Adultos mayores y derechos vulnerados

El pasado domingo se conoció una lamentable noticia con la muerte de dos adultos mayores en Concordia, dentro de una vivienda que funcionaba como geriátrico, pero que no contaba con la habilitación correspondiente. Por el hecho fueron detenidos los dos responsables del lugar, que llamativamente tenían antecedentes de este tipo porque hace dos años atrás se les clausuró un geriátrico clandestino en la zona de Villa Zorraquín.

Dos adultos mayores fallecieron en un geriátrico clandestino de Concordia.

Hace poco tiempo atrás un funcionario del área de Inspección General que hace el trabajo de campo me comentaba, con impotencia mediante, lo desgarrador que presenciaba ante sus ojos ver algunos geriátricos no habilitados. El destrato absoluto y el poco sentido de humanidad por parte de estos propietarios, “con tal de ganar plata a costilla de los pobres viejos”, me lo comentaba.

Y lamentablemente en muchos casos con el poco o casi nulo interés por parte de familiares de esos ancianos, ya que los ubicaban en estos lugares, rara vez se preocupaban por su estado de salud y muchos menos de ir a visitarlos.

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Lo que sucedió el fin de semana sin dudas que debe ser un llamado de atención a las autoridades para que más que nunca se deban intensificar las medidas de control y por sobre todas las cosas los castigos deberían ser ejemplificador y por sobre toda las cosas que marquen un precedente. Así se evitará que se repitan estos casos y por sobre todas las cosas, los adultos mayores realmente tengan el cuidado que debe tener cualquier ser humano.

La fiscal de la causa Julia Rivoira precisó que “en 2021 fue otra la manera del cierre de la investigación, en este caso con este desenlace fatal, completamente diferente y más grave es otra la circunstancia”. Y consultada si le cabría alguna sanción al municipio, como ente regulador, respondió: “La gente del municipio que se hizo presente en el lugar no tenía idea que existía, es por fuera de las autorizaciones del municipio, no tendrían responsabilidad de algo que desconocen, además el lugar no tenía ni siquiera un cartel afuera, los vecinos desconocían que había personas mayores al cuidado de dos”.

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Al momento de darse a conocer esta noticia una trabajadora domiciliaria, que prefirió guardar su identidad, se animó a contar que “esto sucede porque no hay controles, porque les avisan cuándo van a controlar, hay alrededor de 22 residencias en la ciudad y podría decirte que quizás dos o tres se ajustan a lo pedido”. Y agregó: “Hay falta de formación de personal que ahí trabaja. Maltrato destrato. Sujeciones químicas (dopan), físicas (atan) y nadie hace nada”.

Y por último indicó: “Pienso, cada 15 de junio levantan la bandera de la Concientización del Abuso y Maltrato sobre las Personas Mayores y son los primeros que lo hacen todo para la foto y nadie hace nada y si hablás te ponen en una lista negra”.

Paradójicamente con lo que sucedió el domingo en esta vivienda que funcionaba como geriátrico, hace un mes publicamos en UNO un artículo relacionado a una reunión que se realizó en Concordia, con el objetivo de buscar cuidar los derechos de adultos mayores. Específicamente se trataba de establecer la implementación de las modificaciones a la Ley 10.932 de Residencias Gerontológicas de Larga Estadía.

En ese encuentro, el director del Hogar Juana Sarriegui de Isthilart, Diego Miño manifestaba sobre la puesta en práctica de la ley: “Quienes trabajamos en residencias de largas estadías creemos que es necesario tener una regulación porque cuando se hace una inspección para generar una habilitación no es la misma que la que se hace a nivel provincial. Con esta ley se podrá trabajar en forma coordinada, articulada para que todos cumplan con los requisitos necesarios para tener una residencia de larga estadía municipal o una residencia de larga estadía sin fines de lucro o con fines de lucro. Hoy en Concordia hay más de 20 residencias, pero la idea es basarse en esta nueva ley”.

Con esta instrumentación se busca que el Estado proteja a nuestros adultos mayores y que permita salvaguardar sus derechos vulnerados. En fin, que sea un veedor de lo que suceda puertas adentro y por sobre todas las cosas que las inspecciones lleguen en el momento oportuno para no tener que lamentar casos similares al que se vivió.