Hace poco menos de un mes, días después de la asunción de Javier Milei en la presidencia, nos preguntábamos en esta columna por el destino que siguieron aquellos slogans y frases de campaña que repitió incansablemente cuando era candidato. Se lo escuchó prometer innumerables veces que “el ajuste es inevitable” pero su diferencia con “todos” los políticos que habían gobernado la Argentina era que “esta vez” no iba a pagarlo “la gente” sino “la política”.
¿El ajuste no iba a pagarlo la política? II
El primer mes del gobierno de Milei no es escandaloso sólo en lo institucional, sino que demostró que aquella promesa sobre el ajuste, "la gente" y la política.
Por Ramiro García
7 de enero 2024 · 08:30hs
Milei prometió mil veces que “esta vez” el ajuste no iba a pagarlo “la gente”
Al parecer, una vez que asumió se acordó solamente de la primera parte ese enunciado (lo supuestamente inevitable del ajuste). De la segunda parte, es decir que no iba a sufrirlo la población, se olvidó. O mentía.
En la columna anterior basábamos el cuestionamiento en las primeras 10 medidas de shock de recorte que anunció el ministro Luis Caputo el 12 de diciembre: devaluación del 100%, reducción de subsidios en tarifas de energía y transporte y no más obra pública. De hecho nos preguntábamos en que se iba a convertir, con 100% de devaluación, el desmadre de precios y el robo al bolsillo de los asalariados a través de la inflación al que ya nos venía sometiendo el gobierno de Frente de Todos. Pues lo que vino después confirmó aquel temor. Sí, podía ser peor.
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El DNU y la Ley Ómnibus de Milei, si bien con diferencias, comparten el mismo objetivo principal de desregular todas las áreas posibles de la economía y correr al Estado en la mayoría de los casos de su función de control y mediación entre los usuarios y consumidores (“la gente”) y los vendedores y proveedores de bienes y servicios (“los mercados”).
Es indiscutible que esa función hasta ahora (y desde hace demasiados años) era muy fallida y ausente. Pero la inexistencia total del Estado entre las partes que intervienen en transacciones privadas deja desprotegida a la que tiene condiciones menos favorables y facilita que se imponga (a cualquier precio, en muchos casos) la voluntad, conveniencia y deseo de la parte “más fuerte”.
La respuesta del nuevo oficialismo ante estas disyuntivas es que el mercado “se regula sólo”. Diversos funcionarios en declaraciones públicas proponen a los usuarios y consumidores que su defensa ante los abusos sea “no comprar” el bien o servicio por el que le están cobrando demasiado. O estafando, directamente. ¿Qué clase de solución es esa? Un chiste de los muchos que circulan estos días en las redes sociales sugiere: “No alquilen. Duerman en la calle hasta que bajen los precios”.
Con el retiro de propiedades de la oferta que se vio es tos últimos años con la Ley de Alquileres vigente (mal aplicada desde el Gobierno anterior) quedó en evidencia que muchos dueños prefieren no cobrar nada antes que tolerar un índice objetivo y público entre sus pretensiones y las del inquilino. ¿Van ahora a cobrar menos de lo que quieren con la “regulación sola” del mercado?
La “suelta de precios” del gobierno de Milei augura una inflación de por lo menos 30% en diciembre y está afectando a la mayoría de la población, contra la promesa de campaña del libertario. Ha impactado muy fuerte en alimentos, medicamentos y combustibles, y nada indica que el alza se atenúe con los aumentos de tarifas que provocará la quita de subsidios pregonada desde la nueva administración nacional.
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En defensa de estos incrementos brutales (60% las naftas en un par de semanas, sólo por ejemplo) se escuchan argumentos absurdos o directamente maliciosos, como que sus valores se están acercando ahora a su “precio internacional”. Se dice esto de los combustibles y las carnes, entre otros productos. ¿Por qué debemos pagar los argentinos por bienes que generamos y de los que somos proveedores a nivel mundial, lo mismo que pagan por ello habitantes de otros países, que cobran salarios mucho más altos, y que además nos venden sus respectivos bienes y servicios mucho más caros de lo que los pagan en sus países?
El devenir de las medidas más resonantes y controvertidas del Gobierno, como el DNU y la Ley Ómnibus, está por verse. Ya encuentran muchas resistencias en el Congreso, la Justicia, sindicatos y organizaciones de defensa de consumidores. El destino del país bajo el mando de La Libertad Avanza dependerá, como en todo gobierno, del grado de tolerancia de “la gente” al tremendo ajuste. Ese que Javier Milei prometió mil veces que no descargaría sobre nosotros, los mismos de siempre.