaban que el Estado las reconociera legalmente como tal.

La sanción definitiva del Senado ocurrió en junio de 1987. Durante el gobierno de Alfonsín la Justicia declaró inconstitucional impedir el divorcio y después los legisladores ratificaron el derecho de todas las familias a ser libres e iguales. La incipiente democracia empezaba a entender que solo los mismos derechos garantizan la igualdad ante la ley.

Ya bien instalados en el siglo XXI, en Argentina aún existen aquellos legisladores incapaces de legislar para un Estado laico y que, siempre a contramano de la historia, permanecen atados a la opinión de una institución que estuvo contra el divorcio, contra el matrimonio igualitario y, ahora, contra la despenalización del aborto, pero también en contra del uso de anticonceptivos y de la educación sexual en las escuelas. Al comienzo de esta semana, una diputada decía en la radio que legalizar el aborto "insta a las mujeres a abortar en masa", quizás en 30 años más, alguien retome esas palabras para recordarles a los más jóvenes que en 2018 a las mujeres todavía se nos negaban derechos de los más elementales, como decidir libremente sobre nuestro cuerpo. Por estos días Argentina escribe otra página histórica en materia de derechos sociales y en la calle son millones de argentinos los que reclaman a los legisladores que estén a la altura.