La asociación civil H.I.J.O.S. Regional Paraná presentó el jueves un planteo ante la Cámara Federal de Apelaciones de la capital entrerriana solicitando que el respresor Cosme Ignacio Marino Demonte, procesado en la causa Área Paraná, continué detenido en la Unidad Penal 1 a la espera de la sentencia. Demonte es un exefectivo de la Policía Federal y exPersonal Civil de Inteligencia, acusado de fusilar en plena avenida Ramírez a Pedro Miguel Sobko el 2 de mayo de 1977 y de secuestrar en la Facultad de Ingeniería de la UCA a Victorio “Coco” Erbetta el 16 de agosto de 1976. Ambos militantes se encuentran desaparecidos.
H.I.J.O.S. pidió a la Cámara federal que el represor Demonte siga preso
El expolicía está procesado en la causa Área Paraná por delitos de lesa humanidad. Se lo acusa de participar en la desaparición forzada de dos militantes. La defensa busca su excarcelación.
16 de marzo 2013 · 13:47hs
El memorial –se informó a UNO– fue interpuesto por la abogada querellante en representación de H.I.J.O.S., María Florencia Amore, con el patrocinio letrado de Marcelo Boeykens. Entre los fundamentos, se menciona que existe peligro de que Demonte se fugue en caso de quedar en libertad y obstaculice la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la costa oeste entrerriana durante la última dictadura cívico-militar.
Los querellantes buscan con este texto que la Cámara rechace el recurso extraordinario y de queja interpuesto por la defensa del imputado, contra la resolución del 23 de noviembre de 2012, por medio de la cual se le denegara la excarcelación. El argumento de Demonte es que vencieron los dos años de plazo desde la resolución de su situación procesal.
“Además del contundente cúmulo probatorio obrante en autos que diera lugar al auto de prisión preventiva recaído en contra del encartado Demonte, se continúan concretando a la fecha distintas medidas de prueba, cuyo resultado puede ser determinante para la situación procesal del imputado. También por ello resulta razonable mantenerlo privado de su libertad”, dice el texto de Amore y Boeykens.
Aclaran también que el plazo de los dos años desde el procesamiento firme no es automático para que finalice la prisión preventiva , sino que “ello ha de ser valorado por el juez atendiendo a las distintas circunstancias fácticas del proceso y del encartado”.
Y suman a los argumentos la índole de los delitos investigados (delitos de lesa humanidad), la pena prevista para los mismos (las que superan con creces el máximo de ocho años de prisión exigido), y las circunstancias que lo acompañan: haberlos cometido de un modo tal que les garantice a los ejecutores la impunidad, eliminando pruebas y rastros incriminatorios, consensuando un siniestro pacto de silencio, entre otras, con la intención de eludir su juzgamiento y pena.
Proceso dilatado
La causa Área Paraná, que tramita por escrito y en la que se investigan desapariciones, secuestros y torturas, viene avanzando a paso lento, con marchas y contramarchas, producto de los recursos presentados por los imputados con el fin de dilatar el proceso. Ante esto, los abogados querellantes remarcaron: “Una circunstancia no menor es que uno de los responsables en el aletargamiento de este proceso es el propio encartado Demonte, quién con la cataratas de recusaciones contra los miembros del tribunal viene obstaculizando el normal desarrollo del proceso y el avance de la causa hacia su sentencia. Por tanto no es atendible que por un lado solicite su excarcelación por el paso del tiempo y por otro mediante recusaciones y recusaciones intente prolongar la causa indefinidamente”.