El 24 de marzo y los desafíos de la memoria

Este jueves se cumplieron 46 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Como todos los años, hubo marchas multitudinarias en todo el país. En Paraná se reeditó la tradicional movilización convocada por la Multisectorial de Derechos Humanos, que partió desde el Monumento a la Memoria de la plaza Sáenz Peña y finalizó en la plaza Alvear, donde se encuentra un monolito que recuerda a los entrerrianos y entrerrianas desaparecidos durante la última dictadura. Participaron, como siempre, agrupaciones partidarias, gremiales, sociales, estudiantiles y mucha gente suelta, mate en mano y en familia, que se juntó con otros para caminar porque rechaza el olvido y porque quiere un futuro mejor para sus hijos e hijas.

Durante el día se escucharon expresiones desde casi todo el arco partidario en conmemoración de la fecha, con sus puntos de vista particulares, y casi todos ratificaron su compromiso con el Nunca Más. Fue una jornada en la que se expresó, una vez más, que la democracia y el respeto por los derechos humanos son un consenso mayoritario en el país.

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En este escenario, crece el interrogante por los nuevos desafíos y asuntos pendientes vinculados con el pasado reciente y con la lucha por los derechos humanos. Entre esos pendientes está la profundización de los juicios a los responsables civiles del terrorismo de Estado.

Argentina es ejemplo internacional por el juzgamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Es un país que pudo desandar la impunidad y juzgar a muchos de los responsables –hay 1.058 represores condenados– de esos delitos atroces: 30.000 desapariciones, 500 niños robados, millares de secuestros, torturas, violaciones y abusos. Crímenes éstos que fueron parte del terrorismo de Estado a través del cual se ejecutó el segundo genocidio nacional. El primero fue el de los pueblos originarios. Todo esto fue firmado por magistrados federales en sus sentencias, al cabo de juicios realizados con todas las garantías constitucionales y en tribunales ordinarios. Es verdad jurídica.

El informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicado esta semana deja algunas pistas sobre las cuentas pendientes: el 44% de las causas contra los genocidas todavía está en instrucción, el 10% está a la espera del juicio y el 3% está actualmente en esa etapa. Esto quiere decir que a casi dos décadas de retomados los juicios tras la caída de las leyes de impunidad, son mayoría los expedientes que no tienen sentencia. Además, el paso del tiempo hizo que ya hayan fallecido 1.278 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad y que, entre los detenidos, la gran mayoría tenga arresto domiciliario. A esto se suma que hay causas que ya tienen sentencia pero están paralizadas desde hace años en la Cámara de Casación Penal o en la misma Corte Suprema de Justicia, como lo denunció esta semana la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Dos de esos expedientes son entrerrianos: Instituto Privado de Pediatría (IPP), por robo de bebés, y Área Paraná II, por secuestros, torturas y una desaparición forzada.

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En la etapa actual de las causas de lesa humanidad se observa un incremento del juzgamiento a responsables civiles y no solo militares. En estos momentos son juzgados el empresario Marcos Levín, el exjuez federal Santiago Olmedo de Arzuaga y el expresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Juan Etchebarne, entre otros. La certeza de que se trató de una dictadura cívico-militar debe traducirse en más investigaciones sobre la responsabilidad de empresarios, jueces y dirigentes religiosos. Y a la par de los juicios, el conocimiento de la existencia de un resorte civil de la dictadura debe ir acompañado del esclarecimiento de las intereses por los que se ejecutó el genocidio y de sus consecuencias. La eliminación de toda resistencia a las políticas neoliberales fue el objetivo buscado y eso es lo que todavía hoy está en disputa.