En las últimas semanas hubo dos hechos de amenazas e intimidaciones que tuvieron como víctimas a un investigador policial y a un periodista. Sucesos muy graves para la vida institucional y democrática, que no tuvieron el mínimo eco en las voces oficiales y opositoras de la entumecida vida política e institucional de Entre Ríos. Hechos que, si hubiesen tenido como blanco a funcionarios judiciales, legislativos o del gobierno, habrían desatado una catarata de repudios, expresiones de solidaridad y medidas de seguridad.
Amenazas y un inquietante silencio (oficial y opositor)
Tras las amenazas a un investigador policial y un periodista no hubo ni una voz, ni un tweet de funcionarios o políticos expresando repudio ni solidaridad.
Por José Amado
11 de julio 2022 · 10:05hs
El primer hecho ocurrió el miércoles 22 de junio. El jefe de la División Toxicología de Gualeguay se encontró en el parabrisas de su auto un papel con la amenaza: “Estás muerto”, y una rueda tajeada. La investigación no ha logrado identificar a los responsables, aunque todo apunta a la banda que el oficial ha logrado desbaratar a inicios de junio, al igual que otras tantas en los últimos años de trabajo en esa área.
No se escuchó una sola voz del gobierno provincial ni de ningún diputado o senador, sea oficialista u opositor, ni siquiera un tweet expresando cierta preocupación por la situación de que un narco pueda mandar a amenazar a quien investiga a las bandas que causan tanto daño y muerte en la provincia. Se trató de un suceso en el cual el crimen organizado dio un paso que hasta ahora no había dado. Cruzaron un límite que se creía una muralla infranqueable. Y, sobre todo, dejaron un mensaje mafioso. Pero no fue suficiente para que alguien levantase la voz, para que desde el Estado alguien diga “esto no puede pasar en Entre Ríos”.
¿Qué les pasa? ¿Dónde tienen la cabeza? Porque esta amenaza es una muestra del avance del narcotráfico en la provincia, que deja otros episodios menos visibles, como son la violencia diaria y la pandemia de adicciones que deja la droga en gran parte de la población. Evidentemente quienes están en los lugares de toma de decisiones viven en un mundo paralelo.
El otro hecho tuvo lugar en Concordia, donde los conflictos que rodean el negocio de la droga se han desmadrado. El jueves pasado, el periodista de Diario Río Uruguay Juan Ignacio Segovia encontró a su perro con una herida de bala en una pata. Alguien disparó desde afuera de la casa y el proyectil alcanzó a su mascota.
“Pensé que solo pasaba en las películas, pero hoy me tocó a mí. Balearon mí casa en un claro mensaje de advertencia y aviso a mi trabajo periodístico”, escribió en Facebook el periodista que escribe sobre casos policiales y judiciales. La fiscal Daniela Montangie está a cargo la investigación del hecho, que tiene expectante al monitoreo de libertad de expresión del Foro de Periodismo Argentino.
Otra vez, el inquietante silencio oficial y opositor ante un caso que podría tratarse de un ataque al ejercicio de uno de los oficios fundamentales para la vida democrática.
Muy distinta ha sido la reacción del sistema cuando tocaron a alguien del sistema. Por solo recordar algunos ejemplos, una marcha en Tribunales en 2012 pidiendo la libertad de Petaco Barrientos, terminó con condenados.
En 2016, el exintendente de Basavilbaso Gustavo Hein sufrió el incendio del auto en su casa por parte de un hombre que le reclamaba por promesas de trabajo. Hasta el expresidente Mauricio Macri recibió a Hein y habló de “intolerancia”. El autor fue identificado y condenado.
En 2019, el exintendente de Paraná fallecido, Sergio Varisco, fue golpeado por un joven al que le había prometido trabajo durante la campaña electoral. Se multiplicó el repudio y el autor está cumpliendo una probation.
El año pasado, una carta hacia el intendente de Colón, José Luis Wasler, a quien le pintaron el parabrisas del auto, desató un rechazo generalizado.
Hace poco, los defensores de una causas contra el exgobernador Sergio Urribarri, sufrieron un escrache. Tronó el escarmiento del sistema y hasta las máximas autoridades políticas y judiciales pusieron el grito en el cielo.
Pareciera que existen dos realidades paralelas: en una viven funcionarios y autoridades del sistema político e institucional; en la otra, la inmensa mayoría de la población. Y la historia cambia si lass cosas pasan de uno y otro lado de esa frontera.